Los empleados del Estado provincial que fueron cesanteados por causas políticas o gremiales durante la última dictadura militar pueden acceder a una mejora de su jubilación, a partir de la ley que ayer promulgó el gobernador Antonio Bonfatti. Consiste en un cómputo sobre "la carrera administrativa que podrían haber tenido de seguir en la administración pública si no hubieran sido echados", señala la normativa. Esta posibilidad se llama "derecho de chance" y desde ayer es ley en la provincia.