La cantidad de tierras argentinas en manos extrajeras parece interesar y preocupar tanto al Ejecutivo nacional como a varios diputados. Detectaron que más del 10 por ciento del país pertenece a personas o empresas foráneas. Las leyes actuales no proporcionan límites y se han vendido grandes extensiones con riquezas incalculables y otras de importante valor estratégico. En el Congreso ya hubo una ronda de reuniones y los proyectos salen del cajón. Uno de ellos lo presentó hace dos años la rosarina Verónica Benas. Perdió estado parlamentario y decidió arremeter. Son seis o siete los proyectos presentados, sus autores estuvieron en reuniones con la Comisión de Legislación General, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Ambiente. También hay que destacar que no pasó desapercibido el interés sobre el tema de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración del año legislativo donde hizo una manifestación pública y mostró su compromiso para poner restricciones a la compara de tierras argentinas a los capitales extranjeros.

La diputada nacional Verónica Benas del partido PARES (Participación, Ética y Solidaridad) dice que la gran cantidad de tierras en manos extranjeras "es una amenaza a la seguridad nacional ya que muchas de esas tierras son estratégicas por los usos en la superficie y las riquezas del subsuelo como los minerales, los hidrocarburos y por supuesto: El agua dulce", y agrega sobre las que están en el margen del mar patagónico "es claramente un problema para la soberanía. Argentina tiene un conflicto con Gran Bretaña y grandes extensiones pertenecen a ingleses y están sobre el mar con puertos y aeropuertos que nadie controla", remató.

Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que una importante cantidad de expedientes tienen una autorización dudosa de la Secretaría de Seguridad Interior. La diputada Benas relata que la mayoría de los expedientes aprobados entre 2003 y 2007 sobre la cordillera fueron autorizados vía de excepción. Hay casos emblemáticos por lo exagerado como el de la familia Benetton que compró 900 mil hectáreas y Ted Turner, Douglas Tompkins, Joseph Lewis, Huber Grosse entre otros.

-¿Qué sucedería con las tierras extranjerizadas?

-En primer lugar investigar cada caso. Y los que no cumplan deberán ajustarse a la Ley. Los actos jurídicos que no cumplan con ésta norma serán de nulidad absoluta. Y también plantea un plazo para adaptarse. Las personas jurídicas que son titulares de grandes extensiones de tierras tendrán un año para cumplir con la Ley y vender sus terrenos siendo que las personas físicas lo podrán hacer en dos años y así volver a los causes normales.

-¿Volverían a manos del Estado sin pagar expropiación?

-Exacto. Porque el inconveniente lo tienen los terratenientes extranjeros que no cumplen con la Ley. La mayoría adquirieron sus inmuebles en la dictadura o en los '90 con un grado de connivencia revelada por el informe de la AGN.

-¿Cuáles son los límites para evitar la figura del testaferro?

-Es un tema difícil. En primer lugar exigimos crear un registro de inmuebles de propietarios extranjeros para al menos avanzar con datos y poder cruzarlos. Además el proyecto plantea límites para las personas o empresas con domicilio o socios mayoritarios radicados en el extranjero. En el registro aparecen claramente los datos y si el comprador es un argentino los organismos correspondientes tendrán que investigar el origen de esos capitales.

En las reuniones de la Secretaria de Ambiente sugirió incorporar en la Ley la protección de las tierras de los pueblos originarios y la diputada Benas amplió sobre éste punto por entender que "hay muchos argentinos excluidos de la posesión de la tierra y que no sólo es un espacio para vivir o producir sino que tiene el peso de darle valor a la identidad de cada habitante".