María Eugenia y Fernando Amestoy tendrían hoy 39 y 41 años. Los asesinaron cuando tenían tres y cinco, el 19 de noviembre de 1976, junto a sus padres, en San Nicolás. Sus miradas infantiles en la foto apoyada en el blíndex de la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario se proyectaron sobre las cabezas del ex jefe del Area Militar 132, Manuel Fernando Saint Amant, del ex militar Federico Bossie y del ex policía Federal Jorge Muñoz, condenados ayer a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común. Las víctimas fueron el estandarte que los familiares sostuvieron durante la lectura de una sentencia impecable. El Tribunal también hizo lugar a los pedidos de la fiscalía para que se investiguen las responsabilidades de otros uniformados en los hechos. Bastó que el presidente del TOF, Omar Digerónimo, empezara a leer para que los presentes dejaran salir la catarata de lágrimas contenidas por años. El único sobreviviente de la masacre, Manuel Gonçalves Granada, lloraba sin parar. Sólo llanto se escuchó entre el público hasta el final de la lectura. Ahí sí, estallaron los aplausos y los abrazos. "Ahora descansan en paz" fue la frase más repetida por los familiares.

En el cantero central de Oroño, la gente se abrazaba a lo largo de la calle, alrededor del escenario armado por el Espacio Juicio y Castigo. "No vamos a recuperar lo que nos quitó la dictadura, pero sí vamos a recuperar, en días como hoy, la alegría y la esperanza de tener un día mucho mejor", dijo Manuel desde el escenario. La fiesta siguió toda la tarde. "La justicia a veces llega tarde, pero repara. No las ausencias, pero sí el alma maltrecha", sintetizó Florencia Amestoy, prima de los niños asesinados.

Saint Amant, Bossié y Muñoz fueron condenados por los los cinco homicidios agravados de Omar Amestoy, Ana María "Pochi" Fettolini, sus hijos María Eugenia y Fernando y de Ana María Granada, la mamá de Manuel, que tenía cinco meses y se salvó porque ella lo envolvió en un colchón antes de esconderlo en un placard. Saint Amant recibió sentencia además por las desapariciones de Regina Spotti, María Cristina y Raquel Alvira, Horacio Martínez, Rosa Baronio y Eduardo Reale. El fallo incluyó el robo agravado de bienes y la sustracción, retención y ocultamiento de los niños Fernando Alvira, Víctor y Martín Almada, de entre 8 meses y dos años. También la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia de José Emilio Mastroberardino. José María Budassi, de la Mesa de la Memoria de San Nicolás, sobreviviente y testigo de esta causa, consideró que el trabajo pendiente es difundir la dimensión histórica de esta sentencia en su ciudad.

"Es muy importante que el Tribunal haya hecho lugar a todos los pedidos para que continúe la investigación sobre otros posibles imputados en relación a hechos que surgieron en este debate oral y público", indicó el fiscal coadyuvante Juan Murray, que trabajó junto a la fiscal Adriana Saccone llevaron adelante el juicio oral. Ayer recibieron aplausos por su "convicción y seriedad".

Como la fiscalía había pedido, el Tribunal integrado por Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe remitió a la fiscalía federal de San Nicolás copia del expediente para determinar si los agentes Farías, Berutti, Gandulfo, Massoni, Cáceres y el subcomisario Ponce participaron de la masacre. También remitieron la declaración de Bossié para que se investigue la participación del oficial del Ejército, Salice, en ese operativo. Los magistrados también decidieron que se investigue al ex comisario Acosta por falso testimonio, ya que negó haber firmado un acta, pero luego se comprobó que sí lo había hecho. También será investigado el testigo Claudio Pereira, quien negó que los gases lacrimógenos hubieran causado la muerte de los niños.

La sentencia no tuvo desperdicio: el audio de la declaración de María Inés Alvuerne, vecina de Baronio y Reale, se utilizará para investigar la participación del agente del Ejército Luis Héctor Ponzi en el secuestro. Más causas se abrirán: el supuesto suicidio de Lagrutta, días después del secuestro de Baronio y Reale, fue desmentido por el testigo Carlos Fernández. El tribunal también remitió la testimonial de Marta Trepat de Giménez sobre los tormentos a los que fueron sometidos junto a su marido, Alfredo Giménez, en 1976, para ser incriminados por lo ocurrido en la masacre, ya que habían sido garantes del contrato de alquiler de la casa atacada.

Los magistrados revocaron las excarcelaciones de los represores, pero mantuvieron la prisión domiciliaria en sus domicilios reales (todos en Buenos Aires) hasta que la condena esté firme. Entonces, "y acorde a su estado de salud", deberán cumplirla en un instituto penitenciario.

Entre los presentes ayer, el diputado nacional del Frente para la Victoria Horacio Pietragalla resaltaba por su altura. Otra nieta recuperada, Victoria Montenegro, llegó hasta Rosario. En la primera fila de la sala de audiencias, las Madres de Plaza de Mayo Chiche Massa y Herminia Severini, junto a Celina Keka Koffman, de Santa Fe, escucharon la lectura. Gastón Gonçalves, el bajista de Los Pericos, acompañó a su hermano Manuel. "La sentencia fue la ideal, que esperamos en realidad en todos los juicios de este tipo", dijo Gastón.

Sentada en la primera fila del público estuvo Adriana Alvira. Su testimonio en el juicio fue demoledor. Después de la sentencia, sobre el escenario, recordó a su padre, Vicente Marcial Alvira. "Es una emoción enorme haber llegado a este día así, acompañados en esta lucha", dijo Adrianag. "Esto debió suceder mucho tiempo antes. Mis padres también debieron llegar a este día", dijo. Adriana, como todos, les agradeció a los querellantes Ana Oberlin, Lucas Ciarniello, Alvaro Baella y Carolina Ibáñez por el trabajo realizado.

"Esperábamos esto porque sabíamos que había mucha prueba, pero igual siempre surgen una serie de temores, y de expectativas previas que, bueno, la verdad que se vieron mucho más que satisfechas. Llegar a este día y tener este resultado es maravilloso y vale la pena", dijo Oberlin, entre saludos.

La causa que terminó ayer se inició en octubre de 2004. Entonces, Manuel Gonçalves aún no había podido cambiar su nombre impuesto de Claudio Novoa, con el que creció hasta los 19 años. Aquel bebé que fue dado en adopción irregularmente por el juez Juan Carlos Marchetti ayer tuvo su segundo día de justicia. En abril del año pasado, los responsables de la desaparición de su padre, Gastón Gonçalves, fueron condenados. Ayer, le tocó a algunos de los asesinos de su mamá. Había pedido tres deseos antes de la sentencia. "Todos creímos en Papá Noel este año", dijo ayer, para contar: "Esperamos mucho tiempo para que llegue un día como éste. Lo mejor que supimos hacer en todos estos años fue la lucha colectiva, este triunfo es de todos". El abrazo de su hija, Martina, de 11 años, los dos emocionadísimos, fue el corolario de tantos años de búsqueda para terminar con la impunidad.