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Es lamentable comprobar una vez más que los jueces de Rosario no están a la altura de los testimonios que a lo largo de casi un año escenificaron nítidamente los interminables episodios concatenados del genocidio rosarino en el espacio constreñido de una sala de audiencia. Como dijo Gonzalo Stara al finalizar su pedido de ampliación, el enorme esfuerzo intelectual de la fiscalía intentó ser una devolución del esfuerzo que hicimos los sobrevivientes. Los jueces lo escucharon sólo formalmente; no ponderaron la agudeza que trasuntaban sus argumentos. No la quisieron ponderar, y respondieron en términos del más absoluto conservadurismo procesal. Con la misma mezquindad con que decidieron no involucrarse decidiendo la captura de los imputados, reiteradamente pedida por el ministerio público y los querellantes.

No era imposible, ajustándose a derecho, hacer lugar a las sesudas consideraciones expuestas por el fiscal, que básicamente muestran una trama delictiva maciza y extendida tanto en el tiempo como en los protagonistas donde los expedientes recogen, con suerte, delitos inconexos. Cuestión que surge, o mejor dicho, termina de configurarse a partir de la masa de relatos desplegados en las audiencias. Y que la figura de asociación ilícita apenas alcanza a ceñir, porque aquello de lo que se trata, su materia misma, excluye la posibilidad, por ejemplo, de que a Oscar Manzur lo haya matado sólo uno. O a Daniel Gorosito. O a Marisol Pérez. O a Myriam Moro. O a Pedro Galeano. O a Cristina Costanzo. O al Ciruja. O a tantos otros. ¿Quién ató al supliciado a la camilla? ¿Quién lo picaneó hasta la muerte? ¿Quién acercó los instrumentos para eviscerarlo? ¿Quién trasladó su cuerpo moribundo o su cadáver? ¿La bala de quién fue la definitiva? ¿Quién le dio agua o soda al recién picaneado sabiendo que le provocaría la muerte? ¿Podría haber habido miles de torturados, decenas de mujeres violadas, varios muertos por semana a lo largo de varios años en ese antro inmundo y maloliente, de escasas dimensiones, que fue el Servicio de Informaciones de la Jefatura, si los asesinos torturadores secuestradores no fueran por lo menos la totalidad de quienes integraron las patotas de Feced más la totalidad de quienes cumplieron funciones de inteligencia, fueran éstos militares o civiles? Por supuesto que no. Y es esto lo que estaba en juego reconocer y decidir en el pedido de ampliación.

Los formalismos, cuando son excesivos como en este caso lejos de estar al servicio del derecho (de defensa, de juicio justo, etc.) están al servicio de la impunidad, porque producen postergaciones interminables que exceden largamente la vida de los actores (acusadores y acusados). Y se escudan en largas y tediosas tramitaciones que siempre salvaguardan a los genocidas en detrimento de sus víctimas. Los más de cien sobrevivientes que declaramos en este juicio aportando con nuestro cuerpo y nuestra almita el grueso de la prueba, estamos realmente muy apenados.

*Psicoanalista. Sobreviviente del SI. Testigo y querellante en la causa Diaz Bessone.