El juicio por delitos de lesa humanidad en San Nicolás continuó ayer en el Tribunal Federal de Rosario con peritos de la Gendarmería Nacional que realizaron peritajes en 2006 en la causa que investiga la masacre de la calle Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976, cuando fuerzas conjuntas de la policía provincial, federal y el Ejército masacraron a Ana María Fettolini, Omar Amestoy, Ana María del Carmen Granada y los niños Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años. El comandante de Gendarmería, y Jefe de la División Balística, Hugo Ariel Iseas, ratificó que una saturación de gases lacrimógenos puede provocar la muerte de una persona "si el lugar es pequeño". Por asfixia murieron los dos niños, ya que una granada de ese químico fue arrojada por la claraboya de un baño de 3 metros de alto, por 1,70 de ancho y 2,45 de largo. Allí habían refugiado a los niños, para resguardo de la lluvia de disparos sobre la casa.

Por otra parte, dos testigos ofrecidos por la defensa del ex jefe de la policía Federal, Jorge Muñoz y del ex jefe del Area 132 de Inteligencia, Manuel Fernando Saint Amant descartaron que hubiera impactos de bala en la vivienda ubicada enfrente de aquella en la que ocurrió la masacre. La licenciada en Criminalística de Gendarmería Nacional, María Silvina Lastreti, afirmó que al hacer el peritaje en junio de 2010, la casa estaba recién remodelada. En ese momento no observó ningún impacto de bala. Cuando le preguntaron si podría observar impactos de bala en una fotografía, la profesional lo descartó.

Cuando la abogada de la querella Ana Oberlin, le preguntó al perito de Gendarmería Martín Javier Moreno si, de haber podido constatar impactos --algo que no hicieron--, se podría determinar la fecha de esos impactos, el testigo respondió: "No, no hay forma". El 22 de agosto pasado el propietario de esa vivienda, Luis Broda, afirmó que su casa no había sufrido daño alguno.