Uno de los reclamos más trillados gira en torno a la baja "calidad institucional". Eso se expresa de manera incesante a través de los principales medios de comunicación. En una República que se precie, la acumulación de poder, la diversificación de negocios, y la impunidad con la que se han manejado los grandes grupos mediáticos en la Argentina sería imposible. Lo mismo que la reiteración hasta el hartazgo de imágenes de episodios violentos, como los saqueos de los últimos días, o la propalación de la sedición de grupos armados (en este caso diferentes policías provinciales), multiplicando el clima de sozobra en la población. Eso sí, mucha imagen y poca -o ninguna- condena a la actitud ilegal de las policías y hasta la justificacion de una actitud intolerable bajo la fachada un legítimo reclamo. Sin, embargo desde allí se reclama "calidad institucional", precisamente en las vísperas y hasta en el mismo día del 30 aniversario de la recuperación de la democracia.

En ese marco, los episodios de Santa Fe se ven potenciados por lo que fue el atentado más grave que sufriera un dirigente desde 1983. El ataque a balazos a la casa del gobernador Antonio Bonfatti fue sin dudas un hecho de extrema gravedad. De ello tomó nota el gobierno provincial y también el nacional. A la hora de la nueva crisis de la semana pasada, dejaron de lado diferencias reales y sobre todo chicanas políticas, alimentadas por las necesidades políticas de un candidato prematuro para el 2015, que opina a quemarropa sobre todo pero que curiosamente esta vez se quedó callado. Hermes Binner se limitó a firmar un tibio comunicado, a pararse a unos metros del gobernador en Casa de Gobierno, y a levantar las cejas cuando se le pedía opinión. Nada distinto a lo que hicieron -o mejor dicho dejaron de hacer- otros "precandidatos" que ven una cámara y opinan del Fútbol para Todos, de las patillas de Axel Kicillof o de cualquier cosa que les permita "lucirse" en televisión. Salvo algunas contadas excepciones, el "dream team" de candidatos para el 2015 se quedó calladito, por miedo, o por conveniencia, o por lo que fuere. Varios de ellos, tal el caso de Mauricio Macri o Elisa Carrió, que llaman a la policía cuando hay un piquete de trabajadores o corte de calles de estudiantes, esta vez no dijeron nada.

En Santa Fe, la dirigencia no trepidó y en su gran mayoría no solo brindó su apoyo al Gobierno -que hizo más de una propuesta y negoció- aún cuestionando algún procedimiento y hasta el funcionamiento de la cartera de seguridad. Actuaron enérgicamente, no navegaron a dos aguas. Así, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, fue uno de los primeros en salir a condenar la bravata policial, el intendente radical de Santa Fe, José Corral hizo lo propio. El senador Armando Traferri -presidente de la comisión de seguridad- participó de las reuniones. Y así el arco político en general. Con la evidente ausencia del PRO, ya sea Miguel del Sel o sus referentes municipales, que parecían más ocupados en arrebatar la presidencia del Concejo de Rosario que en repudiar la coacción armada de la policía. No sorprende, pero molesta.

La inmediata respuesta del Gobierno nacional, con el viceministro Sergio Berni a la cabeza, que llegó a Rosario con miles de efectivos de Gendarmería y Prefectura, le dio al gobierno provincial el plafón necesario para pasar de una negociación infructuosa a un diálogo al que se agregaron los referentes de la Igesia Católica, en especial monseñor José María Arancedo, a quien se le reconoce su participación. Después de tres ofertas -y viendo que en Buenos Aires el gobernador Daniel Scioli le advirtió a la policia que los 8570 pesos que pasarían a cobrar no era "una oferta, sino una decisión"-, Bonfatti hizo lo propio a través de ministro de Gobierno Ruben Galassi, que cargó sobre su espalda el peso de tratar con los policías y sus representantes.

Se firmó el decreto -que abre la puerta a los reclamos de los demás agentes públicos- y se pasó a la instancia siguiente: la continuidad del vínculo entre fuerzas de seguridad y gobierno.

En ese sentido, es esencial que se depure la fuerza, a partir del control político, y que se restituya el principio de ejemplaridad. Para eso, los jefes deben presentar sus declaraciones juradas, no dejar lugar a sospechas, o dejar sus lugares. Y una vez más aparece el tema de la calidad institucional, que no se reduce a la clase política, sino principalmente al Poder Judicial. Hay actitudes de displicencia tan peligrosa para el funcionamiento de la sociedad como la misma corrupción policial. Expedientes anestesiados en despachos judiciales hace años. Causas recientes que entran a laberintos en los que se diluyen, falta de compromiso de magistrados que "no quieren problemas" y que esperan que no les toque en turno o si les toca, que pase el tiempo.

Afortunadamente, desde la Procuración se ha instruido a los fiscales, y se dan señales inequívocas de querer investigar y castigar. Eso construye calidad institucional.

En cuanto a la conducción política, hay muchas cosas que corregir, sobre todo profundizar. Es un terreno opinable. Desde el gobierno no hay señales de autocrítica -puertas adentro se han hecho- porque suponen que sería una muestra de debilidad. Desde la oposición, se objetan algunos procedimientos y falta de profesionalismo en la cartera.

Esto es lógico, y está dentro de las reglas de juego. Mas aún, es lo que se premia o se castiga con el voto. Pero para eso es necesario el estado de derecho, que se vio amenazado en los últimos dias, y que permitió ver quién es quién, cuáles son sus convicciones, y en algunos casos también cómo fueron arrasadas por sus conveniencias.