La escasez de inspectores dedicados a la policía del trabajo hace que -a nivel nacional- se calcule que cada establecimiento comercial o industrial que tenga empleados puede estar tranquilo durante catorce años hasta que el Ministerio de Trabajo de la Nación se acerque a ver si allí se cumple con la legislación vigente. El cálculo fue realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, y establece que hay un inspector del trabajo por cada 3.500 establecimientos. La situación en la zona de Rosario no es mejor, donde la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santa Fe cuenta con doce inspectores que deben encargarse de supervisar unos 45 mil locales destinados a la producción de bienes y servicios, de acuerdo a los datos del Censo Económico 2005. Es decir, unos 3750 empresas por cada inspector.

Según el Censo Económico del INDEC en la Argentina operan aproximadamente 1,3 millones de establecimientos productivos del sector privado. Desde la perspectiva del control de las normas laborales, se trata de un universo muy grande y disperso de empresas. Por esto, la reducción del empleo "en negro" no sólo depende de mejorar la fiscalización sino también de que el Estado le haga la vida más fácil a los empleadores que cumplen con la legislación. El empleo no registrado en Argentina ha crecido de manera persistente a lo largo del último cuarto de siglo, aunque el incremento se intensificó luego de la crisis del 2002. En la actualidad, excluyendo el sector público, el 49 % de los trabajadores asalariados trabajan "en negro". Las consecuencias económicas y sociales de esta masiva violación de las normas legales son muy negativas. Esto justifica dar una importancia prioritaria a las estrategias que tengan por objetivo incentivar la formalización de las relaciones laborales.

Más allá del rol que le cabe al Estado en el control del cumplimiento de las normas, el análisis efectuado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) -que preside Osvaldo Giordano- destaca que "se trata de evaluar si una estrategia basada exclusivamente en la fiscalización tiene capacidad suficiente como para revertir un problema de la magnitud que el empleo "en negro" tiene en la Argentina". En este sentido, datos provenientes de fuentes oficiales aportan evidencias relevantes a este tema.

El censo económico del INDEC indica que existen cerca de 1,3 millones de locales privados dedicados a algún tipo de explotación económica. Según los datos de AFIP, hay 430 mil empleadores registrados. La diferencia con el Censo se explica porque un mismo empleador puede tener varios locales y porque muchas empresas operan totalmente en la informalidad. El Ministerio de Trabajo informa que cuenta con aproximadamente 350 inspectores laborales y que en 2005 se realizaron 93.759 fiscalizaciones. Aunque existen fiscalizaciones laborales adicionales a las que realiza el Ministerio de Trabajo como, por ejemplo, las que ejecutan algunos sindicatos, la desproporción entre la cantidad de establecimientos que se dedican a algún tipo de explotación económica y la capacidad de fiscalización de las autoridades es muy grande.

Simplificando, los datos indican que el Ministerio de Trabajo cuenta con aproximadamente un inspector por cada 3.500 establecimientos. Esto sugiere que, con la dinámica de fiscalizaciones del año 2005, cada establecimiento podría ser visitado por una inspección del trabajo una vez cada 14 años, en promedio.

La situación no es muy distinta en Rosario, donde el poder de policía del trabajo fue delegado por el Ministerio nacional en la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santa Fe. El delegado de dicha cartera en la ciudad, Hugo Din, indicó a Rosario/12 que cuenta con doce inspectores para cubrir un territorio que incluye cerca de 45 mil establecimientos, según datos del Censo Económico 2005.

"Este plantel no alcanza", reconoció el funcionario, particularmente con la creciente demanda que plantea el auge de rubros demandantes de trabajo, como la construcción, el vestido, el comercio y la alimentación, donde se enseñorea el trabajo en negro. Sin precisar cuántos inspectores más serían necesarios, Din dijo que "debería ser una cantidad importante como para que la batalla que podamos dar contra el empleo no registrado sea total".

Los número muestran que "la fiscalización como herramienta de formalización tiene un potencial acotado", señaló el estudio del IDESA. "Los controles contribuyen a aumentar la percepción de riesgo entre los incumplidores, pero no garantizan que todos los empleadores cumplan con las normas laborales. Esto se acentúa si, además, la mitad del empleo privado es no registrado y se integra mayoritariamente por empleos de muy baja productividad en pequeñas empresas donde la informalidad muchas veces es un acto de supervivencia. No hay dudas que aumentar la cantidad de fiscalizaciones, mejorar su efectividad y establecer buenos mecanismos de auditorias para disminuir las posibilidades de corrupción, constituyen acciones muy importantes desde el punto de vista del rol que tiene que cumplir el Estado", indicó el análisis.

Pero la entidad va más allá al señalar que "estas acciones están condenadas al fracaso si no se complementan con transformaciones orientadas a "hacerle la vida más fácil" a quienes cumplen con las normas. Por eso, tan o más importante que fortalecer la policía del trabajo, es simplificar los trámites administrativos y morigerar la presión impositiva sobre los empleos de baja productividad a través de un mínimo no imponible para las cargas sociales. En el servicio doméstico, por ejemplo, se está apelando a un menú relativamente amplio de acciones para promover la formalización. Los ejes básicos son la simplificación del mecanismo de liquidación y pago de las contribuciones, la reducción del monto de la contribución, la posibilidad de deducir el pago del salario "en blanco" en la declaración del impuesto a las ganancias del empleador y una intensa campaña de concientización sobre la conveniencia de la registración. Pero para el resto de las relaciones de trabajo, el énfasis está puesto de manera casi excluyente sólo en la fiscalización".