Pasaron seis días de la puesta en marcha del nuevo sistema penal en la provincia, menos de una semana. Transcurrió y ocurrió muchísimo desde que todo el gobierno provincial se encolumnó detrás de este cambio de paradigma, con el gobernador Antonio Bonfatti a la cabeza. Una persona que siguió de cerca este proceso es Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), jurista y experto en sistemas judiciales y de seguridad. Expectante por el futuro del reformado sistema, el especialista destacó en diálogo con Rosario/12 que en la era que se abre la víctima "es un ciudadano lastimado al que hay que proteger, orientar y asistir". Al mismo tiempo, estimó que "uno de los trabajos más difíciles" será encontrar una colaboración profunda de la policía en el proceso investigativo.

-¿Por qué es importante que haya comenzado a regir en Santa Fe un nuevo sistema penal?

-Esto es nuevos procedimientos y modos organizativos. Fiscales con mayores atribuciones, nuevos modelos de actuación de los jueces y una defensa pública más fuerte. Es importante por dos razones, por una parte el atraso del sistema de justicia penal de Santa Fe era muy grande y había sido objetado por ser contrario al diseño constitucional. Por otra parte, las tareas de la justicia penal en la sociedad actual, tanto en la eficacia de la persecución penal como en la defensa de las garantías obligan a trabajar con instrumentos más agiles y modernos.

-Se habla de "democratización de la justicia", entre otros tantos aspectos positivos de esta nueva era, ¿Cuáles son los cambios sustanciales que modificarán la vida de los santafesinos?

-Yo creo que, en primer lugar, se trata de construir una nueva forma de enfrentar el problema de la criminalidad. Esto no se logra de un día para el otro, pero las nuevas y complejas formas de criminalidad reclaman un trabajo mucho más inteligente, planificado y coordinado entre fiscales y policías. En segundo lugar, podemos ver que el potencial abusivo de la justicia penal se ha acrecentado en todo el mundo y para ello necesitamos que los jueces sean garantes de libertades públicas esenciales (ellos no son responsables ya de la eficacia del poder punitivo) y se deben fortalecer las condiciones de una defensa penal efectiva. Todo ello en un marco de publicidad muy amplia, donde la sociedad puede observar cómo se ejerce este poder.

-El nuevo sistema empezó a funcionar con menos recursos humanos de los previstos. ¿Esto puede afectar su normal desarrollo en el corto plazo?

-Sí, se espera que progresivamente se vayan ajustando los planteles, tanto porque se van desafectando recursos aplicados al remanente de causas, como nuevos nombramientos que estaban previstos. Pero es más fácil lograr todo esto con el sistema ya en marcha que postergando su entrada en vigencia. La experiencia de otros procesos de implementación muestra que ante el sistema en funcionamiento los recursos van apareciendo. Si no se postergan indefinidamente.

-¿Por qué cree que ha costado tanto implementarlo? Por qué se ha encontrado el gobierno provincial con rechazos y dilaciones de diversos sectores del ámbito político y judicial?

-En general todo lo que tiene que ver con el "campo judicial" es trabajoso y lento. Se trata de instituciones que no están acostumbradas a planificar y viven generalmente en un clima interno poco sensible a las necesidades sociales. Una de las cosas que se espera de estos nuevos sistemas es que ellos están más abiertos e integrados a la vida social. Ello significa, sin duda, más problemas y cierta "incomodidad" de los operadores judiciales, pero es el único camino posible para transformar los sistemas judiciales, ellos tienen que hacerse fuerte y respetados conviviendo con los problemas sociales, no quedando en un rincón de la vida institucional. A este proceso hay que darle tiempo y es necesariamente traumático, para todos. Pero así se construyen sistemas judiciales fuertes, legitimidad y creíbles.

-La víctima adquiere ahora un nuevo rol, con una mayor garantía de derechos, lo cual significa toda una manifestación política, ¿Por qué este es un aspecto fundamental del nuevo sistema?

-Porque implica toda una política nueva. Atrás de todas las formas de victimización, que son muchas, hay un tipo de dolor social que normalmente se había dejado de lado y que necesita, por el contrario, una gestión fuerte y atenta. En el paradigma anterior la víctima era un personaje odioso que siempre buscaba la venganza; en el nuevo es un ciudadano lastimado al que hay que proteger, orientar y asistir. Esto no significa tomar partido por una justicia más violenta. Al contrario, el uso inteligente de todos los nuevos instrumentos que tiene el código procesal penal y los programas que deben desarrollar el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia permiten tejer una red de apoyo a las víctimas que no pasa necesariamente por lograr una condena penal. Antes que nada hay que reparar los daños, ese es un principio general y de sentido común. Nada de esto significa que se deban debilitar garantías del imputado. Los problemas de eficacia que hoy tenemos son problemas de eficacia (que hay que tomárselo en serio), no problemas de exceso de garantías.

-La policía santafesina se ve muy cuestionada, envuelta en redes de narcotráfico en algunos casos, ¿Cuán dificultosa puede resultar una investigación sin una colaboración profunda de la fuerza?

-Ese es uno de los trabajos más difíciles, pero que hay que encarar con tenacidad y voluntad de cambio. El problema de narcotráfico obliga, además, a una nueva forma de trabajo entre las fuerzas y la justicia federal y las fuerzas y la justicia provincial. Ello está en ciernes, los modelos de trabajo anteriores han caducado y no tenemos aún un modelo nuevo. Urge construirlo porque la ineficacia se paga muy cara. La aparición del nuevo Ministerio Público de la Acusación es un actor más en las reformas policiales que comenzará a jugar un rol importante. En particular en la policía de investigaciones. Hasta que no construyamos métodos de trabajo mucho más eficientes entre fiscales y policías y entre policías de investigación y policía de seguridad existirán dificultades. Pero esto hay que construirlo en la marcha, lo más rápidamente posible, pero en la marcha, no en los papeles. Yo creo que si la sociedad observa que hay energía de transformación entiende que no se puede solucionar de un día para el otro. Lo que desespera muchas veces es que la energía puesta para estos cambios es débil y laberíntica.

-En proyección, el incremento de homicidios en Rosario en los primeros días de 2014 es mayor al del año pasado. Al mismo tiempo, la oposición cuestiona al gobierno porque dicen que el nuevo sistema no disminuirá esos hechos violentos, ¿Es correcto establecer una relación entre el sistema entrante y una posible baja en la tasa de asesinatos?

-No, por lo menos en lo inmediato. Las correlaciones entre políticas de cualquier tipo y tasas de criminalidad, también de distinto tipo, no se mueven con tanta rapidez. En realidad esto pasa con todas las variables sociales. Hoy una visión muy superficial de la economía nos ha hecho creer a todos, porque se ha popularizado, que se pueden medir esas variables como si fuera la cotización diaria del dólar. Ya pasó con el riesgo país que se pretendía medir día a día y cosas por el estilo. Las nuevas posibilidades de construir una persecución penal eficiente y estratégica, la posibilidad de asignar mejor los recursos a los casos graves, permitirá una mejor política criminal y eso tiene que tener impacto en las tasas de ciertos delitos. Pero nada de eso ocurre en el cortísimo plazo de la especulación. El inmediatismo, la política de coyuntura y la falta de planificación y profundidad que resulta de ello es lo que nos hace agravar los problemas. En ese sentido, es determinante un uso inteligente, transparente y responsable de la información. Aprovechen que en la provincia de Santa Fe tienen las mejores escuelas de Criminología del país.