Un freno a la impunidad

Por Ana María Figueroa*

Después de 32 años de las graves violaciones a los derechos humanos por el gobierno militar en el período 1977/78 en los Centros clandestinos Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia, La Calamita y Fábrica Militar de Armas de Rosario y su zona, en los tribunales federales de la ciudad se inicia el debate oral, por medio del cual, se substanciará el juicio, se pondrán sobre la mesa las investigaciones y pruebas, para que los imputados de crímenes de lesa humanidad, reciban la sanción ejemplar que corresponda.

Si bien las audiencias comenzaron el 31 de agosto, recién el 21 de setiembre y junto con la primavera comenzó el contradictorio, al haberse terminado con las lecturas de las requisitorias y habiendo planteado los defensores oficiales de Guerrieri, Amelong, Fariña, Pagano y Costanzo - Abogados Grasso, Galarza Azzoni, González Charvay y Artola , las excepciones y nulidades, que se sumaron a los casi doscientos incidentes anteriores, repitiendo planteos que habían sido resueltos aún por la CSJN, los que fueron rechazados por el TOF1 que entiende en el juzgamiento.

De los imputados puede señalarse que siguen defendiendo el accionar, que fueron ejecutores, que debían poner "orden a los desordenados", que el juzgamiento para determinar responsabilidades y evitar la impunidad es contrario al porvenir, reclaman la aplicación de jurisdicciones castrenses, el cumplimiento de las leyes de obediencia debida y punto final, que se inaplica el derecho penal común, argumentan con los mismos discursos de la época, afirman la doctrina de la seguridad nacional.

Las abogadas que representamos a las querellas particulares Gabriela Durruty, Daniela Cinalli, Ana Oberlin, Nadia Schujman, Virginia Blando Figueroa, Lucas Ciarnello, Alvaro Baella y yo que también represento a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación , conformamos "las querellas", que si bien nos conocemos desde hace muchos años, por nuestra praxis en derechos humanos, tenemos además como elemento común, que todas somos egresadas de Universidades Nacionales y la mayoría de la UNR.

Por la Fiscalía Mabel Colalongo y Gonzalo Stara, argumentan y defienden el control de la legalidad y la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos.

En la 8ª jornada comenzaron las testimoniales de los sobrevivientes: Jaime Dri, quien reconoció a los imputados según los nombre de guerra que tenían al momento de su secuestro en la Quinta de Funes y Escuela Magnasco; el ex canciller Rafael Bielsa conmovió por la dignidad y solidaridad hacia los compañeros que compartieron cautiverio y hoy se encuentran desaparecidos, pudiendo identificar a varios de ellos por sus voces y apodos; Eduardo Ferreira que fuera secuestrado en Corrientes, detenido ilegalmente en La Calamita y liberado en Pergamino no sólo relató sus torturas sino que sacó de su bolsillo la soga y las vendas que llevaba cuando lo tiraron en un camino de chacra. Todos relataron la convicción de que no saldrían con vida, la sistematicidad de las torturas, los padecimientos, las circunstancias, por lo que fue muy claro, que nadie podrá olvidar esa trágica etapa de nuestra historia.

También pasaron expertos que por sus saberes específicos pudieron ilustrar, entre ellos el Coronel Horacio Ballester del Cemida, quien explicó la doctrina francesa y de la seguridad nacional, cómo se desarrolló en el Cono Sur, dejando en claro que no hubo una guerra de baja intensidad, que no deben cumplirse órdenes ilegales, que también son subversivos los militares que se alzan contra la Constitución; Pablo Feldman como periodista y por las notas publicadas en Rosario/12, entrevistas realizadas por José Maggi al imputado Costanzo, donde relata lo que reafirmó en el juicio, dando datos, nombres, funcionamientos de CCD, enterramientos, desaparecidos, circuito de los ilícitos; el periodista del diario Clarín Daniel Santoro se refirió a un trabajo de investigación tomando como base la desclasificación de información del Servicio Secreto de México de 1978, en oportunidad que detuvieron a Amelong en dicho país, cuando había ingresado para eliminar a la cúpula montonera y Juan Carlos Nobile del Equipo Argentino de Antropología Forense, quien ilustró con medios audiovisuales las investigaciones, analizó que entre los años 76 al 79 se dieron las mayores cantidades de ejecuciones sumarias y desapariciones, poniendo de manifiesto lo mucho que falta por hacer.

La investigación, enjuiciamiento y sanción a los responsables a las graves violaciones a los DH, que de manera sistemática torturaron, privaron ilegalmente de la libertad, aplicaron torturas, ejecutaron sumariamente, desaparecieron personas, cometieron crímenes de lesa humanidad, es la única respuesta posible en un país civilizado, con la convicción que la impunidad no oculta los crímenes, sino los agiganta, configurando un legicidio intolerable.

*Doctora en Derecho. Abogada por la querella Secretaria de Derechos Humanos

Pruebas sólidas para una condena

Por H.I.J.O.S. Rosario*

Nueve jornadas quizás es poco tiempo para realizar un balance, sobre todo cuando el hecho a desmenuzar es un proceso histórico del cual deberá pasar mucho tiempo para saber cómo impactará en nuestra sociedad. Pero podemos mencionar algunas cuestiones relevantes del transcurso de este esperado juicio oral y público.

Debemos decir por ejemplo que la metodología de las audiencias no responde a prácticas que tiendan a una reparación verdaderamente integral de las gravísimas violaciones a los derechos humanos allí juzgados, tanto para las víctimas como para los familiares que asisten a las mismas.

Sumado al pequeño lugar de la sala de audiencia del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, tema del que se viene hablando hace meses, los concurrentes deben soportar malos tratos del personal de Gendarmería que custodia el interior del edificio de los tribunales federales. Hemos llegado a presenciar cómo un efectivo de Gendarmería ordenó colocar delante de una Madre de Plaza de mayo de 85 años de edad a otro personal de la misma fuerza por considerar que le estaba viendo las anotaciones al imputado Amelong.

Pero también debemos decir, en relación a la valoración de las pruebas producidas hasta ahora en el marco del juicio, que se viene construyendo un marco probatorio muy sólido para poder arribar a la condena de los cinco imputados por los delitos cometidos.

Si bien todos los testimonios ofrecidos hasta el momento han sido muy significativos y precisos, merece una mención especial la declaración de Jaime Feliciano Dri, el único sobreviviente de los militantes que estuvieron secuestrados en los centros clandestinos de detención "Quinta de Funes", "Escuela Magnasco" y "La Intermedia", uno de los principales testigos en la causa.

En la audiencia en que dio su testimonio, Dri pudo enfrentar personalmente a los represores de estos centros clandestinos, y reconocerlos en el mismo recinto donde se desarrolla el juicio, lo que constituye una prueba relevante, ya que es posible confrontar los apodos usados por los captores con sus verdaderas identidades. También les pidió que digan "dónde están nuestros compañeros".

Asimismo, brindó un testimonio minucioso y en absoluta consonancia con las declaraciones realizadas tanto en la instrucción de esta causa como en anteriores oportunidades. Con envidiable precisión política y como respondiendo al reclamo que el imputado Daniel Amelong manifestara por intermedio de su vincha -la cual rezaba "legalidad" , expresó: "Nosotros crecimos en la legalidad del golpe contra Irigoyen, del bombardeo a Buenos Aires en 1955, de la proscripción y la persecución a los obreros peronistas ¿De esa legalidad es que hablan?" "Milité en la JUP, fui electo diputado por el Frejuli, vino el golpe y se terminó la legalidad, como en el 30, 55, 66, y 76. Hemos vivido regímenes ilegales que sortearon la Constitución Nacional y las leyes de la república. En ese marco y en mi militancia como peronista, se cierra la legislatura, dejo de ser diputado".

En la misma línea que aquellos perseguidores del 55 ubicó luego a los militares y policías que lo mantuvieron cautivo y que "trabajaron para los Martínez de Hoz, los Krieger Vassena, los mismos sectores que hoy no pueden dar un golpe de Estado pero bloquearon las rutas y tiraron leche".

Son sólo cinco los represores imputados en este juicio, el ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex teniente Juan Daniel Amelong, el ex mayor Jorge Fariña, y los agentes Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Tres militares y dos civiles. Sólo cinco entre tantos personajes que integraron la inmensa maquinaria del terrorismo de estado que militarmente vino a barrer con la resistencia al plan político económico de José Martínez de Hoz y los grupos de poder locales y multinacionales. Esta bien, son sólo cinco represores, pero son los primeros cinco.

A la luz de los testimonios que se van conociendo por estos días, cuesta más que nunca creer que esos cinco militares enjuiciados hayan estado libres hasta hace muy poco tiempo. Cuesta casi tanto como pensar que vuelvan a estarlo luego de este juicio.

*El equipo jurídico de H.I.J.O.S. integrado por Ana Claudia Oberlin, Nadia Schujman, Alvaro Baella y Lucas Ciarnello.

Posibilidad histórica

Por Gabriela Durruty y Daniela Asinari*

Durante la vigencia del estado terrorista, la aplicación de un plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición de personas, apropiación de niños y saqueo generalizado fue política de estado. Durante los gobiernos que se sucedieron desde advenimiento de la democracia, la impunidad de aquellos delitos también fue política pública. El camino para desandarla en nuestra ciudad comenzó en los mismos albores de la democracia, cuando un grupo de sobrevivientes y familiares comenzaran la causa Feced. Luego fue necesario luchar contra la complicidad judicial claramente manifestada por un vergonzante robo de expedientes desde el propio Tribunal Provincial, las leyes de impunidad y los indultos. A partir del año 2003 comienza a desmoronarse el andamiaje jurídico que impedía el accionar de la justicia, y al amparo del Derecho Internacional de los DDHH llegamos a los primeros juicios en la provincia, Guerrieri en Rosario y la emblemática causa Brusa en Santa Fe.

Durante el transcurso de las pocas audiencias que se desarrollaron resulta insoslayable el impacto producido por los valientes testimonios prestados, que acreditan a estas alturas tempranas del proceso, la veracidad de los hechos denunciados. Jaime Dri manifestando su conocimiento de los imputados en la sala de audiencias, el Coronel retirado Ballester dando cuenta de la entereza de un militar de la democracia, Ungé Ferreira aportando un conmovedor relato de su cautiverio ilegal que pone de relieve la existencia de un plan coordinado dado su paso por distintos centros clandestinos de detención en varias provincias, presentando al tribunal las vendas y la soga con las cuales lo sujetaron, como muestra cabal de la infamia. Rafael Bielsa pidiendo mirar a los ojos a quienes enfrentan la acción de la justicia.

Todo ello ocurrió en el marco de un juicio oral y público acorde los preceptos constitucionales, respetando el derecho de defensa que les fue negado a una generación de valientes que dio su vida por un país mejor. Los más de 20 planteos introducidos por las defensas como cuestiones preliminares, todos ellos rechazados por el Tribunal Oral Federal 1 así lo demuestran.

Estamos ante la histórica posibilidad de cumplir, al menos en parte, con la responsabilidad asumida por el estado argentino frente a la comunidad de las naciones cumpliendo con el mandato legal de investigar y sancionar estos crímenes que ofenden a la condición humana.

Falta mucho por recorrer, no comenzamos siquiera a desplegar toda la prueba aportada por la acusación, pero estamos seguros de que el camino solo puede finalizar con un resultado ejemplar: el debido juicio y castigo a los culpables.

*Abogadas querellantes.