La administración local, tan ávida de controles en todas las áreas, no debería dejar pasar el incidente de discriminación que esta semana se dió en la pizzería de Maipú y Córdoba, donde los encargados del lugar impidieron que una pareja invitara a comer a su mesa a un chico de la calle. Sobre todo, teniendo en cuenta la impecable explicación que desde el punto de vista jurídico ha dado el doctor Oscar Blando en este mismo diario. De allí se desprende que el famoso derecho de admisión al que recurren permanentemente los propietarios de locales de este tipo y -sobre todo- de confiterías bailables; no tiene ningún tipo de respaldo ni siquiera en las ordenanzas de la ciudad. Mucho menos, en la Constitución Nacional que viola de manera flagrante.

Para quien no tuvo oportunidad de leer los argumentos de Blando, vale la pena citarlos aquí. "La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación racial incorporada al texto constitucional después de 1994 dice que discrimina quien impida a toda persona 'el derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques'". Y agrega que "no debiera haber confusión: Es claro que un bar o una discoteca es propiedad de sus dueños, pero están proponiendo un actividad pública y sujeto a reglas y normas también públicas como seguridad, higiene, medio ambiente. Tampoco es aceptable el remanido argumento justificatorio de los propietarios que `selecionando' evitan el acceso a quienes están `ebrios' o puedan causar `disturbios'. Para eso, -y para bien o para mal- tienen el Código de Faltas", dice el constitucionalista.

Es más, las ordenanzas indican que ese local podría ser clausurado por la actitud de su dueño. Sería muy sencillo aquí (y la tentación es grande) hacer una comparación entre la dureza que pretende aplicarse a estos locales que no prohíban fumar y a los de este mismo tipo que maltratan y echan a los chicos que entran para conseguir algo de comida o dinero. No hay antecedentes de un bar o disco sancionada por estas actitudes.

Con todo y más allá de los numerosos programas de atención a la niñez carenciada que dispone el gobierno municipal y provincial en la ciudad; es claro que estas acciones de promoción social atacan o tratan de atacar -y es un rasgo positivo-, las causas más profundas del desamparo de los menores. Pero hay un déficit importante a la hora de solucionar coyunturalmente la situación de los chicos en la calle. El aquí y el ahora de los menores que no sólo "vagan" sin destino en busca de limosnas; sino que también se ven obligados a elaborar estrategias de economía informal para su propia subsistencia.

Por eso es que ante estas situaciones aparecen dos tipos de procedimientos sociales: La reprochable y condenable actitud discriminatoria como la que se dió el citado bar, o el voluntarismo paternalista que pretende que la policía levante menores de las calles para alimentarlos en las seccionales y "protegerlos" de los peligros que implica la manera de subsistir que tienen. Aunque esta última aparente una "buena acción", todos los especialistas la han señalado no sólo como un "trabajo" inútil en favor de la niñez desprotegida, sino también perjudicial.

Es necesario comprender que la situación de calle no tiene que ver con padres desaprensivos y menores que inician inevitablemente el camino de la delincuencia. Sino que este paisaje urbano que a algunos desagrada y a otros duele, es parte de una realidad. Y que quizás, las acciones más recomendables tengan que ver con el acompañamiento de los menores en las calles por parte de agentes estatales capacitados para asistirlos ante cualquier riesgo, en alimentación y proporcionarles un lugar de tránsito cercano, algunas horas de ese largo día que viven a la intemperie.

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