A medida que pasan los días, más pobre parece la reforma tributaria que votaron los senadores en Santa Fe. El gusto a "poco" inicial del gobierno, se transformó también en un problema para el peronismo que es sin duda el gran actor del debate fiscal. Por eso las voces del PJ son tan ululantes y van desde la crítica descarnada a la gestión actual y pasada del socialismo, a la responsabilidad de no desfinanciar la provincia y dotar también de recursos a los municipios cada vez más comprometidos. En ese vaivén se hamacan los diputados atomizados en poco menos que una decena de bloques en la Cámara baja santafesina. Encima el fin de semana tuvieron que escuchar el mensaje de la Rosada que bajó el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, para que se actúe en el sentido de no complicar la gestión de Bonfatti y tampoco la de los intendentes.

Tal es la amplitud de rango de los argumentos peronistas en el tema que los que ayer eran señalados como "colaboracionistas" del socialismo, se transformaron de pronto en los más críticos. Y en medio de la confusión el diputado Oscar "Cachi" Martínez intentó hacer su agosto señalando traiciones a diestra y siniestra y negando hasta un vaso de agua al gobierno provincial. Desde el Movimiento Evita se llegó a decir que el líder neonazi Alejandro Biondini era más progresista que la reforma que votaron los senadores. Hasta ahí los extremos, pero queda claro en el fondo cuál es el verdadero dilema peronista en el asunto: Ahogar financieramente al oficialismo al punto de comprometerlo electoralmente para el año próximo y para el 2015; o ayudarlo a pasar la tempestad para jugar el rol de oposición responsable también de cara a la cercanía de las urnas.

En el medio, están los contribuyentes y afortunadamente hay algunos legisladores que están pensando en ellos. Por ejemplo, lo que quiere modificarse en Diputados pasa por corregir los resultados que obtuvo el poderoso lobby agrario y compensar un poco a los cientos de miles que pagan el Impuesto Inmobiliario Urbano en la provincia que tienen una actualización de su avalúo fiscal que data de 1996, frente a los chacareros que tuvieron su último reajuste allá por 1974. Es posible que en la Cámara baja provincial pierda peso el descarado argumento del riesgo de que algunos chacareros ingresen a ser contribuyentes de Bienes Personales si se los sube de categoría fiscal en Santa Fe.

Algunos son partidarios de revisar también lo que se legisló en materia de Ingresos Brutos a la industria, donde el argumento del empleo que generan es puesto en duda merced a la alta tecnificación de algunas ramas que tienen desarrollo en el territorio provincial.

Con todo, el peso específico vendrá del lado de los intendentes y presidentes comunales del peronismo que presionarán por más fondos. Los ejecutivos están necesitados y si bien tienen críticas para con la administración Bonfatti, son concientes de que la salvación viene en conjunto y no de manera particular.

La crisis y la inversión.

Se sabe, es un tiempo de gestiones quirúrgicas. Cuando el dinero no abunda los funcionarios empiezan a medir, priorizar, calcular y reducir los daños. En esto está la Nación, la provincia y la municipalidad. No hay distinciones, aunque si variables a nivel de volúmenes. En ese sentido, la provincia ha operado recortes en varios sectores entre ellos el más suceptible: La obra pública. Pero hay una excepción en un tema que es de alta sensibilidad social. El gobierno no piensa tocar las partidas destinadas a infraestructura de la Empresa Provincial de la Energía. Lo que estaba previsto hacerse se hará sin retaceos. El cálculo es claro, un verano como el pasado en Rosario sería políticamente letal para el gobierno de Antonio Bonfatti que, desde aquel crítico período estival piensa en cómo minimizar los daños.

Con la EPE sucede lo mismo que pasa con la empresa de Aguas y con las grandes obras de infraestructura. Cuando no se expanden las inversiones en tiempos de bonanza, después cuesta mucho retomar el ritmo de inversión. Lo mismo pasa con las cloacas en Rosario, donde el compromiso desde 2009 era invertir a un ritmo de 40 millones por año. Ni siquiera el primer año se pudo cumplir, y desde ahí el promedio de inversión anual no superó los 8 millones de pesos, es decir, unos 32 millones menos que lo previsto anualmente. Pero ahora la intendenta Mónica Fein espera con ansiedad la autorización nacional para un crédito de 20 millones destinado puntualmente a esta obra de infraestructura.

En este marco, lo que no se invierte en uno o dos años malos para una administración, termina por afectar a muchos vecinos en el mediano y largo plazo. Así hay barrios que esperan pavimento definitivo hace una década y vastos sectores que creen que recién sus nietos podrán disfrutar de un servicio de cloacas. Por eso, la provincia y el municipio muchas veces miran hacia la Nación para que los autorice a tomar créditos blandos internacionales a largo plazo. Es la única manera de quebrar la escala y poner todo el dinero junto para impulsar la obra y después pagarlo en los años sucesivos en empréstitos que involucran también a futuras gestiones.

Si no, lo que queda es contar las pocas cuadras de pavimento que podría hacer el municipio con dineros propios, el escaso trabajo de bacheo previsto y las dificultades que tiene el propio secretario de Obras Públicas Omar Saab, para determinar públicamente a cuánto ascienden los fondos estrictamente para obra que tiene su secretaria en este año de los más de 200 millones presupuestados donde gran parte -es lógico- se va en el propio funcionamiento del área.

Hoy por hoy la municipalidad de Rosario -como siempre que se atravesaron tiempos difíciles- está concentrada en mantener los servicios esenciales. No está mal, es la estrategia de mínima y se evita que colapse lo principal. Los esfuerzos en salud y promoción social continúan en el mismo nivel y el transporte (la movilidad ciudadana, como se le dice en el moderno municipalismo) es lo que hoy concentra los mayores esfuerzos del municipio.

Hay que recordar que aquí también hubo daños estructurales y que el negocio del transporte fue abandonado por la mayoría de las empresas privadas que desaparecieron del mapa. Obligado como estaba el Estado de intervenir ahora equilibra los costos con los subsidios nacionales para tratar de optimizar las prestaciones. Al respecto, los cambios anunciados esta semana aún deben ser digeridos por el municipio. Pero ya ha dicho el secretario Ramos que es hora de que la provincia y el municipio traten de trazar alguna estrategia que vaya más allá del subsidio nacional, que ponga algo la provincia para evitar el tarifazo sobre las espaldas del usuario.

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