El 29 de marzo el asesinato más cruel y sangriento a una compañera militante de derechos humanos se sucedía en la ciudad de Rafaela. Inmediatamente viajamos hacia allí. Nos sorprendimos un poco al no ver ningún operativo policial en las rutas de acceso y salida a la ciudad que intentara impedir la fuga de los asesinos. Cuando llegamos a lo que fuera la escena del crimen, a escasas horas del asesinato, el lugar no tenia las fajas de seguridad que suele dejar la policía de investigaciones, tampoco un vallado perimetral, ni nada que hiciera suponer un procedimiento de los que habitualmente se realizan ante un asesinato.

Hablando con los familiares nos enteramos que las breves pericias policiales se sucedieron en una escena plagada de curiosos y que la misma policía le habría pedido a ellos la familia que busquen el arma homicida y que limpien el lugar. También supimos que ninguna autoridad judicial se había hecho presente, por lo cual inmediatamente junto a los hijos de Silvia nos presentarnos ante la fiscal.

Todo esto lo vimos los militantes, amigos y compañeros, pero también deberían haberlo notado los funcionarios del gobierno provincial, que si bien no tuvieron la iniciativa de poner a disposición de la familia sus conocimientos jurídicos, estaban presentes en esos momentos, -cumpliendo con su trabajo-, según los dichos del Dr. Jorge Pedraza, Director de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica. No nos explicamos cómo todas esas burdas "desprolijidades" cometidas por la fuerza policial quedaron inadvertidas para la Secretaría de Derechos Humanos.

Las comunicaciones personales on line que dice mantener el Dr. Pedraza con el Jefe de la URV de Policía, Juan Mondino no constituye evidencia, ni presume un correcto desempeño del accionar policial ni la resolución del caso.

Este mismo funcionario en sus afirmaciones periodísticas, descarta el móvil político del asesinato de Silvia Suppo.

Ambas declaraciones, fueron el detonante para que los hijos de Silvia Suppo decidieran renunciar al Programa de Protección de Testigos, entendiendo que esa actitud es incompatible con garantizarles la protección.

Resulta inexplicable que el mencionado funcionario público elogie el trabajo de los efectivos policiales cuando, lamentablemente, la policía de Rafaela: No encontró huellas en el lugar del hecho ni siquiera las de Silvia Suppo , no dio con testigos que reconocieran a los imputados,

ni siquiera detuvo a los actuales imputados, ya que lo hizo la policía de Santa Fe, no pudo encontrar al remisero que trasladó a los presuntos asesinos hasta la terminal de ómnibus, cuando la justicia encontró al remisero, lo citó ilegalmente a declarar en la comisaría antes de hacerlo delante del juez, no le dio a la justicia el video de las filmaciones que la Concesionaria de la Terminal de Omnibus de Rafaela les entregó.

Por esto decimos que las declaraciones que salieron a dar el Ministro de Seguridad Gaviola y el Dr. Pedraza, sólo pueden redundar en una cosa: impedir y/o entorpecer la investigación a fondo del asesinato de Silvia Suppo. En tanto de ellas se desprende que el gobierno ignora o encubre la falta de seriedad, o la corrupción o la connivencia policial en un asesinato donde las sospechas de motivaciones políticas no pueden ser descartadas.

Por todo lo expuesto, los abajo firmantes seguimos luchando y exigiendo: Esclarecimiento ya! del asesinato de Silvia Suppo.

* Abogados. Marina y Andrés Destéfani Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo Rafaela H.I.J.O.S. Regional Santa Fe. Valeria Silva, Sebastián Suárez, Héctor César Gómez, Vilma Gómez Denunciantes y Querellantes causas en Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe. Y siguen las firmas.