Apenas transcurridas 48 horas de asumido el nuevo gobierno, tuvo que afrontar las tapas de los diarios denunciado que el flamante Jefe de la Policía de Rosario estaba siendo investigado por una denuncia de "enriquecimiento ilícito". Cabían un par de posibilidades, ambas con costos políticos para la gestión pero con diferente proyección según de cuál se tratara: La primera es que el gobierno no conociera esa situación, la segunda es que aún sabiéndolo hubiera promovido al comisario sospechado. Una peor que otra, y el ministro Leandro Corti salió al ruedo a explicar que lamentablemente la opción uno era la que explicaba el yerro inicial. Podría haber sido peor, pero de todos modos se trata de lo que en tenis se conoce como "error no forzado". La denuncia sobre el enriquecimiento de Néstor Arismendi data del año 2008 nunca nadie -léase Asuntos Internos y cúpula de Policía- hizo otra cosa que ocultar y encubrir. Rápido de reflejos, pero con el "incendio" consumiendo confianza y credibilidad, el ministro anunció el pase a retiro del Jefe de Asuntos Internos, pero no ya por el caso Arismendi sino por la manifiesta inoperancia de los últimos años.

En efecto hace dos años que los comisarios de más alta gradación no presentan sus declaraciones juradas y así como Arismendi tenía una denuncia en su contra -no importa si es producto de las internas azules de los desplazados- hay una veintena de casos que tampoco se han investigado sencillamente porque se desconoce la evolución patrimonial de los jefes policiales. La dependencia creada por el gobierno de Hermes Binner llamada "control civil" ha sido inútil o para decirlo mejor ha tenido funcionarios inútiles o cómplices de estos "olvidos". El ministro Corti reconoció ante este cronista que supo lo de Arismendi por la prensa, y que si bien no se habían agotado las instancias investigativas se profundizarían antes de tomar alguna decisión que deshaga el nombramiento del jefe rosarino.

A favor de Corti hay que decir que fue su trabajo el que impidió la llegada a la subsecretaria de seguridad de otro comisario en el año 2009 cuando detecto que José Luis Giacometti tenía un pasado poco recomendable para el cargo. Allí "los bomberos" llegaron antes de que se propague el incendio. Pero esta vez el ministro tuvo que cargar con la "pesada herencia" que para colmo no puede denunciar. Alvaro Gaviola y Horacio Ghirardi no podían desconocer que no se presentaron las declaraciones juradas y que había sumarios "pisados" de más de una docena de uniformados de alta escala. Corti dijo "esto conmigo no va a volver a suceder" como único comentario sobre el accionar de sus antecesores. La prudencia del ministro le hizo ver que en el vértice de la pirámide estaba el gobernador y el entonces ministro de Gobierno -el actual mandatario Antonio Bonfatti- quienes razonablemente habrán pensado que su colega Gaviola mínimamente haría lo que indica la ley de contabilidad que también se aplicaba a los funcionarios del Registro Civil, donde revistaba hasta su ascenso a Ministro de Seguridad. Otro "error no forzado".

"Es lo que hay", dijo a este diario un alto funcionario provincial mortificado por la gaf que marcó el comienzo de la era Bonfatti. En ese reconocimiento va implícito el objetivo de mejorar ese panorama a partir de un cambio en la formación policial que debe revertir una imagen que sin tener los niveles de peligrosidad de otras fuerzas -como la bonaerense para citar la más emblemática- necesariamente debe reconstruir. Para eso es probable que el trabajo a realizar comience en la escuela de policía, que el recambio generacional conlleve nuevas concepciones acerca de la seguridad ciudadana y del de la policía. Mientras tanto, y con lo que hay, lo que el gobierno debería hacer es evitar los errores evitables y buscar el mayor rendimiento. En la fuerza hay oficiales altamente capacitados y sobre quienes no pesan denuncias. Seguramente a la hora de los ascensos aparecerán las máculas del pasado, algunas probablemente ciertas otras "corregidas y aumentadas" por sus pares relegados, pero en cualquier caso lo que el poder político no puede hacer es no estar en la junta de ascensos. Porque deben estar en nombre del gobernador, porque estuvieron cuando el Ministro era Daniel Cuenca y porque a la policía se la manda, se la conduce. La "confianza" que supuestamente dispensaron en los últimos años de la gestión de Binner no fue "retribuida" y ahí están los resultados. Es falso que la policía tiene que ser conducida por "alguien del palo", ni siquiera es necesario que haya vestido uniforme. Los antecedentes en otras provincias dan margen para sostener otro esquema de funcionamiento. Una reforma policial permitirá despejar la presencia de "errores no forzados" para ser indulgentes y achicaría los niveles de corrupción policial. Para eso hace falta decisión política y naturalmente tiempo. El gobierno tiene apenas una semana. La decisión política no depende de la hojas que caen del almanaque.