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"En un barrio feo, con violencia y mucha prostitución callejera, los vecinos tomaron una decisión: Recuperar sus calles. Lo que hicieron fue coordinar un horario para salir todos a sentarse en las veredas. En pocos meses, las prostitutas y los proxenetas abandonaron el barrio". La narración es parte de un ejemplo que el pedagogo Francesco Tonucci disfruta de contar desde hace años. La moraleja es que los espacios urbanos se ocupan, si no lo hacen unos, lo hacen otros. Claro que el narcotráfico constituye en sí mismo una modalidad mucho más violenta que el proxenetismo y la prostitución callejera. Pero en este caso, es claro que también en Rosario se está perdiendo espacio. No sólo los vecinos, sino también las instituciones, las organizaciones sociales y el Estado mismo.

Ni el gobernador Antonio Bonfatti, ni la intendenta Mónica Fein deberían perder la calma cuando se les dice que el Estado ha perdido terreno en los barrios frente al narcotráfico. El problema es que se ve al Estado como a la gestión que lo conduce ocasionalmente, cuando en realidad hay que hablar de una herramienta mucho más poderosa que incluye ﷓además de los otros dos poderes﷓ la vinculación del ciudadano con ese Estado. Por eso ni Fein debió enojarse con la funcionaria del área social que públicamente reconoció el retroceso del Estado en determinados sectores de la ciudad; ni Bonfatti debió hacerlo con los periodistas que le preguntaban por el crimen de Mercedes, la militante social que cayó baleada en un enfrentamiento entre bandas en Ludueña.

El gobernador trastabilló como no lo había hecho siquiera en la delicada crisis que desató el escándalo del comisario Tognoli, el ex jefe de policía detenido por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. "Soy gobernador de toda la provincia y no tengo por qué conocer lo que pasa específicamente en cada uno de los barrios de Rosario", dijo increíblemente Bonfatti consultado por el crimen de Ludueña que ya había tenido una amplísima repercusión en todos los medios de la ciudad. La reacción se produce cuando la responsabilidad del gobierno que conduce es, en este caso, menos directa que la que tenía esta misma gestión y la anterior en la designación y posterior ascenso de Tognoli desde la jefatura de Drogas Peligrosas a la Jefatura de Policía provincial.

Hay un delito a una escala desconocida hasta ahora en Rosario y la provincia que debe ser enfrentado al margen de las disputas políticas, y con la colaboración de todas las fuerzas e instituciones representativas. Este es el deseo y la buena voluntad expresada a cada paso cuando se habla del combate al narcotráfico. Pero otra cosa muy distinta es lo que se ve en la realidad, cuando unos y otros buscan "esmerilarse" con este tema. Si esta compleja problemática se mezcla en la campaña 2013, todos estaremos perdidos en el camino de encontrar soluciones concretas.

Hablar del retroceso del Estado frente al narcotráfico es equiparable a hablar de un Estado que ha mejorado la calidad de vida de millones de argentinos en los últimos años pero que, sin embargo, no ha logrado un descenso significativo en la pobreza estructural del país. Porque todo tema estructural lleva muchos años de políticas públicas consecuentes, a diferencia del escaso tiempo que le requirió al Estado ausente de los '90 destruir ﷓entre otras cosas﷓ casi la totalidad del aparato productivo nacional. Recuperar los ferrocarriles argentinos es una tarea mucho más titánica que haberlos rematado en pocos meses, por ejemplo.

La responsabilidad del Estado no es sólo la responsabilidad de la gestión que lo conduce. Es mucho más amplia. Pero sí lo es claramente la designación de un jefe policial corrupto y el sostenimiento en el cargo de comisarios y policías en general que formen parte del problema y no de la solución del narcotráfico. En esta línea, la responsabilidad más directa del gobierno provincial pasaría por la comprobación de que el tiroteo contra militantes del Movimiento Evita en Nuevo Alberdi, está relacionado con la connivencia policial con los narcos de ese barrio. La responsabilidad general del Estado serían las condiciones de pobreza y desamparo en la que vive la gente de ese sector de la barriada. Una cosa tiene solución inmediata, la otra es una inversión política consecuente a largo plazo.

La idea no es diluir la responsabilidad de los gobernantes, sino afinar la crítica para que sea por un lado efectiva y por el otro lado se encamine el debate hacia el encuentro de la solución de los problemas. El peronismo de Rosario le puede imputar a Bonfatti y a Fein hasta donde quiera su responsabilidad en el retiro de los barrios de Rosario y el requerimiento de una mayor presencia. Pero no debe olvidar que el peronismo recién ha comenzado a reconstruirse a sí mismo en esos sectores a partir de la presencia de corrientes internas como el Movimiento Evita, sino no se entiende cómo el PS ganó casi todas las seccionales en las últimas elecciones, incluida la de Nuevo Alberdi. Si bien la política no puede ser sólo resultadista, marca también un ámbito, un territorio.

La reacción de los militantes del socialismo, al menos en redes sociales y debates públicos, tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Recordar el problema que tuvo el hijo de Emilio Pérsico al transportar unas plantas de marihuana en un vehículo, no invalidan para nada las denuncias del titular del Movimiento Evita que llegó a Rosario para encabezar la conferencia de prensa del sector. Pérsico es Pérsico y su hijo es su hijo. Además, la exigencia que hizo este dirigente al gobierno de Bonfatti es la de mínima: Pidió que se detenga a los agresores de los militantes baleados. Menos que eso ya sería imposible.

Tampoco hay que desatender las palabras de Pérsico en el sentido de que ya suman demasiados ataques a militantes en los barrios de Rosario, empezando el 1º de enero de 2012, con la masacre de Villa Moreno. Si bien no se puede hablar de una decisión concreta de ir a matar a militantes, efectivamente la presencia territorial de éstos es una complicación para los narcos al igual que la publicidad de sus causas, sus nombres y sus actividades ilícitas. Esto debe ser tenido en cuenta para proteger estas instancias en los barrios, para fortalecer el vínculo con los vecinos y para que ya nadie tenga que abandonar su territorio al ser desplazado por la violencia y el miedo.

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