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El perfil de héroe que se instala en la hora y consumen las generaciones macdonal, lo necesita invencible, implacable y sin vacilaciones frente al uso de la violencia. Un súperman. Ese vencedor genético se contrapone al héroe clásico, acechado inexorablemente por la tragedia y derrotado siempre en algún campo. Un Che Guevara, un Rodolfo Walsh, fierros de la resistencia, enfrentan cada día su desenlace fatal. En este último estante de iconos se ubica por su envergadura Alejandro Olmos. Murió sin ver los frutos. Y los frutos se han secado en el Parlamento de la nación sin siquiera nacer. ¿Cómo contar su épica? Que en abril de 1982 denunció como criminal a José Alfredo Martínez de Hoz ante el Juzgado Nº 2 de la Capital Federal. Adujo que el plan económico que el ministro había impulsado perseguía un propósito: producir deuda externa fraudulenta. Algo sucedió con esa presentación porque se necesitaron dieciocho años para que pariera un dictamen. "Rebotaba de juez en juez como brasa caliente" murmuran los allegados al luchador. Detalle: cuando el querellante acopió sus pacientes cifras y presentó su acusación, el Proceso y su máquina de exterminio aún hacían temblar al país, incluidos los jueces. Alejandro Olmos murió el 24 de abril de 2000, tres meses antes de que el juez Jorge Ballesteros se expidiera. Durante todo ese tiempo realizó un tenaz seguimiento del litigio, aportó más y más elementos y enroló adeptos que lo acompañaron en la batalla; se formó con todo ello un expediente de 500 cuerpos.

La estafa demostraba se demostraba con datos: entre diciembre del 75 y diciembre del 81, Argentina se había endeudado en 27.600 millones de dólares, de los que salieron de inmediato de país, oficialmente, 22.000 millones por intereses y capitales; en el movimiento de fondos de corto plazo no se pudo individualizar el egreso de una partida de 9.800 millones de dólares (punto reconocido por el propio Banco Central). El incremento de deuda no se usó para el desarrollo económico, sino para la fuga de divisas. Así, del gigantesco total, sólo quedaron fronteras adentro las migajas de 687 millones en reservas; el 85 por ciento del endeudamiento sirvió para transferir al exterior ganancias especulativas e intereses de préstamos que se tomaban para que, apenas ingresados, se reenviaran afuera.

Debido a las imputaciones, la causa que tomó a su cargo Ballesteros también se abocó a la situación de las empresas del Estado en general y de YPF en particular, ya que, entre otras cosas, se las había endeudado en dólares pero recibiendo pesos y al devaluarse éste se les negó el seguro de cambio (YPF aumentó su pasivo a un promedio de 80,7 millones de dólares por mes y, a partir de 1978, con el pretexto de mantener la estabilidad monetaria, las tarifas de los productos de YPF fueron tan bajas hasta que se llegó al momento en que el precio de venta sólo representó el cincuenta por ciento del costo productivo).

En último lugar, como con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron préstamos de empresas privadas sin que el Banco Nación, el nacional de Desarrollo o la Dirección General de Asuntos Jurídicos movieran un dedo para recuperar esas sumas, Ballesteros incorporó la investigación de tales avales donados graciosamente a particulares (¿indigentes?) por el Tesoro Nacional, sin cargo de devolución. Las empresas beneficiarias que encabezan nuestra generosa subvención involuntaria (solamente en dólares, 147 millones, más los millones dados en yens, marcos, francos), son: Acindar, Autopistas Urbanas, Covimet, Parques Interama, Aluar, Papel Prensa e Induclor, entre otras.

Para llegar a su veredicto, de alrededor de 200 minuciosas páginas y casi veinte años de estudio, Ballesteros se escudó tras una serie interminable de fuentes indiscutibles; peritos, el Banco Central, las declaraciones de los implicados (incluido Martínez de Hoz), universitarios, organismos, empresarios, investigadores. No faltó nadie. Finalmente, largó el rollo. En su fallo, este juez de la Nación dictamina oficialmente: "la deuda externa de nación, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados (nacionales y extranjeros) en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas".

En su fallo el juez también pintó el siguiente panorama: "Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en los períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por la empresas del Estado. Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientos setenta y siete oportunidades, número mínimo de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos externos concertados por YPF".

Ballesteros reconoció que las anomalías registradas "desde el año 1976 no podían pasar desapercibidas en autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas". Pese a tanta prueba, peritaje, desenmascaramiento de la ilegalidad de la deuda y las incriminaciones vertidas contra José Alfredo Martínez de Hoz, Ballesteros dictaminó: "La única persona que fuera procesada en esta investigación resultó sobreseída en virtud de operar la prescripción de la acción penal". Prescripción. En consecuencia, el juez resolvió: "Sobreseer definitivamente en la presente causa N 14467, en la que no existen procesados". Quedó ratificada una impunidad universal, sin apelaciones. Se dejó escapar de su responsabilidad a funcionarios y empresarios autores de cada tropelía, aunque estuvieran identificados individualmente en cada tramo del estudio.

Ballesteros resolvió "remitir copia y poner las actuaciones a disposición de las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Nación" para "determinar la eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino". Y también para que se adoptasen "las medidas para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la Nación que, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976"

Desde entonces, esas copias duermen en nuestro parlamento el sueño eterno de la injusticia.

Batalló hasta el último aliento, Alejandro Olmos, muerto tres meses antes de que Ballesteros se expidiera el 13 de julio de 2000, sin ver los frutos. Los frutos se resecan en el Congreso argentino sin que éste los deje nacer.

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