La Cámara de Diputados pedirá informes a la Corte Suprema de Justicia para saber por qué la jueza Mónica Lamperti dejó salir del país al jefe de la barra de Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, y después, cuando fue deportado desde Sudáfrica, se produjo una reacción en cadena: el procurador general Agustín Bassó separó de la causa al fiscal Esteban Franicevich. La Corte ordenó una investigación que pone bajo la lupa a todos los que autorizaron el viaje. Y ahora, la Cámara de Apelaciones de Rosario (Sala 4), confirmó una condena a Bracamonte a dos años y ocho meses de prisión efectiva por "amenazas coactivas" y ordenó su captura. "Pillín" aún no pudo ser notificado de la sentencia, pero uno de sus abogados dijo que se presentaría este fin de semana largo. "Queremos saber por qué la justicia santafesina es tan severa con Bracamonte cuando antes fue tan blanda", dijo el diputado del Frente Progresista, Darío Boscarol, autor del proyecto que apunta también a revisar la actuación de Bassó en el caso.

Boscarol presentó el pedido de informes en la última sesión de la Cámara para que sea aprobado la semana que viene. Y lo fundamentó en un supuesto doble estándar judicial después del escándalo mediático. "Nos llama la atención que ahora la justicia sea extremadamente dura cuando el caso Bracamonte sale a la superficie y que antes haya sido extremadamente blanda para autorizarlo a salir del país cuando tenía una causa abierta" y una condena inminente, dijo el legislador.

"Vamos a solicitar a la Corte Suprema que nos informe si se ha cumplido con todas las normas legales para dejar salir del país a Bracamonte. Cualquier persona sabe que con un proceso penal tiene inconvenientes para salir de la Argentina, pero parece que éste no ha sido el caso de Pillín Bracamonte. Llama la atención que ahora sean tan severos cuando antes fueron tan blandos", insistió Boscarol.

¿Ustedes sospechan de alguna connivencia entre la justicia, la policía y los barras en la provincia? -le preguntó un colega de LT10.

Yo tengo una opinión personal. Por eso, le pediremos informes a la Corte Suprema a los efectos de que se realice una investigación para saber si el fiscal (Franicevich, separado por el procurador Bassó) actuó conforme a las normas. Y si la jueza (Lamperti), encargada de la causa, actuó conforme a derecho -dijo Boscarol. "Pero lo que sí aparece acá como una presunción previa es que no se han tomado las precauciones necesarias en este caso. Me da la impresión de que no se trata con la misma vara a unos y a otros y que en muchos de estos casos, porque el de Bracamonte no es el único caso, se ha actuado con gran liviandad. Eso es lo que uno advierte. Pero vamos a esperar la respuesta de la Corte Suprema", agregó.

El proyecto de Boscarol apunta también al procurador Bassó, que después del escándalo mediático y la deportación de "Pillín" separó a Franicevich de todas las causas que involucren al jefe de la barra canaya. La Corte decidió también abrir una investigación que pone bajo la lupa al fiscal y a la jueza rosarina que autorizó el viaje.

Pero ahora, la Policía busca a Bracamonte porque la Cámara de Apelaciones de Rosario ratificó una condena a dos años y ocho meses de prisión efectiva que le había impuesto en diciembre último la jueza Lurati por "amenazas coactivas".