OPINIóN › TRAS LA DECISIóN DEL GOBIERNO SANTAFESINO DE EXCLUIR DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS EL PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA LA TRATA.
La autora de la nota impulsó en el ámbito municipal el proyecto de ordenanza que promueve cierre de cabarets y whiskerías en Rosario. También presentó el programa local de asistencia a víctimas de trata que aprobó el Concejo Municipal.
› Por Por María Eugenia Schmuck*
Santa Fe perdió una oportunidad importante para sancionar una ley necesaria en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. La decisión de dar marcha atrás con la iniciativa de promover el tratamiento en extraordinarias del proyecto de ley que permitiría cerrar cabarets y whiskerías, luego de que el propio Gobierno había asumido públicamente tal posición, sorprende y constituye un retroceso.
Se desaprovecho un contexto favorable, no sólo porque hay condiciones objetivas, sino también porque se preveía un fuerte consenso en torno a esta iniciativa que hubiese permitido aprobar en el Senado un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en Cámara de Diputados.
Ahora bien, ¿porque la Provincia de Santa Fe debe avanzar con el cierre de cabarets y whiskerías?.
En primer lugar, porque se ha comprobado que más del 72% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual rescatadas en los últimos años, son jóvenes y niñas que se encontraban sometidas en locales habilitados por gobiernos locales. Con nombres eufemísticos como Pubs, Pools, Cabarets o Whiskerías, en realidad se encubre el ejercicio ilegal de la prostitución y la explotación ejercida por proxenetas. En igual sentido, los operativos realizados en la ciudad de Rosario en los últimos años confirman esta tendencia.
En segundo lugar, porque combatir la trata de personas implica también terminar con la cosificación de la mujer. No es admisible que la normativa local incorpore la figura degradante de la "alternadora", que se justifica para incentivar el consumo de bebidas.
En tercer lugar, porque frente a un delito del que todos tienen conocimiento y que se comete en todo el territorio provincial bajo la mirada "distraída" de actores políticos, judiciales y policiales, el Estado debe hacerse presente con políticas activas para combatirlo.
Por lo demás, no es cierto el argumento que sostiene que la decisión de cerrar cabarets y whiskerías fomenta el ejercicio ilegal de la prostitución. Ello implica admitir que el Estado permite que hoy pase en esos lugares algo que esta prohibido por la legislación vigente. En Rosario, si bien la ordenanza de espectáculos públicos habilita la figura de alternadora ya presenté en el Concejo un proyecto de ordenanza para derogar el artículo que habilita el funcionamiento de cabarets y whiskerías, se prohíbe expresamente la oferta de servicios sexuales. En Argentina, el proxenetismo y los prostíbulos están prohibidos desde principios de siglo XX.
¿Qué pasa entonces que no se puede avanzar con esta legislación? La trata es un delito aberrante. En el recorrido que se realiza entre la captación, el traslado, la recepción y la explotación interviene una compleja red de actores, que hace de éste el tercer negocio ilícito más extendido globalmente, a la altura del tráfico de armas y el narcotráfico. En Argentina y nuestra Provincia la situación es igualmente compleja. Como ha quedado demostrado en el caso de Tucumán, las mafias operan con complicidad política, policial y judicial. Por tanto, hay que asumir con convicción la decisión de enfrentarlas. No hay trata sin narcotráfico ni narcotráfico sin trata. Son economías delictivas que se complementan y hay que promover sin especulaciones un gran acuerdo político y social para combatirlas.
¿Alcanza con sancionar esta ley? Avanzar con el cierre de cabarets y whiskerías es una decisión necesaria pero que no resuelve en toda su complejidad el delito de la trata. Se debe avanzar aún más con legislación, compromiso político y cambio cultural.
Legislación, que implique tanto desactivar la actividad de proxenetas como garantizar programas de asistencia a víctimas, reinsertar laboralmente a mujeres que fueron empujadas al ejercicio de la prostitución y generar instancias de concientización y capacitación ciudadana. Compromiso político, que implique voluntad de combatir a mafias organizadas que operan generalmente con redes de complicidad que garantizan su impunidad. Con un Estado activo que garantice políticas de prevención y erradicación del delito, rompiendo cadenas institucionales de soporte, las redes encuentran límites. Cambio cultural, que implica asumir que sin clientes, ni naturalización de la prostitución, la trata pierde sentido.
El país, nuestra provincia y la ciudad han avanzado mucho en la lucha contra este flagelo en los últimos años. En buena medida, como consecuencia de la lucha incansable de una mujer extraordinaria como Susana Trimarco que en la búsqueda de su hija, ha puesto en evidencia un delito complejo del que muy pocos hablaban años atrás. Hay acciones importantes que tanto el Instituto Municipal de la Mujer en Rosario como la Dirección de lucha contra la trata de la Provincia han impulsado. En el Concejo, sancionamos en el 2012 múltiples proyectos vinculados a esta problemática. Hay que profundizar el camino y avanzar con convicción. Aún estamos a tiempo de consagrar una ley provincial que le otorgue al Estado más herramientas en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
*Concejal de la Unión Cívica Radical.
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