rosario

Viernes, 10 de febrero de 2006

CORREO

Transporte

Con motivo de la licitación del transporte público de pasajeros, asistimos a un desenlave nuevamente perjudicial para la ciudad. Con una aceptación fatal de los hechos, el municipio justifica su inminente adjudicación a una "nueva" empresa, perteneciente al empresario Agustín Bermúdez. Salvo algunas voces aisladas del concejal Comi, el oficialismo parece querer una vez más dejar lo barrido bajo la alfombra y presentar con estridentes anuncios "cambios" en el el sistema de transporte. Esto responde a una visión gatopardista de esta administración "cambiar para que nada cambie" premiando una vez más al paradigma del mal empresario, que vive de la succión de millonarios subsidios, pactando abiertamente con la mediocridad y la injusticia. Lo dicho lo sostengo con conocimiento de causa: soy una mujer sola con un hijo discapacitado que sufriera un accidente a bordo de un coche de la empresa "Primera Junta S.A" a cargo de la entonces línea 52 que realice un verdadero periplo judicial (más de 17 años) para intentar cobrar la indemnización por las severas secuelas físicas e irreversibles sufridas. Obtuve sentencia favorable en primera y segunda instancia, solicite y obtuve la quiebra de la empresa. No obstante mis posibilidades de cobrar fueron nulas, claro, la empresa no tenía ya bienes, pero sí ostentaba por entonces una nueva concesión por parte del municipio por muchos años más a nombre de otra empresa del mismo empresario son similar denominación: "Primera Junta SRL". La realidad me dice que por la ley de quiebras es casi imposible extender la quiebra en forma personal a los empresarios y en esto está muy bien asesorado Bermúdez, pues su profusión en la creación de nuevas y nuevas empresas están precedidas por el abandono de tantas otras las creadas, que concursadas, quebradas son finalmente vaciadas dejando el tendal de damnificados: proveedores, aportes de empleados y como yo víctimas de accidentes. El municipio asume una actitud cómplice, las ordenanzas le obligan claramente a sancionar duramente al empresario nada menos que con la "no presentación en nuevas licitaciones" pero no lo hace ni lo hará, mira para otro lado justificándose en: que el sistema es deficitario, que las compañías de seguro, que las franquicias, que la rentabilidad, etc. La Municipalidad de Rosario lleva más de 40 años de experiencia privatizadora del sistema de transporte y no puede alegar desconocimiento de este tipo de prácticas. Entonces, me pregunto: ¿no se estará subsidiando este sistema con el padecimiento de ciudadanos concretos, exigiéndoles un sacrificio especial?

María Cristina Cantón

DNI 5.589.141

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