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Jubilados
Hemos solicitado que la Ansés priorice a los jubilados de mayor edad en las sentencias. Es una de las propuestas para agilizar las sentencias judiciales que adeuda el sistema provisional con los beneficiarios reclamantes, ya que se acumulan más de 450.000 juicios sin resolución.
Por eso, presentamos un proyecto para que el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado solicite a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) celeridad en los dictámenes de sentencias de los juicios jubilatorios para agilizar la liquidación de haberes de los jubilados.
En el escrito, exigimos que la entidad deje de interponer un recurso extraordinario en las sentencias de segunda instancia para que se puedan liquidar en favor de los beneficiarios según un orden que tome en cuenta tanto la edad del jubilado y la antigüedad del expediente judicial.
Además, solicitamos que Ansés se abstenga de apelar sentencias de primera instancia en los casos en que exista jurisprudencia en instancias superiores que las ratifiquen, ya que estas apelaciones producen demoras que son un perjuicio para quienes reclaman sus derechos.
Queremos que en las sentencias que el Gobierno Nacional liquide se tenga en cuenta el criterio de la antigüedad del reclamo, pero también, por una cuestión de humanidad, la edad del beneficiario reclamante.
El sistema previsional lleva acumulados 450.000 juicios mientras que todos los años ingresan alrededor de 100.000 reclamos nuevos, y como solo se liquidan unas 20.000 sentencias, el stock de juicios sigue creciendo. Los jueces fallan cada vez más cantidad de sentencias, por lo que hay más apelaciones de ANSES.
Los reclamos judiciales son por la mala liquidación de los haberes y porque no se aplican los índices de actualización que ordenó la Corte Suprema. También porque se aplican topes o no se computan los pagos no remunerativos. Insistimos además en que un buen número de jubilados sigue esperando que la Corte Suprema extienda el fallo Badaro a todos los que les corresponde, hayan iniciado o no juicio contra ANSES. Este fallo estableció que entre enero de 2002 y diciembre de 2006 el reajuste de haberes debió haber sido del 88,3 por ciento, de acuerdo a la evolución de los salarios. Sin embargo, en ese período los aumentos generales que dio el Gobierno fueron solo del 11 y 21. La diferencia implica ajustes en los haberes de entre el 55 y 69 por ciento.
Gabriel Real
Diputado provincial
Partido Demócrata Progresista
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