Soberanía

La decisión del gobierno nacional de eliminar las retenciones que se les cobraba a la industrias mineras en Argentina, de por sí irrisorias, reafirman la implementación de un modelo económico y productivo basado en la extracción abusiva de los recursos naturales, la contaminación indiscriminada del medio ambiente, el achicamiento del poder del Estado y la concentración feroz de riquezas en manos de las multinacionales.

Se puede afirmar que esta medida no desentona demasiado con lo hecho por la anterior gestión, ni con las políticas que se han llevado adelante en materia de explotación minera en las últimas décadas. En los noventa, la Ley sobre inversiones mineras abrió el camino al saqueo que luego continuó durante las demás administraciones.

Con la eliminación del 5 por ciento de los derechos a la exportación minera por parte del macrismo, se completa el proceso de entrega del patrimonio nacional a estas megaempresas extranjeras. De esta manera, el Estado nacional dejará de recaudar alrededor de 220 millones de dólares al año, unos 3300 millones de pesos, incrementando aún más la enorme rentabilidad que ha tenido estas corporaciones.

Macri ha asegurado que esta medida tiene como objetivo devolver a los ciudadanos los recursos que Nación le sacaba a las provincias mineras, pero es claro que sólo sirve para engrosar las arcas de las multinacionales, que al mismo tiempo se han visto beneficiadas por la liberación del dólar.

Es una verdad incontrastable que no generan empleo, ni han mejorado la calidad de vida de ninguno de los habitantes de las zonas donde se han instalado, excepto el de una selecta minoría. Por el contrario, hay numerosos ejemplos de que la explotación minera, sobre todo la minería a cielo abierto, ha provocado graves desastres medioambientales.

Si bien se reclama dejar actuar al gobierno nacional que ha asumido en diciembre pasado, las medidas tomadas hasta el momento con notable celeridad, sustentadas en la peor versión de la receta neoliberal, exigen una respuesta inmediata. La promoción de un modelo productivo basado en la extracción, y que tiene en el monocultivo de soja su actividad señera, implica a largo plazo agotamiento de los recursos naturales, contaminación y más pobreza. El rumbo adoptado por el oficialismo, de concentración económica, ajuste social y retracción del Estado, reproduce en gran medida el proceso que nos condujo al estallido social del 2001. No podemos, por lo tanto, quedar callados.

Gustavo Gamboa

Secretario General de la Mesa provincial Partido SI