Viernes, 30 de abril de 2010 | Hoy
Por Sonia Tessa
Después de una larga pelea que por momentos pareció imposible de ganar, ayer se derogaron los tres artículos del Código de Faltas provincial que penalizaban la prostitución callejera y el travestismo. Esta norma brindaba a la policía herramientas para extorsionar a las trabajadoras sexuales. Demasiada agua pasó debajo del puente desde que la dirigente de Ammar Rosario, Sandra Cabrera salió a pelear por esta conquista, en 2002. El asesinato de la sindicalista, el 27 de enero de 2003, obligó a su comadre, Claudia Lucero, a recoger el guante y seguir la pelea. Ayer a la tarde, la secretaria general de Ammar todavía no podía creer que se hubiera logrado.
Conquistas políticas de esta magnitud van mucho más allá de sus artífices, pero es bueno recordar que Eduardo Di Pollina presentó un primer proyecto, en soledad, apenas se reunió con Sandra Cabrera. Y sobre todo, la tenacidad de la autora de la última iniciativa, la diputada provincial del Partido Socialista, Lucrecia Aranda, para lograr la media sanción en Diputados.
La derogación de esos tres artículos tendrá un efecto concreto sobre la vida de las mujeres que trabajan -la mayoría de las veces por su cuenta y riesgo- en la calle. Ellas no tendrán que pagar más peaje, el mismo que muchas veces la policía les cobraba en connivencia con los dueños de los prostíbulos, mal llamados boliches, para despejar la zona de competencia. En la Argentina no está prohibido el trabajo sexual, pero sí la explotación, desde 1957, cuando la Argentina adhirió al Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Pero los proxenetas gozan de protección estatal, y las trabajadoras sexuales son perseguidas. Es impactante escuchar los relatos de Lucero y otras integrantes de Ammar sobre las reiteradas detenciones que sufrían como parte de la política de hostigamiento y extorsión.
Por eso es increíble que un juez de Faltas de Santa Fe, Héctor Valli, haya dicho que esta modificación iba a convertir a la provincia en un prostíbulo. ¿No lee el juez los avisos clasificados con servicios para el hombre y la mujer que ocupan páginas y páginas de los diarios todos los días? ¿No conoce los avisos que incluso se leen en las páginas oficiales, de boliches o confiterías, que en realidad son prostíbulos?
Algunos argumentan que esos lugares existen porque hay mercado. También se hablaba de moral y buenas costumbres para mantener los tres artículos del Código. ¿De qué moral y qué buenas costumbres? ¿Aquella doble moral que obliga a mantener silencio sobre situaciones naturalizadas y aceptadas por la mayoría? Los cambios culturales son lentos, pero es importante dar los debates, para que no quede basura debajo de la alfombra.
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