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Hay una condición elemental a partir de la vida y que por sí misma habla de la calidad de una sociedad. Es la libertad de pensamiento y expresión, la de plantearse los puntos de vista que fluyan según las experiencias transitadas, la formación recibida y la información a la que se tuvo acceso y que a menudo da vuelta la matriz original. Está luego el derecho a darlas a conocer. Cuando eso es posible la sociedad incluye, contiene, aloja, pero lamentablemente casi nunca es así y esto tiene que ver con la ecuación que diseñó la propiedad de los medios de comunicación y el uso de las licencias radiofónicas, Justamente, las licencias son eso, permisos, porque las ondas radioeléctricas constituyen un bien finito, patrimonio de la humanidad, que el Estado argentino administra.

La discusión sobre la ley de medios que llegó al Congreso Nacional, de manera tan tardía como importante, tiene en su núcleo las formas de regulación acerca de en qué manos deben estar esas licencias y con qué condiciones debe cumplir quien las esté usando, sobre todo en cuanto a que ese licenciatario no puede acumular todo para sí mismo. Este es el nudo central que volvió locos, desbordó el más mínimo sentido común de las grandes concentraciones multimediáticas, hoy convertidas en una jauría de perros rabiosos. El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual enviado por el Ejecutivo al Congreso sacó a la luz los peores rasgos de lo que supone la concentración y la manipulación, ésa con la que se los argentinos convivimos y que para la mayoría de quienes habitan este país es la posibilidad única con la cual construir una visión del mundo, del lugar en el que vivimos y a veces tomar decisiones.

Esa posibilidad de expresar lo que cada uno piensa y darlo a conocer, tan lejana para tantos sectores de la población a los que sistemáticamente se les expropió, se les negó la palabra, es la que hoy, en la rabia propalada, se limita también para los periodistas con los mecanismos más bajos y también primarios: el autoritarismo y el apriete.

Más que difícil, el oficio profesión de periodista, se ve empañado por quienes desde el rol de operadores comerciales y políticos dificultan ante el público la explicación de que el primer compromiso ético es el trabajo por la verdad. Por eso cuando hablamos de la verdad, de la construcción de la información con la multiplicidad de fuentes que permitan que el lector, oyente, o teleespectador pueda sacar sus propias conclusiones, no hablamos por ellos. No son parte de quienes con mayores o menores posibilidades expresivas ponen todo lo que tienen por buscar, justamente, a todas esas fuentes. Muchos, por más que quieran hacerlo, se ven limitados. "Esto no se dice, de esto no se habla, ni siquiera se menciona", es el precepto más sufrido en las redacciones multimediáticas. El objeto de la prohibición es cualquier opinión, aunque sea tímida, favorable al proyecto de ley en el Senado de la Nación.

Más del 80 por ciento de la población argentina está desinformada por tres o cuatro grupos oligopólicos. Clarín y Uno son los más importantes y frontales. El de la concentración fue un logro importante que tuvo la presidencia de Carlos Saúl Menem, ya que la oprobiosa ley de la dictadura, la 22.285, adquirió sus peores características en democracia y durante el menemato.

El culto por todo lo que puede hacer la línea editorial adquiere -y no sólo por la discusión por la ley de medios , tal exacerbación como si esos mismos medios que muestran y brindan un pensamiento único, jamás plural, no tuvieran responsabilidad social. La responsabilidad social no se cumple y quienes conocen las redacciones por dentro saben que las órdenes bajan tajantes acerca de lo que se habla y de lo que no, de lo que puede mostrarse y de lo que debe ocultarse. Entonces el trabajo se achata, se banaliza y las ganas, la adrenalina que produce el buscar, el mostrar, el competir en calidad, queda en la nada para muchas mujeres y hombres para quienes este trabajo -que puede ser creativo, dinámico y con una función social importantísima-, se recorta para ser sólo aburrido, mediocre, timorato y mentiroso.

Hasta aquí, todo lo dicho es grave, condenable si volvemos al concepto de responsabilidad social de los medios de comunicación, pero adquiere una impronta autoritaria que promueve la reducción al servilismo cuando se pretende que, además, los periodistas renuncien a su conciencia, a realizar el trabajo que saben hacer y, peor aún, cuando funcionarios jerárquicos ya hicieron llegar la "invitación" para que los empleados firmen y digan que están en desacuerdo con el tratamiento de la ley.

Esto ya se hizo. Pero con la libertad de conciencia no deberían haberse metido. El que hubiese estado convencido de esa presión invitación tenía todas las oportunidades de expresarse, pero no deberían haber obligado a quienes no pensaban que la planilla que les ponían delante de los ojos debería ser completada. Ya que los medios siguen en la línea de decir lo que les place aunque no sea verdad, tendrían que respetar el pensamiento y la actitud digna que en todo este tiempo han tenido la mayoría de sus trabajadores, sin prensa que los refleje, sin grandilocuencias, pero con firmeza. Aún cuando la amenaza pone en vilo los puestos de trabajo.

Los operadores de toda calaña, nacionales y locales, tienen en cuenta lo anterior cuando hablan de la libertad de expresión y descaradamente dicen que si se aprueba la ley no se podrá ver "Valientes", o escuchar el tema que te gusta. Así de grotesco, guarango, elementalísimo y mendaz. Los periodistas no sólo tenemos conciencia, también memoria y habrá que seguir haciendo, hacer más, para que toda la sociedad se entere y también la comunidad internacional, de la venalidad de quienes apretaron, personajes despreciables para una sociedad democrática. Tienen nombre y apellido y son parte de la jauría.