Hoy se cumple un nuevo aniversario de la sanción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y es imprescindible retomar el debate y la acción en defensa de nuestros pibes, y sobre todo, de su educación y su salud. El surgimiento de derechos particulares y subjetivos ha producido una sociedad de "fragmentos" y como situación correlativa, una verdadera "inflación" de derechos en donde cada grupo pretende exteriorizarse presentando sus reclamos como "los" puntos prioritarios en la agenda de preocupaciones públicas.

La infancia y la adolescencia como categorías sociales, tienen una limitación constitutiva que es la de no poder auto representarse política y socialmente. Por lo tanto, en la mesa de negociaciones, los niños, niñas y adolescentes no tienen un sindicato, ni un partido político que defienda sus derechos. La infancia no "ocupa" ningún rol social en la "pelea por los recursos", no puede intervenir en el debate productivo estratégico, ni puede organizar piquetes para tomar un determinado espacio público para reclamar por sus postergadas necesidades. Como los niños, niñas y adolescentes no tienen "poder", el destino de sus derechos es frecuentemente un dramático silencio. O aún peor, en variados conflictos sociales, niños, niñas y adolescentes son tomados como verdaderos "rehenes" estratégicos desde donde se los "usa" como factor de presión en la lucha por derechos que les son ajenos. Ese carácter ajeno es muy real para ellos y ellas, pues casi todas las limitaciones en infraestructura social básica, particularmente las sanitarias y educativas, los perjudican directamente.

Asimismo, muchos sectores demandantes de mejoras sectoriales, deben ser convencidos de que, mayores salarios deben ser directamente proporcionales al incremento de la eficiencia del sistema de salud pública o al mejoramiento de la calidad educativa, ambos temas dramáticamente ausentes del debate acerca de la "reciprocidad salarial", y la "eficiencia de la gestión". Y más cuestionable aún es la utilización desde el Estado Provincial, de la "explicación de insensibles", para argumentar el traslado de las responsabilidades de su propia impericia, hacia sectores menos responsables, pero igualmente carentes de originalidad, para impulsar acciones gremiales que no perjudiquen a los chicos. Con el argumento de la "lucha justa" no hay ningún "espíritu crítico", para reconsiderar una metodología de lucha que, con el argumento de un "asambleísmo" no manipulado, oculta muchas veces un insuficiente interés sobre el presente y el futuro de nuestros pibes.

Aclaremos también, que los derechos de la infancia son primarios: ellos y ellas son los verdaderos "titulares" del derecho a la educación y la salud, y no son "representados" por ningún espacio sindical, ni por ninguna fuerza política. Por tanto, los trabajadores de la salud y la educación cualquiera sea su nivel, tienen el legítimo derecho, a percibir un salario digno por un servicio público que prestan, pero siempre su legítimo derecho deberá ser "subsidiario" de los derechos principales que deben ser resguardados, y que son los de la educación y de la salud. La dirigencia política está en la misma situación, carente de iniciativas que impacten sobre la realidad y "protejan" los intereses reales de nuestros pibes.

La "fragilidad" constitutiva de la infancia como actor social, necesita ser colocada en un lugar político central para proteger sus derechos, con el compromiso de todos. Recordemos que el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional establece que la Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional. Dicha Convención establece en su artículo 3 inciso 1 que "en todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior del niño".

El tema de la infancia es una cuestión crucial de respeto a derechos efectivamente consagrados y no un asunto de compasión con niños, niñas y adolescentes, o de canalización de su situación sólo "festejando" el "Día del Niño", o el "Día de la Convención", o hablando en su nombre para defender intereses propios. Aunque vivamos en un orden jurídico en permanente "estado de excepción" la interrogación sustantiva de todos nosotros debiera ser: ¿Es posible abrir un espacio de consenso, practicando al menos para los niños y las niñas santafesinos, el "Patriotismo" que consiste esencialmente, en respetarlos, protegerlos y atenderlos, más allá de cualquier otro interés sectorial, sindical o partidario? Es imprescindible que busquemos soluciones, mucho más que responsables. Ningún espíritu humanista puede seguir tolerando en nuestra provincia, tanto abandono, y tanto desinterés para con ellos.

* Ex director y fundador de UNICEF Argentina. ** Diputado de la Provincia de Santa Fe.