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El miércoles 30 de diciembre por la tarde entraron desconocidos en el domicilio que Josefina "la Tana" González comparte con su esposo Federico Reynares. Burlando la custodia que el Programa de Protección de Testigos de la Provincia instaló en la casa, revolvieron cajones y expedientes, dejando inconfundibles mensajes intimidatorios y evidencias no menos elocuentes que llevan a descartar el robo como móvil del delito. Tanto la modalidad mafiosa del procedimiento como la singularidad de las personas a quienes fue dirigido y la oportunidad en que tuvo lugar, reclaman una investigación exhaustiva por parte de la Justicia Federal, en cuya órbita se sustancian los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

Josefina González es querellante en la causa "Díaz Bessone, Lofiego, Vergara, Marcote, Scortechini y Chomicki s/homicidio, violación y torturas" (ex causa Feced). En julio de 1976, con cinco meses de edad, fue secuestrada junto a su hermana y su madre, quien fuera asesinada meses después, tras interminables sesiones de tortura en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía. Josefina además trabaja en la Fiscalía que investiga, entre otros, los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese Centro Clandestino de Detención. Federico Reynares, en su carácter de Secretario del Ministerio Público, participó en la instrucción de la megacausa Feced, cuya primera parte, ya elevada a juicio, involucra a más de noventa víctimas. Las audiencias orales y públicas comienzan en abril, y dada la magnitud de los crímenes que abarca y el número de testigos involucrados, difícilmente termine este año.

Este episodio se produce al terminar un año en el que más de tres decenas de represores fueron condenados por diversos Tribunales Orales en nuestro país, mientras se espera que esa cifra se multiplique durante el año en curso. El primer juicio oral de nuestra provincia la causa Brusa, en la ciudad capital terminó con condenas ejemplares. En febrero seguramente se escucharán en Rosario los alegatos en el juicio Guerrieri Amelong, y habrá pedidos de pena máxima para los imputados.

No nos cabe ninguna duda de que este acto intimidatorio, tanto como el perpetrado casi en simultáneo en la Secretaría bonaerense de Derechos Humanos se inscriben en un escenario nacional de avance en el enjuiciamiento de los genocidas, con la consiguiente desarticulación de los enclaves autoritarios, en el marco de la política de derechos humanos que sostiene con firmeza el gobierno nacional. Invitamos a todas las instituciones comprometidas con la democracia a hacer explícito su repudio a las acciones de estos grupos minoritarios.