La escalada de violencia suscitada los últimos días en Central, con dirigentes y entrenador amenazados, logró la reacción a nivel político, con la remoción de un cuestionado comisario, y continuará con un simbronazo en el plano deportivo, donde se tomará la decisión de echar como empleados del club a dos técnicos de las divisiones inferiores sospechados de responder a intereses de un representante de jugadores. Uno de los despedidos será Daniel Riquelme, aquel que sucedió en la dirección técnica del plantel superior a Néstor Gorosito, allá por marzo. Por lo pronto, ayer el técnico que está en el ojo de la tormenta dejó de dirigir la reserva para ocupar cargo en la séptima división, aunque próximamente "se va a tomar una decisión drástica", de acuerdo a lo anticipado por un asesor del club.

Las amenazas con pintadas a directivos y el técnico Carlos Ischia no pasaron por alto en la agenda de la dirigencia. Por el contrario, el problema pasó a ser prioridad para la reducida Comisión Directiva. Y convencidos de que el drama nace en los intereses espurios que riegan barrabravas y representantes, la conducción canaya se decidió a atacar el problema de raíz. Para ello primero se pidió la intervención del subsecretario de Seguridad, Gustavo Peters, que respondió removiendo de la comisaría 9ª a Humberto Lodolini, sospechado de complicidad con los barrabravas.

Desarticulado el vínculo barras-policía, la dirigencia apuntará quebrar la fluida relación que hay entre los violentos y algunos entrenadores de las categorías inferiores, quienes "sugieren" a los padres de los chicos el nombre del representante que debería defender los intereses de sus hijos. De acuerdo a las pruebas, los profesionales que responderían a las peticiones externas son Riquelme y Ernesto Díaz, técnico de la Primera Local. El primero de ellos estaba a cargo de la reserva, hasta ayer, que fue desplazado a séptima división. "Pero se van a tomar otras decisiones en poco tiempo", anticipó un colaborador de la comisión directiva tras la finalización de la reunión celebrada ayer.

Esta determinación, que venía siendo estudiada desde hacía algún tiempo, maduró luego de que directivos y abogados de Central fueron objetos de nuevas agresiones, aunque en este caso con panfletos anónimos como práctica extorsiva.

Tribunales. En el plano judicial, el abogado de los ex directivos, Hernán Martínez, no solicitó, como había prometido, la restitución a la conducción del club de sus clientes. El letrado interpretó que el fallo resuelto días atrás por la Cámara de Apelaciones sobre la caducidad del recurso de amparo presentado por Pablo Scarabino beneficiaba a sus defendidos, pero ayer en el despacho de la jueza Liliana Giorgetti no ingresó pedido alguno de ese tenor.

Por otra parte, la Sindicatura de la convocatoria recibió la documentación donde se detallan los embargos presentados por el abogado del club, Juan José Ubieta, en una suma que llega a 5.464.159 pesos, y que cuenta con el reconocimiento, bajo firma, de los dirigentes removidos por la Justicia. Ahora será la Justicia la que deberá disipar si los honorarios rendidos por Ubieta en carácter de servicios prestados al club son veraces, más aún teniendo en cuenta que el profesional se había comprometido ante escribano a no cobrar dinero alguno por su labor en la institución.