Diciembre de 2001. Los muertos por la represión policial y los cacerolazos contra la clase dirigente estaban muy cerca. Entonces, la política hacía gestos elocuentes -aunque en su mayoría vanos- por reconciliarse con la gente. En ese marco, en febrero de 2002 el entonces presidente del Concejo Municipal de Rosario, Norberto Nicotra (PJ) tomó una decisión que creyó iba a ser aplaudida por el exigente y movilizado electorado de clase media: Ordenó el traslado de unos 130 empleados de planta permanente del Concejo Municipal. Era una operación maquillaje. No se despedía a nadie, pero el cuerpo legislativo local lavaba su cara ante la sociedad. Y, de paso, se abría espacio en el atiborrado Palacio Vasallo para más nombramientos políticos. Se fueron 130 empleados de planta permanente y en poco tiempo superaron esa cifra las designaciones a dedo de amigos y parientes.

La cosa no salió como Nicotra lo imaginaba y, meses después, él mismo renunció. Nadie aplaudió la medida, ni la tuvo en cuenta, pero el resto de los bloques del Concejo y el Ejecutivo eligieron quedarse quietos y dejar que las cosas transcurierran.

La única consencuencia tangible de aquella medida político-administrativa extrema aún se ve hoy en el destino de estos 130 trabajadores municipales, la mayor parte de ellos con más de 20 años de antigüedad. La mayoría ingresó a otras dependencias y un grupo siguió cobrando su sueldo sin un destino fijo.

En abril de 2002, se firma el decreto Nº601 que selló definitivamente el destino de este centenar de trabajadores. Allí se establece que los adicionales que cobraban por funciones específicas cuando se desempeñaban en el Concejo, serían progresivamente absorbidos por los sucesivos aumentos salariales. Es decir, cada aumento que percibía el sector era, para este grupo, lisa y llanamente un descuento sobre su sueldo.

Pasaron cuatro años de esta decisión de la que -más allá de Nicotra que puso la firma- nadie se hizo cargo después y hoy el 95 por ciento de estos trabajadores percibe cifras irrisorias aunque revisten altas categorías en la administración pública local.

Esta situación llevó a que más de la mitad de los 130 trasladados compulsivamente del Concejo, a cuatro años de aquella decisión; estén aún hoy en tratamiento psiquiátrico. Otro grupo desempeña funciones para las que no estaba preparado, ninguno fue bien recibido en las áreas a las que fueron destinados, y otra porción más pequeña continúa sin rumbo fijo y cumpliendo tareas menores en el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Habían sido estigmatizados como los "ñoquis" del Concejo Municipal y nadie quiso en estos cuatro años mover un dedo por sus destinos. Es más, ni siquiera el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Néstor Ferrazza hizo gestiones serias para que este inocultable avasallamiento de los derechos de estos agentes se revirtiera.

Los adicionales que se otorgaban en el Concejo Municipal por tareas específicas, más allá de que algunos respondían a favores políticos, encubrían en realidad un importante porción salarial en negro. Pero en todos los casos, esas sumas constituían derechos adquiridos de los trabajadores. Puesto el municipio y el Concejo a regularizar esta situación, eligieron para este grupo ajustar hacia abajo. Se comieron los adicionales y si bien hoy tienen un básico más importante que cuando desempeñaban tareas en el Concejo, el salario real de bolsillo se ubica por debajo de la canasta familiar para agentes de mucha antigüedad y jerarquía administrativa.

Estos 130 trabajadores constituyen un deuda del municipio y del Concejo Municipal que, si se prolonga mucho más en el tiempo será más difícil todavía de saldar. Hay 130 familias que hoy pasan las penurias que pasan producto de un gesto político de hace cuatro años que, encima, no sirvió para nada.

[email protected]