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Pliegos

¿Cuál es el criterio más objetivo para nombrar fiscales y defensores del nuevo sistema penal, desde la óptica del PJ? ¿No pretenderán regresar al viejo y arbitrario sistema donde familias aristocráticas de la provincia, socios de estudios jurídicos amigos, incluso masajistas de gobernadores, eran ungidos en cargos?

La Legislatura fue quien dispuso que fuera el Poder Ejecutivo quien realizara los concursos para fiscales y defensores. Así se hicieron. En toda la provincia se inscribieron casi 600 postulantes. Nadie impugnó. La calificación fue anónima y ningún calificador sabía del nombre del postulante. El Tribunal Evaluador estuvo integrado entre otros, por un representante del ministerio público de la acusación, un representante del ministerio público de la defensa, un profesor de la UNL en concursos del sur y uno de la UNR en los del norte, un fiscal y los colegios de abogados. Las pruebas orales se hicieron en audiencia pública con participación ciudadana y están filmadas.

Con la decisión de algunos diputados opositores de la Cámara de Diputados de objetar concursantes, según su antecedente político, se estaría discriminando ideológicamente.

¿Cuál sería el criterio de esta "caza de brujas"? ¿Algunos diputados nos están diciendo, que cuando ellos eran parte de los nombramientos a dedo y sin concursos, todo era mejor? ¿Estamos ante una nueva inquisición? ¿La que elegía los amigos del poder, aún sin títulos habilitantes?

Quienes han sido beneficiados alguna vez por el dedo de la arbitrariedad y el privilegio, por lo menos deberían tener la ética de abstenerse de hablar y votar.

¿No fue Néstor Kirchner quien dijo que las corporaciones judiciales no debían ser quienes digitaran los nombres de los jueces y posibilitó la reforma del Colegio de la Magistratura?

¿Todo el PJ levantará la mano para mostrar su verticalismo con los conservadores que sepultaron esta provincia en la inundación y el descrédito nacional de la subordinación al menemismo?

La honorabilidad de la política está en juego. La calificación de los candidatos debe ser sobre los mejores méritos para defender los casos de violencia institucional o derechos humanos, de quienes más necesidades tienen.

Alicia Gutiérrez

Diputada Provincial

Partido SI en el Frente Progresista