OPINIóN
› Por Claudia Saldaña*
Hace más de 60 años comenzaba en nuestro país una etapa histórica que modificó profundamente la estructura social y económica, y construyó las bases de un proyecto de Nación para posibilitar el acceso a una vida digna a todos los argentinos. La salud, la educación y el esparcimiento se convirtieron en la base de la inclusión social para los hijos de los trabajadores, cuyo aseguramiento permitiría por fin la igualdad de oportunidades con los demás sectores sociales.
Todos sabemos como terminó esta extraordinaria experiencia. Con muerte, destrucción y proscripción se dio comienzo a una larga etapa de retroceso económico y social, matizado con muy pequeños períodos de intentos de cambio. La culminación fue la atroz dictadura del '76, que no solo sentó los nuevos paradigmas neoliberales en lo económico, sino que terminó con la vida de los más esclarecidos luchadores.
De ahí en adelante, el empeoramiento de las condiciones de vida de la población fue constante, aún con los gobiernos democráticos. La aplicación a rajatabla de las políticas económicas ordenadas por el poder imperial, llevaron a la pobreza más extrema y a la miseria a casi la mitad de la población. En medio de semejante desatino, los más perjudicados han sido siempre los niños, adolescentes y jóvenes, que sumaban a la desnutrición, la marginación y la exclusión los terribles resultados del abandono escolar, el trabajo infantil, la drogadicción y el delito. El ahondamiento de esas condiciones produjeron, por los largos períodos de aplicación, varias generaciones de familias que no han conocido otra vida que la más paupérrima de las miserias.
Como único método del Estado para enfrentar esa realidad se apeló a la represión o se alimentó, mediante la corrupción de la justicia y su brazo represor, la policía, la exacerbación del delito y de su escuela impar: la cárcel. Allí termina por cerrarse este círculo perverso de muerte donde los más jóvenes son los principales actores y víctimas.
El Instituto de Rehabilitación de Adolescentes de Rosario (IRAR), es un espejo más que claro de ese proceso de degradación que produjeron las políticas económicas y sociales aplicadas durante tanto tiempo. Y cuando más se necesita abordar este tema desde lo humano y lo social, mediante políticas generadoras de trabajo e inclusión, en la Provincia se profundiza el abandono total de estos chicos a su suerte, nunca tan cruelmente visto como el "dejar hacer" del Servicio Penitenciario, con el resultado de tan triste final.
Nada va a cambiar con más brutalidad, violencia y muerte. Quienes así lo sostienen sólo son capaces de mirar su propio ombligo.
El Irar es uno de los tres institutos de régimen cerrado para adolescentes que tiene la provincia. En la actualidad cuenta con una capacidad para 50 internos (hay 36 alojados), con dos aulas para escolaridad primaria y dependencias recreativas.
Un joven de 17 años de nombre Claudio fue agredido ferozmente el martes 10 de marzo en dicha dependencia. Después del hecho, la jueza María del Carmen Musa ordeno la separación de tres guardias, luego señaló que "tampoco dice el ministro de justicia Superti por qué la jueza Carolina Hernández hizo lugar a un hábeas corpus correctivo. Parece que hubiera una confabulación en su contra. Cuando yo tengo chicos que relatan golpizas y la doctora Hernández constató situaciones indignas de habitabilidad en el lugar. La cautela está en tener a los chicos privados de la libertad, pero no siendo sujetos de golpes y humillaciones".
La violenta agresión de esos jóvenes del IRAR no sólo es culpa de ellos mismo y de los custodios del Servicio Penitenciario, sino del Gobierno provincial, absolutamente inútil en su conducción de esa fuerza policial e incapaz de haber mejorado aunque sólo sea un poco las condiciones macabras de las vidas de estos "casi" niños, a pesar de tantas promesas.
*Diputada provincial Frente para la Victoria.
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