Como en todo el país, en Santa Fe la justicia también está bajo análisis. El escándalo desatado por el caso Marita Verón en Tucumán -con la absolución de los 13 imputados acusados de secuestro y trata de personas-, pone tanto en duda la posibilidad de un acto de corrupción de los jueces como de una ineficaz actuación de la fiscalía que se engolosinó pidiendo penas pero sin armar un sustento legal que las sostenga. Aquí, en el norte provincial un magistrado de apellido Palud dejó caer una causa (la tragedia del Colegio Ecos de Buenos Aires) porque falló sobre el imputado (el chofer del colectivo siniestrado) sin antes entrevistarlo personalmente como marca la ley. Este mismo juez suma ahora otra denuncia por mal desempeño en un caso por el incendio con una bomba Molotov en una librería de Reconquista, en 2007. Un magistrado de Chubut puso el dedo en la llaga cuando aseguró que los viajes que realizan distintos jueces en todo el país para asistir a congresos específicos, "son en realidad paseos turísticos". La afirmación fue desmentida en Rosario/12 por el ministro de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez, que registra asistencia a varios de esos congresos internacionales en Miami y España. La misma cuestión se ventiló con uno de los magistrados que tuvo que entender en la puja por la aplicación de la Ley de Medios y se comprobó había sido invitado por Clarín a un viaje a Estados Unidos, con todo pago por supuesto.

"La justicia no es para los pobres", disparó esta semana la doctora Lía Almagro que representó a la mujer agredida por dos perros Terranova en Rosario, que la hicieron caer y la mordieron. Su cliente terminará cobrando unos 180 mil pesos de indemnización, pero lo que dice la abogada es para tener en cuenta: Todos los trámites para llegar hasta esa instancia salen un dineral que los abogados defensores no siempre pueden invertir de su bolsillo, salvo que tengan certezas de un fallo que resulte en suculentos beneficios.

La frase de la doctora Almagro fue ratificada por el ex diputado nacional Alejandro Rossi, quien coincidió con su colega pero además dudó de que hoy por hoy, efectivamente la justicia sea un servicio público. "Hay un carácter aristocrático y corporativo de los jueces que además se desarrolla dentro de un sistema que muchas veces es perverso", dijo el ex legislador que había presentado hace años un proyecto para que los magistrados renueven sus cargos por exámenes y concursos cada tanto y no que se eternicen en su despacho. Una idea que fue reflotada ahora tras la declaración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando lanzó que "hay que democratizar la justicia".

En Santa Fe, el gobernador Antonio Bonfatti no cree en los juicios por jurado como hay en Córdoba y como discute la provincia de Buenos Aires. "No estamos, ni aquí ni a nivel nacional, preparados para esa instancia", dijo el gobernador en paralelo con un ministro de la Corte nacional que el socialismo respeta mucho, como Eugenio Zaffaroni.

Con todo, el gobierno provincial cree que la reforma procesal penal que viene impulsado constituye en sí misma un cambio de paradigma en la prestación del servicio de justicia. Hay que notar que así lo ha entendido también el peronismo santafesino que -desde la gestión de Hermes Binner hasta ahora-, le ha votado 13 leyes necesarias para esa renovación. Donde el PJ puso el freno es en el sistema de concursos para integrar el poder judicial santafesino. La oposición entiende que no alcanza sólo con que un funcionario llegue por concurso. Si bien es un avance y hasta se hacen cargo de que el peronismo no desarrolló esta práctica en gestiones anteriores; apuntan a que los concursos están "sumamente direccionados para dar mucho puntaje a las cuestiones académicas en detrimento de la experiencia judicial". Y allí advierten que los que tienen ventaja son los cuadros jóvenes del socialismo que tienen amplio desarrollo en la universidad y que además suman méritos en su paso por la gestión de Binner en la provincia. Hasta ahora, el peronismo ha obligado al Ejecutivo a retirar decenas de pliegos de las Cámaras legislativas.

Qué tren, qué tren.

La lucha se libra palmo a palmo y en todos los frentes. Si no basta ver el enfrentamiento entre Nación, Provincia y Rosario en materia de confección de los DNI, en los reclamos por coparticipación, en la autorización para endeudamiento internacional para obras de cloacas, en los trabajos para los accesos, en las remesas para planes de viviendas y ahora -también- en la puesta en marcha del tren Rosario-Retiro.

El secretario de Transporte de la Nación, el intendente de Granadero Baigorria con licencia Alejandro Ramos, se enojó cuando la intendenta Mónica Fein le copó el primer anuncio sobre la puesta en marcha -en un futuro cercano- del tren a Buenos Aires. La jefa comunal reunió de inmediato a una comisión de seguimiento y opinó que había que pedir precisiones del proyecto al jefe de Ramos: el ministro del Interior Florencio Randazzo. Seguramente la intención de Fein no era desautorizar a Ramos pero tampoco dejársela servida en bandeja. Se sabe, Ramos es un potencial candidato a diputado nacional por Santa Fe en las listas que arme el Frente para la Victoria en los comicios para el año próximo, donde competirán con la poderosa nómina que encabezará Hermes Binner. No es cuestión de regalar nada.

Las peleas entre los funcionarios de distintos niveles no deberían ir más allá de la comidilla de los medios, donde los periodistas políticos tenemos una inclinación natural para detenernos en esas cuestiones. Bueno, son cuestiones en las que se detiene todo el mundo, en el periodismo de espectáculos, en el deporte, es decir, en las pequeñas miserias humanas de todos los días que interesan a los otros humanos porque nos sentimos -por qué no decirlo- identificados también. Somos todos productos de una misma tradición cultural y política. Aunque no somos todos iguales, por supuesto.

Pero en realidad, lo importante es ver si esa tensión política natural afecta o no el resultado del producto. Como toda tensión las fuerzas tiran para lados opuestos pero hay un momento en que la tensión es tanta que se produce un quiebre, un corte y la polémica termina para cerrarse. Ese punto sería la concreción de una obra o de un proyecto. Así nacen los acuerdos políticos, productos de tensiones. Pero sí es preocupante cuando esa tensión se prolonga demasiado al punto de posponer por años determinadas realizaciones en un lapso tan elástico que termina por perjudicar notablemente a la gente que espera, razonablemente, que los funcionarios le resuelvan sus problemas y hagan su vida más soportable y sustentable.

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