La investigadora Gabriela Aguila refrendó ayer la "indignación" de la comunidad de investigadores por las restricciones al acceso al Archivo Provincial de la Memoria dispuestas por una comunicación que firman la Coordinadora del archivo, Verónica Aimar y el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz. "El hecho es que se ha imposibilitado el acceso a la consulta de archivos, producto de la modificación de la normativa. No está sujeto a interpetación, es un hecho", afirmó Aguila, que participó de perito en causas por delitos de lesa humanidad. Coutaz aseguró a Rosario/12 que no había tal restricción, pero la historiadora consideró que el funcionario "confunde varias cosas, y tiene que ver con el desconocimiento del Archivo y del fondo documental". Para Aguila, está claro que "consulta de documentos no es lo mismo que divulgación de datos personales. Los investigadores firmamos un compromiso de responsabilidad sobre los datos a los que accedemos, y somos pasibles de sanciones o demandas", aclaró. Para ella, la restricción "hace que la provincia atrase diez años, cuando se había logrado avanzar".

El conflicto comenzó el 12 de septiembre, cuando la Secretaría comunicó que "no podrá exhibirse a quienes accedan en carácter de usuarios comprendidos en el artículo 5 de la Resolución 12/11, aunque cuenten con autorización para realizar la consulta, los originales de documentos que contengan datos personales y/o sensibles de terceras personas". Justamente, la Resolución aludida regula el funcionamiento del Archivo, y en el artículo 5 se refiere a los investigadores.

La comunidad científica reaccionó con un documento que cuestiona la medida. Con firmas de la envergadura de Daniel Feierstein, presidente de la International Association of Genocide Scholars; Dora Barrancos, que es investigadora principal y directora del Conicet; Alejandra Oberti, directora de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; el profesor e investigador del Colegio de México, Pablo Yankelevich; Hernán Ramírez, profesor e investigador de Unisinos, de Brasil; entre otras 60 adhesiones. Entre los firmantes está el arqueólogo forense Juan Nóbile, que también ha sido testigo en juicios por delitos de lesa humanidad por sus investigaciones.

"El hecho de que no se permita el acceso da los investigadores, ignora que el reglamento se redactó teniendo en cuenta la ley de protección de datos personales", apuntó también Aguila. "En todos los archivos que tienen fondos documentales de estas características, que tienen datos personales, hay protocolos de acceso, en los que los investigadores firman compromisos de responsabilidad por la información que divulgan", agregó.

Para la investigadora es importante subrayar que "se habla de un colectivo, los investigadores, que además tienen que acreditar su labor con credenciales. No es un capricho momentáneo acceder a un archivo". Para Aguila, "es también una incomprensión profunda de lo que significa la tarea investigativa y lo que significa el archivo como materia prima". Y aclara que el Archivo Provincial de la Memoria "no se trata de fichas personales sino que configura un archivo sobre el pasado reciente de la provincia".

La investigadora subrayó que expresa el descontento de un colectivo. De hecho, al menos diez de los firmantes del documento han sido testigos o peritos en causas por delitos de lesa humanidad. Ese documento denuncia que "impedir el acceso a la documentación" del Archivo "atenta contra el ejercicio del derecho de toda persona a participar de la vida cultural". Al mismo tiempo, lo considera un claro retroceso.

Aguila expresó una paradoja: forma parte de un proyecto de investigación que tiene financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica de Santa Fe, dirigido por Luciano Alonso, con el aval de la Secretaría de Derechos Humanos. "Nos financian para investigar esos datos y por otro lado nos cierran el acceso. Es tan desafortunado lo de la Secretaría de Derechos Humanos, tan limitativo de las posibilidades de continuar con las investigaciones, que no puede producir menos que indignación", expresó.