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El Concejo Municipal avanzó en esta semana en dos temas que vuelven a poner al cuerpo en una dinámica de cogestión con el Ejecutivo que conduce Miguel Lifschitz, y lo ubican en la discusión estratégica de la ciudad. Tras la "batalla del cucurucho", en la que por unanimidad cedieron terreno a las ambiciones de los heladeros rosarinos que no aprendieron a competir y que ya volvieron a "cartelizar" el precio del kilo de cara a la temporada estival; los ediles comprendieron que hay otras regulaciones que sí revisten importancia y que implican -no sólo el aspecto comercial sino también una mirada que intenta dar respuesta a intereses colectivos.

En ese marco, regularon la instalación de estaciones de servicio en la ciudad que de ahora en más no podrán estar ubicadas a menos de diez cuadras una de la otra. Es para beneficiar a las llamadas "de bandera blanca" que veían sucumbiendo ante los grandes monstruos de las naftas. La regulación tiene el antecedente de las farmacias, rubro en el que también están estipuladas las distancias. Está claro que -o al menos debería estarlo para quienes se dedican a dictar normas no es lo mismo comercializar combustibles, medicamentos o helados.

El otro tema en el que los concejales han demostrado estar dispuestos a un debate profundo, estratégico y vital para lo intereses comunitarios es el de los barrios privados o cerrados en el ámbito de la ciudad. La iniciativa presentada por los jóvenes de la agrupación Giros reunió 15 de 22 firmas en el recinto, con lo que quedó claro que la decisión mayoritaria fue habilitar al menos la discusión. El punto central de la polémica se podría simplificar así: Quedan pocas tierras urbanas en Rosario, ¿qué decisión política tomará la administración frente a ello? ¿habilitará emprendimientos inmobiliarios de gran escala donde las mejoras que incorporan los responsables privados son para ese propio barrio? O, por el contrario ¿va a disponer que en esas tierras se habiliten planes de viviendas para sectores medios o medios bajos sin acceso al crédito?. No es una discusión menor en una ciudad que tiene un déficit habitacional enorme.

Otro tema se cuela allí en la discusión y es el de la "plusvalía urbana", planteada por esta situación de las grandes obras públicas de saneamiento que después terminan valorizando tierras que comercializan y adquieren pequeños sectores para beneficio propio. Además, muchos urbanistas creen que en realidad el tema de los barrios cerrados termina siendo una excusa para no realizar obras complementarias de parte del privado que terminen por beneficiar a toda la ciudad y no solamente a ese barrio. El ejemplo más claro es de la apertura de calles que se exige a todo loteo privado.

Esta semana hubo otra cuestión central que involucró de alguna manera al Concejo, y sobre todo, a los ediles del oficialismo que se negaron a habilitar una comisión investigadora alrededor del tema de los robos de vehículos y autopartes en el Corralón Municipal. Está claro que la idea era defender a la dirección de Tránsito ante lo que podía transformarse en una carnicería política. Pero lo cierto es que el daño que se le ha hecho a la administración toda es muy grave. Excede el mero hecho penal del robo y la necesidad de encontrar a los responsables de los delitos. Hay una responsabilidad política que necesariamente recae en el titular de la repartición: Mauricio Malano puede tener toda la voluntad del mundo en llegar hasta dar con todos los responsables, pero lo que no logrará al corto plazo es revertir la desconfianza de la ciudadanía en el Estado cuando éste -a través de su poder de policía remite un automóvil o una moto al corralón ante una falta de tránsito. Por ende, Malano debería dar un paso al costado para bien de su propio intendente y de la administración toda. Los funcionarios deben acostumbrarse a que hay veces en las que les toca perder por más que no esté puesta en duda su honra.

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