La composición definitiva de la deuda que deberá afrontar Ñuls se conocerá el año que viene, dado que el órgano fiduciario a cargo de analizar las acreencias, que lidera el contador Ricardo Schneir, pedirá el próximo viernes una nueva prórroga para elevar la documentación a la Justicia. Pero además el expediente leproso se encuentra en el juzgado Civil y Comercial Nº 12, cuya titularidad se concursó recientemente sin que la vacante sea ganada por la actual magistrada subrogante, Paula Sansó. Esto dilata aún más los tiempos judiciales debido a que el cambio de magistrado necesariamente extenderá los plazos que aguardan los dirigentes rojinegros para identificar de una vez el pasivo que dejó la gestión de Eduardo López.

Al órgano Fiduciario de Ñuls, que preside el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Ricardo Schneir, se le vencerá el viernes el plazo para presentar en Tribunales sus conclusiones respecto a la documentación que acercaron cada uno de los acreedores del club. En su informe las autoridades del órgano deben aseverar qué reclamo es legítimo y cuál debe ser desestimado, disposición que luego quedará sujeta a determinación del juzgado Civil y Comercial Nº 12.

Las autoridades del órgano solicitarán una tercera prórroga, ante la gran cantidad de documentación que está bajo análisis contable. De hecho son más de cien los acreedores, quienes en total le pretenden cobrar a Ñuls alrededor de 150 millones de pesos. La petición para extender el plazo de trabajo seguramente será aceptada por el juzgado, lo que reduce considerablemente las posibilidades de conocer la deuda definitiva de la institución antes de fin de año.

Además el juzgado donde se tramitó la convocatoria de acreedores de Ñuls pedida por López en el año 2000 tiene a Paula Sansó como subrogante, dado que quedó vacante tras el fallecimiento del magistrado Rodolfo Bruch. El concurso para cubrir el cargo no fue ganado por Sansó, por lo cual sería inminente el cambio de juez para que asuma el nuevo titular del Civil y Comercial Nº 12.

Sin embargo Sansó impugnó el concurso, instancia que para salvarse por las autoridades judiciales puede requerir hasta un año. Este escenario de incertidumbre que rodea al juzgado corre en detrimento de los intereses de la entidad, que por medio de sus dirigentes pugna por dilucidar el rojo de la tesorería, pero además conocer nombre y apellido de los acreedores reales para luego abrir otra instancia judicial también confusa: negociar el acuerdo de pago de dicha deuda, situación que la ley de Fideicomiso para Entidades Deportivas no puntualiza. Es que a diferencia de la convocatoria aquí no se imponen reglas de negociación para el concursado, por lo cual la dirigencia leprosa bien puede negociar particularmente con cada acreedor, haciendo más largo el camino legal a recorrer para llegar al número final de la deuda.