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Esta semana la oposición local hizo crujir el Concejo Municipal y obligó una vez más a que la intendenta Mónica Fein revea sus posiciones. La intendenta de Rosario por un lado construye con trabajo y tesón los acuerdos necesarios para presentar una mesa conjunta con los ediles opositores en materia de seguridad y reclamos a provincia y nación; pero por el otro, todo se pone en peligro cuando sus concejales bloquean hasta la desmesura la llegada de una funcionaria de tercera línea al Palacio Vasallo para que de explicaciones sobre una serie de concesiones a privados.

Y no es la primara vez que pasa. Por el contrario, la intendenta Fein arrancó ya con el pie izquierdo su gestión cuando heredó las facultades cedidas para establecer el valor de la tarifa. Después tuvo que pedir disculpas por no invitar a concejalas opositoras a una jornada pública en la sede de la municipalidad, contra la trata de personas. O aquella célebre ronda con los jefes de bloque a los que no les comunicó que 24 horas después anunciaría el aumento del boleto de colectivos. Pequeñas mezquindades políticas que terminan amenazando los acuerdos más importantes que sí supo construir en estos últimos meses.

Lo que Fein parece no interpretar adecuadamente en algunas oportunidades es el juego de las mayorías y minorías en el cuerpo deliberante, y los distintos escenarios ya le han demostrado en más de una oportunidad que aún no ha logrado el volumen político personal como para revertir con su peso político algunas situaciones. Libra batallas de gran envergadura pero luego debe modificar sus posiciones ante la muralla que le presenta, no una oposición irracional y cerrada -ni siquiera poderosa- sino el sostenimiento de los temas e iniciativas mucho más allá de lo indicado. Por ejemplo, la cochera subterránea de Plaza San Martín. Por momentos pareció que iba en ese proyecto la vida de todo el Ejecutivo municipal. Terminó como otras veces, con el retiro de la iniciativa. Cuando se insiste más allá de lo aconsejable, la derrota es más sonora y el aplazamiento del tema más prolongado.

Nadie desconoce que éste será un año sensible y que las trampas esperarán a la vuelta de la esquina en cada discusión, en cada debate público. Pero las elecciones son para todos los actores y todos conocen las reglas al detalle.

Se pueden intuir determinados intereses detrás de cada postura, pero cuando la defensa de un concesionario llega hasta levantar un conflicto de proporciones con decenas de emprendimientos como los carritos de la Rambla Catalunya o intentar desconocer un pronunciamiento público del Tribunal de Cuentas; la cosa va tomando otro color y queda servida en bandeja para el opositor que quiera aprovecharla. Se pone tanto esfuerzo en evitar ese aprovechamiento político que de todos modos se dará, que termina por favorecerse a quien quiera explotar esa situación.

Hasta el jueves sólo unos pocos seguidores de la política local sabían quién era Hilda Gontín, hoy es la funcionaria que quedó en el centro de la escena y que deberá concurrir de todos modos el martes a dar explicaciones sobre atrasos, canones demasiado beneficiosos para los privados, concesiones vencidas, y otras yerbas que corresponden a su oficina. Es cierto que algunos pueden decir que la intendenta termina pagando los desaguizados de un bloque que "no para ni al viento". Responsabilidad máxima en este caso para el jefe de la bancada Manuel Sciutto.

Todos los oficialismos tratan de bloquear la llegada de sus funcionarios a dar explicaciones a los cuerpos deliberativos, porque suponen que allí los aguarda un circo montado por la oposición para hacer quedar mal a la gestión y sacar provecho de esa situación. La sospecha no es vana y los intentos de evitar una derrota pública en las comisiones es hasta natural; el problema es que hay que saber ceder a tiempo porque si no el funcionario deberá concurrir de todas maneras y el clima que lo recibirá a esa altura ya será el de una "venganza" política.

Con todo, los Ejecutivos deberían confiar más en sus funcionarios técnicos. Muchas veces los diputados o concejales de la oposición "arman" estas contiendas públicas y sonoras, pero terminan llevándose una sorpresa cuando se enfrentan a un administrador que casi siempre tiene mejores datos o más actualizados sobre el objeto del debate. Pasó en más de una oportunidad -en los tres niveles del Estado- que los que ya se entusiasmaban con un seguro triunfo, terminaron retirándose del recinto con la cabeza gacha y sin los objetivos alcanzados.

Pero el mecanismo es válido y debe ser respetado. Más en este caso puntual que se dio en el Concejo de Rosario, donde los concejales que pidieron entrevistar a la funcionaria se basan en dos duros dictámenes del máximo órgano de contralor que tiene la administración local. Efectivamente, el Tribunal de Cuentas ha disparado en no pocas ocasiones en los últimos años polémicas centrales respecto de la manera de gestionar.

El que calla.

La nueva brutalidad del intendente de Villa Gobernador Gálvez Pedro González ("los delincuentes no son más de 20 o 30, matémoslos a todos"), no merece ni las disculpas que él mismo pidió después. A esta altura González o es un torpe político compulsivo, o un bruto malintencionado que en el fondo sabe lo que hace. Cualquiera sea la situación, lo único que no podía hacer el ministro de Seguridad Raúl Lamberto era escuchar en silencio y resignado la irracionalidad del jefe comunal.

Quienes conocen a Lamberto saben que no adhiere a semejantes postulados, pero a veces un funcionario está obligado a reaccionar a tiempo, en ese mismo instante. Más cuando estaba participando de un acto en el que había policías que estaban escuchando el mensaje brutal. Lamberto ni siquiera hizo declaraciones posteriores a los medios, eligió un tibio comunicado oficial que sólo pudieron ver quienes accedieron a la página de la provincia ya que casi ningún medio se encargó de difundirlo. Es obvio que el ministro está en todo su derecho, pero debe saber que había muchos sectores esperando su reacción ante un claro mensaje que proponía la violación directa de los derechos humanos a través de un Estado que vuelva a matar.

Todas las adhesiones que después tuvieron los improperios del intendente de Villa Gobernador Gálvez en las redes sociales, forman parte de una sociedad mitad envenenada por la violencia y el rencor; y mitad sufriente por los caídos a manos de esa misma inseguridad. Pero González no es un vecino más, González debe entender alguna vez que él representa al Estado como intendente y que como tal tiene deberes y obligaciones que cumplir.

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