El debate que provocó la presentación de un Pedido de Informe del diputado provincial del Frente para la Victoria Gerardo Rico exige algunas consideraciones que contribuyan a separar la diversidad de opiniones de las boberías del "fans club" de la impunidad santafesina.

Lagna, Spinozi, De Cesaris, Maguid, Gramajo, Mercier, Hammerly, el Fede o el Sobri, como si frente a ellos se levantara un gigantesco espejo, no se olvidaron a la hora de calificar a Rico de ninguno de los adjetivos peyorativos masculinos de nuestro más rico lenguaje oral y escrito. "Arribista", "oportunista", disfrazado", "funcional a", "falso", "mentiroso", "iluminado", "verdugo".

No soy peronista pero algo de su historia conozco, también algo del militante cuestionado, es por esto que algunos insultos lejos de indignar provocan risa por lo torpe y absurdo. Por ejemplo el "sobrino" (al que todavía nadie le explicó que Rodolfo Walsh no es el hijo de María Elena) llama "arribista" a Rico que arribó hace 38 años al "movimiento". Federico Reutemann hoy es "Justicialista" gracias al tío corredor que en "aquellos años" gustaba posar en las fotos con Lopez Rega. Ni hablar de Don Alberto que nada más y nada menos eligió la palabra "oportunista", quizás alguna distracción impidió que también acusara a Rico de "deshonesto".

Tampoco soy kirchnerista, y me la paso polemizando con los compañeros que sí lo son, en especial con la veintena de militantes peronistas (entre ellos Rico) que en Santa Fe promovieron el voto por el actual ex Presidente K cuando todo era en el justicialismo local Menem, Rodríguez Saá o variantes increíblemente peores. Aprovecho esta oportunidad para saludar y felicitar a ese grupo por su contribución a la derrota de Menem (y sus seguidores hoy enojados) y para seguir cuestionándoles fraternalmente el triunfo del "mal menor" a mi parecer.

Me expreso de esta forma y con esta libertad, a riesgo de ser tildado de "sapo (sapito) de otro pozo" en homenaje a esos encuentros periódicos en la calle con el militante Gerardo Rico ya sea reclamando por Justicia para los 30.000 desaparecidos, por Cambiaso y Pereyra Rossi, repudiando atentados y amenazas, acompañando luchas sociales, hechos que no borran las diferencias pero nos fortalece para seguir enfrentando genocidas, planes de hambre y las patronales.

El mismo encuentro en la calle se da con otro histórico militante peronista, funcionario del Ministerio de Gobierno durante la gestión de Reutemann: Osvaldo Turco. Es contradictorio, afortunadamente, poder reprocharle por un lado su responsabilidad como integrante de una gestión y con la misma fuerza "reprocharle" la dignidad que mantiene a la hora de denunciar a los principales responsables políticos de la masacre de diciembre del 2001: Carlos Reutemann y Enrique Alvarez como claramente lo ha expresado ante la Comisión Investigadora No Gubernamental y públicamente desde hace seis años.

Es necesario comprender que este no es un problema de un legislador, ni de un militante. Ni siquiera debe circunscribirse al debate sobre la impunidad de los responsables políticos de la masacre de diciembre. Es realmente peligroso para la vida democrática y el funcionamiento de la Legislatura la reacción virulenta, intolerante y reaccionaria de este grupo exigiendo silencio, olvido y complicidad a sus pares y a la sociedad ante algunos temas y realidades que siguen desgarrándonos a todos, mas allá de la pertenencia partidaria.

En cuanto al proyecto en particular es importante remarcar que:

De la Rúa, Reutemann, Alvarez, Lorenzo Domínguez y los altos mandos policiales deben ser juzgados por su responsabilidad política en la masacre y la represión. El actual funcionario de Seguridad Oscar Biagioni (Logística), integrante de la gestión de Enrique Alvarez, debe ser removido de inmediato de su cargo. Su permanencia en la actual gestión socava la autoridad y la credibilidad de quienes manifiestan compromiso con la Justicia y un verdadero cambio en la provincia.

Es necesario reconocer como sociedad que las causas sociales y económicas que originaron los hechos de diciembre del 2001 siguen vigentes y por lo tanto es urgente atender y responder a las demandas populares, desterrando las concepciones de "mano dura" y criminalización y descalificación de las protestas populares.

* Secretario General Adjunto ATE Rosario