La polémica por los aumentos de sueldos en los cargos ejecutivos y legislativos provinciales, rozó también esta semana a la Municipalidad de Rosario. Si bien, el intendente Miguel Lifschitz se encargó de aclarar rápidamente que los incrementos a nivel local "nada tienen que ver con lo que ocurrió en la provincia", la casi simultaneidad de su aplicación, imposibilitó establecer las diferencias y hubo que salir a explicar.

Claro, que el intendente de una ciudad que maneja un presupuesto de 500 millones de pesos pase a ganar 4.400 pesos, no es algo difícil de blanquear hacia afuera. Nadie ignora las responsabilidades de un jefe comunal así como la cantidad de horas que debe dedicar sí o sí a su cargo y la misma situación puede trasladarse al gobernador de la provincia. Pero siempre, en los cargos legislativos, queda la duda y en esta oportunidad tanto Diputados como Senadores se encargaron de ensanchar la brecha de esa duda. Los primeros porque rápidamente se asustaron ante la trascendencia del acto y lo rechazaron antes de discutirlo, y los segundos porque eligieron el camino que más enconos despierta: El de la intriga, la duda, el silencio y la dilación.

En la ciudad, lo que operó fue un decreto congelado desde fines de la crisis de 2001 que ahora, con la mejoría económica, vuelve a aplicarse. Sin embargo, y por más justificado que aparezca, el incremento volvió a sensibilizar a los trabajadores municipales. ¿Cómo responderle a un agente público de Rosario que llama a una radio y dice `está bien que el intendente pase a ganar 4.400 pesos, pero el problema es que yo sigo ganando apenas 850'? Claro, no tendrá la misma responsabilidad en su rol, pero tampoco hay justificativos para que siga sin alcanzar la canasta familiar, que supera ampliamente esa cifra.

Se suele decir: "los cargos de responsabilidad en la política deben estar bien pagos", lo cual es cierto y responde a un criterio que se utiliza en el mundo entero. Pero es el esquema de distribución de la riqueza el que seguirá siendo injusto. ¿Qué hacer mientras tanto? Bueno, ahí se ingresa en el camino de la vergüenza que muchos dirigentes suelen transitar en estos casos. Otros se rebelan -a veces sólo internamente- y se preguntan ¿por qué debo rechazar un aumento que considero justo?, ¿irá esa diferencia a mejorar la vida de alguien o sólo se perderá en el torbellino de Rentas Generales? Y están los otros que tienen menos preguntas morales, avanzan contra viento y marea y hasta suelen confesar "yo estoy aquí sólo por cuatro años, para los que desmonté toda mi estructura privada de ingresos, ¿qué voy a hacer después?"

Este tipo de cuestionamientos aparecen para los políticos porque sus sueldos salen directamente del Estado. A nadie se le ocurre cuestionar a los altos sueldos de niveles gerenciales privados que paga una empresa de primer nivel. Pero ese también es un problema del desequilibrio argentino, porque un gerente debe ganar bien, estamos de acuerdo, pero el hombre que le corta el césped en su casa quinta, no debe vivir en la indigencia, sino que debe poder vivir dignamente, como sucede en otros países. Y ahí volvemos a la redistribución de las riquezas, en definitiva, a un problema que también es del Estado.

Sean por ley o decreto, y por más atrasados que estén los salarios de los cargos ejecutivos y legislativos, no debieron ser tan altos los incrementos que se manejaron. Si a través de la lucha cotidiana de los gremios y los piquetes se logró promediar el 20 por ciento de incremento para recuperar apenas los salarios tanto públicos como privados, ¿por qué esa recuperación en la política debe ser de entre el 30 y el 50 por ciento y de un sola vez? Si había una ley, había posibilidad de modificarla. Claro, esto hubiese implicado clarificar públicamente los ingresos -sobre todo en la Legislatura- y discutir de cara a la sociedad los ingresos reales de los principales cargos en la estructura de poder provincial y municipal. Y al parecer, no muchos están dispuestos a iniciar ese debate, aunque se pierdan este aumento.

[email protected]