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El Concejo Municipal aprobó en su última sesión del 2011, con la mitad del cuerpo recién asumido, varios expedientes de importancia y complejidad, algunos de los cuales venían de años de debates. En particular, uno de los referidos a Nuevo Alberdi implica una definición importante en el destino de tierras que han sido motivo de polémica en los últimos años. Se trata de áreas hasta hace poco inundables en su mayoría, parte de las cuales están ocupadas desde hace años por familias de escasos recursos.

Esta es una postal habitual en Rosario y muchas ciudades latinoamericanas: Pobladores expulsados de sus tierras por cambios productivos que requieren escasa mano de obra (como la sojización), o familias de pobres urbanos que carecen de tierra, y por ende de vivienda debido a que el Estado -﷓y menos aún el mercado-﷓ no han sido capaces de dar mínimas respuestas al mero crecimiento vegetativo de la población. Estas familias ocupan en forma irregular las tierras urbanas menos apetecibles por el momento: terrenos inundables, carentes de servicios básicos. Cuando esas áreas comienzan a ser de interés del mercado inmobiliario, aparecen los juicios de desalojo, o bien los ofrecimientos de unos pocos pesos para que se vayan rápida y silenciosamente a construir ranchos en otro lado; cuando no los aprietes.

Nuevo Alberdi sufrió en marzo de 2007 una inundación catastrófica que, por la evacuación forzosa de muchos pobladores y sus reclamos de resarcimiento por lo perdido, generó visibilidad de los problemas de la zona y aceleró las demoradas obras de saneamiento que prevendrían nuevas inundaciones.

Así, el Estado ha invertido ya decenas de millones y prevée sumas aún superiores cambiando drásticamente la inundabilidad, y el valor de dichas tierras. Huelga decir que dichos fondos vienen de los bolsillos de toda la población y -﷓en un sistema impositivo regresivo como el que tenemos-﷓ especialmente de los sectores medios y bajos.

Desde hace unos años el Movimiento GIROS ha venido acompañando los esfuerzos de estos pobladores humildes de un sector de Nuevo Alberdi a través de gestiones, propuestas, asambleas y movilizaciones.

Como parte de ese accionar, ante las primeras versiones que indicaban que desarrolladores urbanos planeaban loteos para sectores de ingresos elevados en la zona, acudieron a la Municipalidad que, hasta en boca del mismo intendente, negaba que se estuviera pergeñando ningún plan para la zona, dado su carácter de inundable y no urbanizable. Cuando en el proyecto oficial de Plan Urbano 2007﷓2017 apareció el área como destinada a "Areas para los nuevos desarrollos urbanos condicionados" (cambiando sustancialmente la ordenanza vigente que las considera no urbanizable﷓reserva rural), se les respondió que "era un error de coloreo del mapa".

Es una zona de elevada concentración de la propiedad de la tierra. Según un informe de Catastro Municipal para toda el área, 16 propietarios sobre un total de 222 (el 7 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra. En un informe de 2008 sobre otro sector de Nuevo Alberdi, tres propietarios: una empresa y dos particulares más, según muchas evidencias vinculados con la misma, poseen el 54 por ciento de la tierra que no corresponde a organismos públicos o sociales.

La Ordenanza aprobada el 22 de diciembre último establece que los urbanizadores deberán pagar el 10 por ciento del mayor valor resultante de la recalificación urbanística. Es decir que los privados se quedarán con el 90 por ciento del aumento del valor de la tierra resultante de las obras públicas de saneamiento que pagamos todos.

Es llamativo que habiendo propuestas de audiencias públicas y concursos de ideas para definir el destino de las últimas tierras disponibles, se hayan descartado esas opciones para elegir un camino en el cual los funcionarios de la intendencia discutirán a solas las condiciones con los privados para luego enviar al Concejo los convenios urbanísticos como paquetes cerrados.

¿Cómo pudo aprobarse algo así, máxime habiendo cambiado en apariencia, la cuasi mayoría que tenía el oficialismo hasta el 10 de diciembre?

La alianza del Frente ¿Progresista? con el PRO, que se evidenció también en el cambio de posición de este último en la derogación de los superpoderes a la intendenta para aumentar la tarifa de ómnibus, es la respuesta.

Esperemos que algún día Rosario sea gobernada en función de sus vecinos, en especial los más postergados, y no de los negocios de pocos.

*Concejal de PSA-Proyecto Sur.