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La idea del gobierno de Antonio Bonfatti de crear cinco unidades regionales que reemplacen a las actuales estructuras y que las mismas operen bajo mando policial es pésima. Sería una desproporcionada concentración de poder. Lo recomendable es que esas regionales sean conducidas desde el poder político y por civiles.

No hay duda de que existan buenas intenciones en los funcionarios, pero no habrá eficacia en la gestión si no se toma nota de que hay un notorio divorcio entre la policía y las políticas de seguridad.

Antes que nada la inseguridad se combate con justicia social, y si no se avanza en aplicar políticas de igualdad e inclusión, el conflicto social se complicará, y la cosa se va a poner muy grave.

No se trata de hacer tremendismo, pero se supone que los gobiernos tienen que estar preparados para dar respuestas a las crisis, ya sea en materia de seguridad como de cualquier otro tipo.

Lo he dicho en este mismo medio, no hace mucho, la madre de todos los problemas es la brecha de desigualdad social, con situaciones irresueltas como el acceso al agua potable, la energía eléctrica, las cloacas. Muchos creen que hablar de estas cuestiones no tiene que ver con la inseguridad. Se equivocan, porque la inseguridad se combate con justicia social.

Hay buenas ideas, pero insisto en que no se puede tener un funcionario político que conduzca una fuerza de 15 o 18 mil hombres, y tampoco se soluciona otorgando un poder desmesurado a cinco comisarios para que éstos conduzcan cinco unidades regionales. Estando encima el poder político es más fácil el control, para así separar a quiénes se dediquen a delinquir y premiar a los buenos efectivos que se destaquen en tan ardua tarea.

* Secretario político del Movimiento Evita de la provincia de Santa Fe.