Es hora de poner como prioridad en el centro del debate, y de una vez por todas, el diseño de estrategias de abordaje al principal problema que tienen el país y las provincias: la pobreza. Y en ese sentido se hace urgente reconocer como principal destino de políticas públicas, la atención de los seres más indefensos e inocentes de nuestra sociedad: los niños pobres, indigentes y excluidos.

Está al alcance de nuestra mano la posibilidad de dar un cambio cualitativo a la problemática, si es que los adultos nos hacemos cargo de que todos los chicos son los hijos de nuestro pueblo y que, lo que hagamos por ellos hoy repercutirá en la calidad de vida que tendrán los jóvenes de mañana, pertenezcan a la extracción social que sea.

Primero hay que plantearse la problemática como prioridad excluyente de la agenda pública. Después, si consensuamos que garantizar los derechos de todos los niños y niñas a alimentarse, vestirse y educarse, es lo más urgente, no habrá escusas para desarrollar estrategias de intervención pública de corto, mediano y largo alcance.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) -propuesta largamente trabajada y reclamada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)?- es una herramienta inmediata, que para ponerla en funcionamiento sólo requiere de la voluntad de todos los sectores políticos, fundamentalmente de aquellos que tienen representación parlamentaria.

Todos los trabajadores en blanco reciben en su sueldo, en el rubro de las asignaciones familiares, una suma de dinero por hijo. Por ejemplo: para quienes ganan hasta $ 2.400 la asignación por hijo es de $ 135. La AUH es una propuesta que se plantea justamente para los trabajadores informales y los desocupados -que por supuesto no poseen ese ingreso-, y tiene como objetivo poner en un plano de igualdad a todos los niños menores de 18 años de nuestro país, mediante un aporte estatal universal que debería rondar por estos días los $ 150.

La Asignación Universal por hijo estipula además una contraprestación que se "paga" contra la certificación de cobertura sanitaria de los chicos y de su asistencia a la escuela. Esta política pública no sólo debe plantearse en el Estado nacional, sino que las deben poner en práctica también las provincias. De hecho algunas, como Buenos Aires, ya están haciéndolo. Santa Fe no debería ser la excepción, y tendría también que desarrollar herramientas que complementen las AUH nacionales, implementando un sistema similar al del estado bonaerense. Claro que para financiar una propuesta de ese tipo abría que encarar la demorada reforma tributaria provincial. Es sabido que para abordar el tema de la pobreza, hay que redistribuir riqueza, y la modificación del regresivo y desactualizado sistema impositivo santafesino es ineludible en ese sentido.

La resolución integral del problema de la pobreza es, claro está, de carácter estratégico y debe ser parte de un proyecto de sociedad igualitaria cuyo comienzo coincidiremos en señalar en la distribución justa de la riqueza. No obstante ello, la emergencia social que abarca una importante porción de nuestros compatriotas requiere de una asistencia como la de la AUH, que no por insuficiente y coyuntural se hace menos necesaria.

* Diputado Provincial del Frente Progresita