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El Ejecutivo municipal ha tomado nota en estos días del reclamo de los empresarios de la construcción de Rosario, que no vacilaron además en enviar en una marcha al Palacio de los Leones a los propios albañiles de la Uocra a la hora de reclamar más flexibilidad para poder construir. El municipio está dispuesto a ceder, y el sindicato que nuclea a los trabajadores está más preocupado por caerle bien a los empresarios que por exigir -entre otras cosas mayores normas de seguridad en una ciudad que está al borde del récord de tragedias desde los andamios.

Con una serie bien hilvanada de eufemismos, el poder administrador de la ciudad, ha cedido. Se le pueden dar todas las vueltas, analizar la crisis, ver si es mejor o peor tener más o menos cocheras, o decir que el Concejo en realidad se ha excedido en sus pretensiones reglamentaristas. El Ejecutivo ya cedió, y va a seguir haciéndolo en este tema en sucesivas reuniones.

Los empresarios de la construcción no son diferentes de otros empresarios, quieren mejores condiciones no para hacer mejores edificios o para brindarle a la ciudad un diseño urbanístico del que pueda estar orgullosa. Quieren mejores condiciones para tener más ganancias, eso significa ser empresario. Por eso es tan difícil de explicar los alcances de la "responsabilidad social empresaria". El Estado, por su parte, está para regular, poner freno a este motor incesante de generar divisas que son las estructuras empresarias. Es cierto, en el medio están los empleados y sus posibilidades de mantener el trabajo o, mejor aún, de incrementar el número de trabajadores del sector. Ningún Estado quiere empresarios que no ganen dinero, pero es una zona demasiado gris, a veces un poco oscura, hasta dónde resigna el poder administrador en beneficio de los trabajadores sin alterar las cuestiones sociales.

Respecto de la crisis que ha frenado la construcción en Rosario, hay cuestiones que por lo menos habría que profundizar un poco más. Primero que nada si es cierto y hasta dónde cayó la actividad y si cayó porque el pico ya pasó y no se puede estar permanentemente construyendo, o si el freno se debe efectivamente a la cautela de los inversores frente a la crisis y por el "duro" Código de Edificación que aprobó la ciudad. Hay que convenir que es difícil explicar que si me dejan construir lo que yo quiero, de la manera que quiero y en el lugar que quiero, voy a generar mucho más empleo y esto será beneficioso -temporalmente- para los trabajadores ocupados; pero quizás genere un perjuicio urbano -permanente- para el resto de la sociedad. Así de delicada es la ecuación.

Además, los empresarios del sector han demostrado su oposición a un código más regulado desde que comenzó el debate en torno del mismo. Sólo hay que buscar los recortes de aquellos días y ver las cosas que se decían del nuevo ordenamiento. Nadie cree que esas reglamentaciones sólo se hayan endurecido frente al aluvión de cuchara y cemento que se veía por toda la ciudad. En rigor, un código de edificación mira hacia adelante y se interroga qué tipo de ciudad quiere para el futuro. ¿O ya se olvidó el debate por Pichincha, una lucha sin cuartel en las alturas?

La construcción conlleva un concepto de permanencia que hace que no se puedan tomar medidas a la ligera y pensando sólo en el interés del momento. Un auge constructivo en una zona determinada puede originar en un futuro cercano una pérdida de valor en la zona por la cantidad de edificios, sus grandes conos de sombra, su avance sobre la calidad de vida que tenía ese barrio.

No es lo mismo cuando el Estado genera una serie de beneficios para empresas que intentan radicarse en una zona determinada y hay otros lugares que compiten por esos cientos de empleos directos, y otros tantos indirectos que se van a generar. Esa empresa no termina un trabajo y se va, sino que sigue generando recursos, empleo y beneficios para la zona después de muchos años de radicación. Un edificio que termina, termina y ya no hay más nada que pueda generar a excepción de departamentos que una escasísima porción de la sociedad podrá adquirir para vivienda, y que en su mayor parte serán refugio de inversores.

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