Jueves, 30 de diciembre de 2010 | Hoy
Más de sesenta compañeros y compañeras sobrevivientes que pasaron por el centro de detención del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, en su carácter de testigos y querellantes en el juicio "Díaz Bessone y otros s/Homicidio, Violación y Torturas" se han pronunciado y solicitado que sean juzgados todos los involucrados en la causa, incluidos los civiles. Lo particular del caso reviste en que uno de los imputados es Ricardo Miguel Chomicki (ex supuesto militante de la UES) y también lo es Nilda Virginia Folch (actualmente prófuga y también ex supuesta militante de la UES). Las razones están expuestas con absoluta y total claridad en los testimonios que estos compañeros han ido prestando ante el Tribunal. Hay quienes, desde distintas ópticas, se niegan a llevar adelante esta justa petición de los compañeros, que los ha llevado inclusive a elevar una "Carta Abierta a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación", en su carácter de sobrevivientes y familiares de desaparecidos de ese Centro Clandestino de Detención. Quienes suscribimos la presente, hacemos nuestro ese pedido, de la misma manera que expresamos nuestra total discrepancia con los criterios de la Unidad Fiscal Nacional, para negar el pedido de nuestros compañeros. No es la primera vez que escuchamos argumentos similares, lo grave es que esta vez bajo argumentos técnicos, pretenden desconocer nuestra identidad política y el derecho que nos cabe a exigir que los Tribunales de la Nación Argentina determinen, a partir de nuestros testimonios, si cabe o no sanción legal a las conductas que denuncian nuestros compañeros. Hubiera sido bueno que quienes se pronuncian desde la comodidad de un despacho oficial, hubiesen estado presentes en todas las sesiones del juicio que se esta llevando a cabo y hubiesen escuchado los testimonios de nuestros compañeros, parte de los cuales se ven pálidamente reflejados en la prensa, cuando no silenciados o recortados. Sin duda, hay debates que desde hace años nos debemos, que muchos de nosotros hemos planteado en los distintos organismos e instancias judiciales; por eso decimos Ni Víctimas ni Héroes. Que el Tribunal establezca, con la carga de la pena, la diferencia entre los imputados. Sería bueno que la sociedad sepa que, desde esas mismas mazmorras, fue donde se engendró la decisión de guardar en la Memoria todos y cada uno de los actos aberrantes que cometían los genocidas y sus cómplices civiles, para que se conociera la verdad donde la dignidad sobrevivía en cada uno de nosotros, para que en algún momento de la historia se hiciera justicia.
Cristina Arévalo, Leopoldo Juan González, Armando Benítez, María Claro, Carlos Alberto González, Carlos Ponce de León, Juan Arguello, Carlos Alberto Martínez, Mirtha Isabel Tomas, Francisco Alberto Ledesma, Gloria Alicia Di Rienzo, Patricio Torne, Alicia María Lega, Raúl Alberto Castro, Emilio Arquiola, Rubén Oscar Suarez y Fernando Rule Castro
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