Desde Santa Fe

La media sanción de Diputados de una ley que crea una comisión bicameral para investigar a los cómplices civiles y partícipes económicos de la dictadura que "favorecieron, promovieron y se enriquecieron" con el genocidio en la provincia está cajoneada hace más de un año en el Senado. El proyecto del ex diputado del Frente para la Victoria, José María Tessa, se frenó en la comisión de Derechos Humanos que preside el senador radical Lisandro Enrico, que nunca lo consideró desde diciembre de 2014 hasta ahora. Lo que significa que si el gobernador Miguel Lifschitz no habilita su tratamiento en el mes y medio que queda del período extraordinario, la iniciativa perderá estado parlamentario el 1º de mayo y terminará en el archivo. El destino de la propuesta se planteó en la última sesión de Diputados, cuando se aprobó el Archivo Provincial de la Memoria y un legislador de izquierda propuso que ante aquel freno del Senado, la Cámara debía considerar la posibilidad de crear la comisión investigadora, pero ya no bicameral, sino sólo integrada por diputados.

Tessa presentó el proyecto el 8 de mayo de 2014. Lo acompañaron con su firma cinco de sus colegas del FpV que ya cumplieron su mandato: Patricia Gazcué, Eduardo Toniolli, Gerardo Rico, Mariana Robustelli y Oscar Urruty y otros dos reelectos por un nuevo período: el ex presidente de la Cámara, Luis Rubeo y la diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez.

La ley crea una comisión bicameral por la "Memoria, Verdad y Justicia para investigar, estudiar, desentrañar y esclarecer la actuación de aquellos actores económicos que interesadamente promovieron y/o facilitaron los delitos de lesa humanidad en la provincia". El presidente sería designado por el Poder Ejecutivo (una personalidad "con acreditada solvencia y experiencia en el campo de los derechos humanos") y estaría integrada por tres diputados y tres senadores.

Cinco meses después, la comisión de Asuntos Constitucionales aprobó su tratamiento en el recinto, en un dictamen de mayoría que firmaron seis legisladores. Tres que ya no están: el peronista Mario Lacava, su colega del Frente Renovador Germán Kahlow y Tessa y tres que renovaron la banca: Leandro Busatto (por entonces presidente de la comisión), Federico Reutemann (hoy en el PRO) y la diputada del Frente Progresista, Inés Bertero.

Sin embargo, la ley recién se pudo tratar en la sesión del 20 de noviembre de 2014, cuando se aprobó por 25 votos a favor y uno en contra, el del diputado radical Santiago Mascheroni. Tessa dijo que los juicios de lesa humanidad a los represores "militares y policías están consolidados, forman parte del contrato social de los argentinos". Pero "hay otros aspectos económicos del genocidio que deben ser investigados" porque tienen que ver "con los grupos económicos que promovieron interesadamente el terrorismo de estado. El bloque de la dictadura estuvo integrado, no sólo por militares, sino también por grupos concentrados y sectores eclesiásticos", explicó.

La investigación pendiente ﷓insistió Tessa﷓ es "a los cómplices civiles del genocidio y delitos de lesa humanidad en la provincia". "A los grupos económicos que promovieron y bancaron a la dictadura y en muchos casos denunciaron a sus propios trabajadores y delegados de fábricas que fueron presos y desaparecidos. Eso pasó en Santa Fe y es lo que falta saber", concluyó Tessa.

A la semana de la media sanción, el proyecto ingresó al Senado, que lo despachó a dos comisiones: Derechos Humanos y Asuntos Constitucionales. La comisión de Derechos Humanos que preside el senador Enrico lo recibió el 1º de diciembre de 2014, pero nunca lo consideró ni emitió dictamen, a favor o en contra. Lo guardó en un cajón más de un año, durante todo el 2015 y los meses que van de este período extraordinario, lo que significa que si el gobernador no habilita su tratamiento, la media sanción caducará el 1º de mayo y terminará en el archivo.

Fuentes de la Legislatura atribuyeron el atraso a que la comisión de Derechos Humanos casi no se reúne por el faltazo de sus integrantes: los senadores del PJ, José Baucero, Ricardo Kaufmann, Rubén Pirola y Hugo Puchetta y el radical Felipe Michlig, que preside el bloque de la UCR.

En el debate de la ley del Archivo Provincial de la Memoria, el diputado Carlos Del Frade insistió en la necesidad de investigar a los cómplices civiles de la dictadura en la provincia. Y propuso crear una comisión "aunque sea sólo integrada por diputados". "Las complicidades civiles se dieron en las empresas y en otros factores de poder como la Iglesia. Esa es la investigación pendiente que se tiene que llevar adelante en Santa Fe", dijo el legislador. Y recordó que "un hombre vinculado a la dictadura como Juan Carlos Mercier, durante muchos períodos (como diputado y luego senador por La Capital) burló y gambeteó la necesidad de investigar cómo estos cómplices civiles auspiciaron el genocidio".