Dentro de 48 horas, el martes a las 9, se abrirá en el Senado provincial la audiencia pública convocada para escuchar las voces de todos los sectores de la ciudadanía santafesina que quieran expresarse en relación con el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se discute en el Congreso de la Nación. La vicegobernadora Griselda Tessio, en calidad de presidenta del cuerpo, motorizó una convocatoria amplísima como para que pueden dar su opinión y ejercer sus derechos ciudadanos "no sólo los poderosos, los ricos, los más importantes, sino todos los ciudadanos", tal como dijo a Rosario/12. La iniciativa surgió del senador justicialista que milita en las filas de Santa Fe Federal y responde al senador Carlos Reutemann, Ricardo Spinozzi. Algunas declaraciones del senador no tributan al sentido tan amplio de la audiencia pública, ya que se manifestó respecto de la ley -casi a la manera del gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, que tiene en su propiedad los más importante medios de la capital de su provincia, un concepto del federalismo y de la autonomía provincial que no tiene nada que ver con la necesidad de leyes nacionales que, como en este caso "regulen" el uso de los medios masivos de comunicación. Justamente el de la regulación es el concepto que desde tiempo atrás hizo perder la cordura y entrar en profundo nerviosismo a los dueñas de las grandes concentraciones multimediáticas que, por otra parte, son también propietarias del pensamiento único que bajan los medios que de ellos dependen -con la absoluta prohibición de que sus periodistas reflejen, aunque sea, una tibia simpatía por algún artículo del proyecto en discusión. Las organizaciones que componen la Coalición por una Radiodifusión Democrática estarán presentes en la audiencia, como lo han hecho en cada punto del país donde hubo un foro, un panel, un espacio de debate.

En las páginas de Rosario/12 ya se expresaron representantes de distintos ámbitos, la UNR, la Escuela de Comunicación Social, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Sindicato de Prensa Rosario y ahora lo hace la vicegobernadora de la provincia, la militante Gabriela Sosa, quien habla por el movimiento Libres del Sur y el espacio dedicado a cuestiones de género 'La Juana'. También lo hace Ricardo Rambaudi, el director del Instituto Superior de Educación Técnica Nº 18, de Rosario, donde entre otras carreras se cursa la de Periodismo y la de Locución y, además opina una de las legisladoras nacionales del Partido Socialista, Mónica Fein, como representante del bloque cuyo voto aprobatorio en diputados -aunque señale correcciones que deben hacerse-, recibió el respaldo de las casi cuatrocientas organizaciones que formaron, en 2004, la Coalición. En el testimonio de cada uno de ellos se refleja la falta del ejercicio real de la libertad de expresión, un concepto, patrimonio de la humanidad, como lo son las ondas radioeléctricas que el Estado argentino sólo administra. Ese concepto nunca había sido tan vapuleado y tergiversado en las palabras de quienes sólo piensan en los negocios, en concentrar el poder y dejar afuera, como hasta ahora, a tantísimos sectores a los que siempre se les incauto, se les expropió o se les negó la palabra: niñas y niños, mujeres, el inmenso territorio de la marginación y la exclusión, los trabajadores, los vecinos de los barrios de cada punto del país. La posibilidad de que se acceda a otros medios hace perder el equilibrio a quienes con voces altisonantes y que preanuncian el caos, le dicen al público que no podrá ver la novela que le gusta ni tampoco escuchar el tema musical de su preferencia. La mentira, profunda, continúa y encadenada es prácticamente lo único que puede escuchar el país.

* Griselda Tessio, vicegobernadora de la provincia de Santa Fe

Creo que hay aspectos importantes como para concederle mucha importancia a esta discusión. Era inédito en la Legislatura, o por lo menos en el Senado, esta manera de posibilitar la participación ciudadana. Como no está regulado en el reglamento de la Cámara una forma de actuación y desarrollo para las audiencias, tomamos algunas pautas acordadas con los legisladores, sobre todo de ordenamiento, ya que se enviaron más de 600 invitaciones. Es una oportunidad para que la ciudadanía ejerza su derecho a participar y cuando digo ciudadanía me refiero a todos los ciudadanos, no sólo los que tienen poder, no a los más ricos o que aparezcan como más importantes, a todos. Se necesita, entonces que la gente se inscriba, no sólo a la audiencia sino a la lista de oradores, a que se trate de llevar ponencias y las intervenciones serán de entre 5 y 7 minutos.

Quiero destacar un aspecto: se trata de una ley compleja, que tiene un abordaje jurídico-constitucional, un abordaje político y técnico que lo manejan las personas que están en el trabajo de los medios de comunicación. Estoy convencida también y, no quiero faltar el respeto a nadie, que muchas de las voces que se escuchan en este momento sobre esta ley, no la han leído. Pedimos seriedad y respeto en las intervenciones.

En mí caso particular estoy convencida de que la Argentina se debe una ley democrática sobre la cuestión de los medios de comunicación. Hace mucho tiempo que es una asignatura pendiente y si bien sufrió enmiendas y modificaciones hay puntos que son paradigmáticos, como la conformación de la autoridad de aplicación en la ley actual: el COMFER es una intervención que en la conformación original se componía con un representante del Ejército, uno de la Marina, uno de la Fuerza Aérea, uno de la SIDE y uno de la presidencia que también era militar. No escuché demasiadas quejas sobre la autoridad de aplicación anterior.

El equipo de taquígrafos del Senado y también el de Diputados trabajarán en la audiencia pública que puede exterderse en más de una jornada. No queremos que haya la menor duda sobre la exposición de ningún orador. Las asambleas públicas no hacen recomendaciones sino que se establecen conclusiones a partir de las ponencias y de las versiones taquigráficas. Ese material será enviado al Congreso Nacional, no como un elemento vinculante, pero sí como la expresión de la sociedad santafesina.

Por otra parte, estoy de acuerdo con que el proyecto sea tratado en estos momentos y disiento con quienes sostienen que hay que esperar después del 10 de diciembre porque, si no, se está dudando de la legitimidad de la actual composición. Y si estas cámaras nacionales no tienen legitimidad las leyes que dictó son ilegítimas y si son ilegítimas son nulas. No es así. Este congreso está capacitado, es el juego de la democracia.

*Mónica Fein, diputada nacional por el Partido Socialista

La nueva ley de medios que actualmente se debate en la Cámara de Senadores implica un avance importante, justamente porque reemplaza al decreto ley 22.285 80, una norma de la dictadura que reguló el concepto de la libertad de expresión, en el marco de la doctrina de seguridad Nacional por una opción democrática, plural y también perfectible hacia el futuro.

Históricamente, el socialismo adhirió al concepto de que la norma anterior debía reemplazarse y siempre actuó con coherencia. Como antecedentes recordamos que en 1984 el socialista Héctor Pollino participó en la redacción del proyecto de ley de radiodifusión de la democracia. Con la invocación de los mismos principios y, en el marco del debate parlamentario de la Ley de Emergencia Administrativa y Reforma del Estado, en 1989, Guillermo Estévez Boero cuestionó aquel proyecto porque posibilitaba la concentración de capacidad informativa dentro de un mismo territorio en muy pocas manos, negando el derecho a la libertad de información.

Lejos de entender a la comunicación audiovisual como una actividad con fines solamente comerciales, nosotros defendemos la libertad de expresión y de información como derechos garantizados en nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales. De ahí, la necesidad de saldar una deuda pendiente durante 26 años de democracia.

En referencia al proyecto actual, los diputados socialistas nos opusimos a aquellos artículos que entendemos no respetan los 21 puntos de consenso propuestos por la Coalición. Desde nuestras bancas, cuestionamos que el órgano de aplicación no refleja conceptos claves como el federalismo, la autonomía y la independencia; tampoco coincidimos con los plazos de adecuación de las licencias. También durante el debate parlamentario logramos introducir modificaciones, tales como fijar pautas para la regulación de la propaganda oficial, entre otros cambios.

Sin embargo, el gobierno nacional ha hecho de la confrontación una constante de su práctica política, y su actual descrédito obstaculiza el debate del contenido de la ley. Como contraposición, desde el socialismo haremos todos los intentos de atender los reclamos de la sociedad en su conjunto, que exige diálogo y consenso, y continuaremos apostando a un debate que profundice la democracia.

Nosotros no pensamos en una ley para beneficiar a un gobierno determinado, sino en construir una norma que garantice la pluralidad de voces, el libre acceso a la información, y que además sea un instrumento que sirva a toda la Nación y a las próximas generaciones.

* Gabriela Sosa, Libres del Sur y Espacio de Mujeres 'La Juana'

Por supuesto vamos a participar en la audiencia del martes en la Legislatura provincial, tal como lo hemos hecho en todos los espacios de discusión que apuntaron a la búsqueda de una ley para la democracia desde el 2004, ya que somos parte de la Coalición por una Radiodifusión Democrática desde Libres del Sur, Barrios de Pie y La Juana. Ese ser parte tenía que ver con otras experiencias no vinculadas directamente con la comunicación tradicional. La actual ley que viene de la dictadura no nos incluye . Sí lo hace el proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado y nos permite sentirnos parte de ese derecho a la comunicación que nunca tuvimos. Hasta ahora sólo recibimos lo que nos quisieron dar, sobre todo desde los monopolios que ya demostraron formar parte y ser manipulados por intereses políticos y económicos.

Como espacio de mujeres la ley nos contiene en especial a través de tres artículos. El Nº 3 cuando enuncia en el inciso m, la acción de promover 'la protección y la salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual'.

Además el texto incluye el artículo 70 en donde se especifica que la programación de los servicios previsto deberá evitar contenidos que promuevan o inciten a mantener "tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole..." e incluye también los comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas "y la integridad de los niños, niñas o adolescentes". Por otra parte el texto del artículo 71 del proyecto habla de que quienes produzcan, distribuyan o emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas o publicidad, deberá velar por el cumplimiento de varias convenciones internacionales y leyes, entre ellas la de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes.

*Ricardo Rambaudi, director del Instituto Superior de Educación Técnica Nº 18.

En primer lugar el proyecto de ley de medios audiovisuales beneficia a la educación superior porque democratiza la palabra y permite la multiplicación de voces y, con ello, la multiplicación de fuentes de trabajo. Por lo tanto hay que hablar de la mejor inserción profesional de los egresados de nuestras instituciones que hoy ven limitado su éxito a la posibilidad de ingresar a trabajar a un multimedio que, como monopolio, precarizó las condiciones de trabajo e impuso arbitrariamente salarios e ideologías dominantes.

En segundo lugar, y no menos importante, es la posibilidad de contar, como institución de educación superior, con la posibilidad de ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión recibiendo la correspondiente autorización en forma directa de la autoridad de aplicación (Art. 145).

En tercer lugar porque quienes formamos comunicadores en el área de la locución contaremos con la posibilidad, a partir de la nueva ley, de que la habilitación profesional de los mismos, que hoy requiere autorizaciones expresas de la autoridad de aplicación (ISER COMFER), queden sujetas a la obtención del título autorizado por el Ministerio de Educación y su posterior registro ante la autoridad de aplicación (Art. 155).

En cuarto lugar de un listado que debe abreviarse en virtud del espacio la ley nos permitirá dejar de formar comunicadores capacitados para triunfar en un multimedio monopólico o fracasar, para formar comunicadores que participen activamente en los procesos de desarrollo humano, social, cultural, productivo, en sus distintos formatos y expresiones, en el conocimiento mutuo, comprensión de sí y respeto por la diversidad y características de los individuos, grupos, actores, instituciones u organizaciones públicas o privadas de una comunidad.