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En dos de las tres instituciones monovalentes de la provincia, un porcentaje de entre el 40 y el 75 por ciento sobre el total de la demanda de asistencia en las guardias está vinculado a crisis de toxicidad. Ello implica que las consecuencias derivadas de la ingesta de drogas (legales e ilegales de acuerdo con la instrumentación del método diagnóstico CIE 10) advienen como parte de los principales motivos de urgencia en los Hospitales Psiquiátricos santafesinos. Paradigmático es el caso del Hospital de Agudos de Rosario en donde efectivamente, el consumo tóxico respecto al total de los motivos de consulta, ascendía al menos hasta fines del 2012, al segundo lugar.

Tales son algunos de los datos que los doctores Candela Sialle, docente universitaria y Gustavo de Vega, médico psiquiatra y docente UNR, expusieron en el encuentro que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Santa Fe, presidida por Avelino Lago, organizó en el Concejo municipal una jornada en la que autoridades del área de Salud Mental del municipio y la provincia, distintas organizaciones de la Sociedad Civil y profesionales e investigadores debatieron sobre políticas públicas en adicciones.

En el encuentro se supo que en 2013 y 2014, el relevamiento sumó a instituciones privadas. Las principales clínicas psiquiátricas de Rosario refrendan en palabra y documentación institucional los datos arrojados para el sector público: un porcentaje de entre el 40 y el 50 por ciento del total de pacientes asistidos presentaría cuadros asociadas con el consumo de drogas.

Ni el Municipio ni la provincia cuenta con registros oficiales que permitan a los decisores de Estado del área sanitaria el diseño de políticas públicas conducentes. "En consonancia con la línea impartida por la máxima autoridad Ministerial, los referentes de salud mental ofrecen un discurso que intenta justificar la impericia en una precaria articulación de conceptos", dicen los investigadores, quienes consideran "una decisión política" la "ausencia de registro estatal".

Sialle y De la Vega también cuestionaron "la insistencia del discurso oficial" en la poli-causalidad del fenómeno del consumo, a la que consideran una forma de "liberar a Salud de sus responsabilidades".

Los expositores subrayaron "el cierre definitivo desde el año 2008 de todo espacio genuinamente público para el tratamiento médico-psicológico de la drogodependencia y la consecuente tercerización de estos servicios".