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Al día siguiente de que el Ejecutivo municipal anunciara la adjudicación del servicio de recolección de residuos, la polémica volvió a encender. El Sindicato de Recolectores le marcó la cancha por anticipado a la brasileña Vega Engenharia Ambienta, flamante concesionaria del servicio en zona norte. El concejal Jorge Boasso pidió informes al municipio sobre el estado de deuda mantenida con las actuales prestadoras, y calificó la licitación como "un proceso muy desprolijo y bastante irregular". Desde la Municipalidad enfatizaron que la licitación fue "larga, compleja y transparente".

El titular del sindicato, Marcelo Andrada, avisó ayer a través de la prensa que "con los trabajadores no se jode". El mensaje fue para la empresa foránea que desembarca en el país, Vega Engenharia Ambienta, socia de la constructora porteña Caputo en la concesión de la zona que hasta ahora atiende el grupo Roggio a través de Cliba. "Ellos en Brasil pueden manejar a los trabajadores como quieren y son explotados. Pero acá no. Se los dejé en claro hoy a la mañana (por ayer) y aceptaron", advirtió Andrada. El sindicalista dijo que le pareció "extraño" el bajo presupuesto que presentó Vega﷓Caputo ($1.062 millones por siete años de contrato) y que le permitió ganar la licitación. "Ellos quieren hacer piso en Rosario para después saltar a otras ciudades de Argentina", analizó Andrada. Vega tiene inversiones sobre este rubro en 17 ciudades de Brasil, algunas realmente grandes como San Pablo y Salvador de Bahía. El pliego licitatorio les impone a las adjudicatarias Vega﷓Caputo y al grupo Pescarmona, a través de Impsa﷓Lime, realizar una inversión inicial de 120 millones de pesos para renovar el parque vehicular, unas 112 unidades. Pero Andrada igual reclamó: "Tienen que traer camiones cero kilómetro, mejorar el servicio y mantener las condiciones de trabajo. Si no les da el cuero, ¿para qué licitaron? Que no se hagan los tontos", dijo a Radio 2.

El radical Boasso ha sido uno de los portavoces de la denuncia contra la gestión Lifschitz y Fein por sostener el servicio a fuerza de prórrogas de contrato. El concejal reiteró que la adjudicación fue "la culminación de un proceso muy desprolijo. Algunos hablan de irregularidades. La licitación venció en 2007, después tuvo una prórroga legal de un año, y a partir de ahí tanto Cliba como Lime vinieron con contratos directos. Eso es un escándalo en cualquier lado", señaló. Y puso el foco sobre la deuda que el municipio mantiene con ambas prestadoras, y también con Resicom y Milicic, a cargo de la disposición de residuos en Ricardone y Bella Vista, respectivamente. "Cliba sale ahora del sistema con una deuda de 122 millones de pesos que la Municipalidad deberá afrontar, lo mismo con Lime, que continuará en la zona sur y tiene una acreencia de 93 millones. Esto fue observado por el Tribunal de Cuentas", apuntó el edil radical.

Según la secretaria de Hacienda, Verónica Irízar, el compromiso está acordado por un convenio de prórroga de 180 días para cada vencimiento pendiente. "Lo venimos cumpliendo desde 2005, y lo seguiremos cumpliendo", subrayó y dijo que la modificación del TGI contenida en el presupuesto 2013 "permite pagar el 100 por ciento del servicio". Boasso también quiere que el Ejecutivo explique quién pagará los casi 100 millones de pesos que reclama el Sindicato como indemnización para todos los trabajadores del sistema ante la renovación de la concesión.