Esta vez el verano no marcó una pausa. La asunción de los nuevos diputados -entre ellos Hermes Binner y Agustín Rossi- que adquirieron gran protagonismo en los primeros debates parlamentarios, los problemas propios de la estación -agravados por la desinversión en la EPE- y el abandono de la concesión de Aguas Provinciales, prolongaron el 2005 hasta vencido el primer mes de año nuevo en el que se produjeron novedades impropias de las vacaciones.

Recién mañana se reintegra a su despacho el intendente Miguel Lifschitz, que deberá decidir -entre otras cosas- sobre la compra o no de acciones de la nueva empresa de agua del Estado.

Si bien desde que asumió este intendente, Hermes Binner ha sido no sólo prudente, sino obsequioso - "va a ser el mejor intendente de la historia" pronosticó- en el caso de Aguas, el anterior ocupante del Palacio de los Leones ya marcó la cancha: "Rosario no tiene que comprar acciones, la ciudad es acreedora, sería una nueva estafa", disparó el ahora diputado en un reportaje concedido a este medio la semana pasada. Es probable que Binner y Lifschitz ya hayan hablado del tema antes de que se oficializara el plantón del grupo Suez, pero si no fue así, la posición de Binner marca un punto de no retorno, que en el caso de no ser compartida por el actual intendente marcaría una diferencia profunda de cara al futuro político de ambos, pensado estratégicamente en conjunto.

Está claro que Binner opina desde la "comodidad" de no tener ni siquiera que hablar nunca con Jorge Obeid, cosa que no ocurre con Lifschitz que tiene que cuidar el vínculo institucional, como lo ha hecho hasta ahora y sin inconvenientes. Pero sucede que el tema "aguas" excede la temática municipal y Binner dispara desde su atalaya de futuro candidato a gobernador de Santa Fe, sobre un servicio público que volvió al Estado no por decisión política sino por descarte y fatalidad.

"Ni Hammerly ni el Enress son confiables", había dicho el socialista evitando cargar las tintas sobre Juan Venesia -nuevo titular de la S.A del Estado- pero advirtiendo sobre el perfil político y no técnico de la nueva gestión. Lógicamente se hace muy difícil integrarse a un directorio como el que propone la provincia en el que 3 de los 5 son elegidos por Obeid, el cuarto es un representante del gremio y el quinto el que represente a los intendentes que compren acciones. Para quien cuestiona la administración provincial es un absurdo integrarse a un directorio en el que las decisiones ya están puestas antes de empezar a discutir.

El caso más claro -y a la vez mas complejo- es el aumento de la tarifa. Antes de conformarse el directorio, ya se dijo que se incrementará al 35% el costo para los usuarios. Para empezar: ¿Por qué 35% y no 30 o 40%?. Y para seguir: ¿Quién y cuándo hizo el estudio de costos?

Si es por aumentar, los muchachos de la Municipalidad de Rosario no se van a asustar. Después del "saque" en la tasa que duplicó el anunciado por Assa, sería como si Drácula se asustara si se corta al afeitarse y ve una gotita de sangre.

En favor de los socialistas hay que decir que bancaron el aumento con explicaciones técnicas -que pueden ser compartidas o no- y que no se dio la contradicción que pudo verse en la administración provincial con el tema del aumento negado al concesionario.

Probablemente con el aumento de tarifa que se va a aplicar de ahora en más, Suez se hubiera arreglado. El gobierno dice que se lo ofreció -y de hecho fue así-, pero después de desatado el conflicto.

Más allá del retraso tarifario que argumenta el gobierno, hay una contradicción que parece insalvable: "No habrá aumento de tarifa, ni siquiera discusión hasta que no se hagan las obras comprometidas", era el latiguillo oficial, abandonado ahora por imperio de las circunstancias.

Rosario, como ninguna otra ciudad de las comprendidas en la concesión -que otorgó el gobierno de Carlos Reutemann horas antes de abandonar la Casa Gris- tiene derecho a exigir las obras comprometidas, algunas ya pagadas y todas necesarias.

Más aún, el tributo de los vecinos de la ciudad más importante de la provincia subsidió la realización de obras en las otras localidades, como lo reconoció el intendente de Esperanza -que a pesar de que se hicieron todas las obras- no quiere saber nada con integrarse a la sociedad con el gobierno provincial.

Las instrucciones del gobernador a Venesia contemplan la realización de las obras más importantes en Rosario, que seguirá siendo el mayor aporte y sostén recaudatorio. Pero primero vendrá el tarifazo que no dejará de ser tal porque haya sido anunciado o porque otros se hayan anticipado con reajustes más impactantes todavía.

En el caso de Rosario y la TGI, el municipio puede exhibir su Salud Pública, su red de contención social, su desarrollo en cultura y turismo y otras áreas que se verían beneficiadas con el incremento de la recaudación. Aunque hay un "buen pedazo" para rentas generales que no se lleva bien con los preceptos socialistas.

Con Aguas Santafesinas no ocurre lo mismo. La empresa antes, y el gobierno ahora hacen eje en la facturación. Con la nueva empresa debería desaparecer la rentabilidad como factor determinante. El Estado no tiene el lucro como objeto, y por lo tanto debería haber un margen mayor para mejorar el servicio. Para eso será fundamental un buen gerenciamiento y la definición del operador -que como la ley lo prevé, puede ser un privado-.

La nueva empresa podrá demostrar con la vuelta al Estado que la privatización -resistida hace un década por la oposición- no fue buena para los santafesinos. Amén del juicio pendiente -según Binner "se pierde seguro"- el modelo de gestión estará a prueba, y si bien hay ciclos históricos -breves pero evidentes- sería bueno recordar qué hizo cada quien en esta historia, sobre todo si en el 2007 aparece más de uno de los personajes de la década pasada postulándose para gobernar esta provincia.

No siempre hay segundas oportunidades. Sería un nuevo desatino desaprovecharla.