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Si un problema no se reconoce es imposible solucionarlo. Las declaraciones del ministro de Seguridad Raúl Lamberto diciendo que se garantizó la seguridad en "hechos importantes", por no haberse producido ningún homicidio durante los saqueos, el conflicto policial y la realización del rally Dakar, resultan una tomada de pelo. Mientras decía esto, el primer mes del año terminaba con 32 homicidios, un 39 por ciento más que en enero del 2013.

Pero esto no fue todo. En la misma entrevista sostuvo como característica común de los homicidios, la condición de ser "crímenes interpersonales". Es decir, "disputas entre vecinos, familiares, personas que se conocen entre sí", a modo de quitar la responsabilidad del Estado y la ineficacia de una política de seguridad pública, bajo el reiterado estigma, que afirma la idea de una cultura violenta en las zonas periféricas, que los llevaría a resolver sus peleas mediante el ejercicio de la violencia, haciendo casi imposible su prevención.

Y para rematarla, defendió que "la policía es más confiable hoy que en otros tiempos" y "bastante diferente a la que había tiempo atrás". Cuando no hace falta mucha estadística para comprobar el desprestigio que hoy tiene la fuerza entra los vecinos de la ciudad y la provincia.

Ahora bien, como sostuvimos al principio: Si no hay un reconocimiento del problema, este tipo de desvaríos son casi inevitable. Cuando el primer paso no está dado, todo lo que se viene después no son más que palabras, puestas en escena o fotos para los medios, tratando de tapar el sol con las manos y justificar lo injustificable.

En nuestra ciudad, las causas de la violencia tienen como fondo el crecimiento exponencial del narcotráfico en los últimos años. Basta con ver cómo la curva en brutal ascenso de la tasa de homicidios marcha de la mano con la expansión y penetración del narcotráfico en el territorio de la ciudad.

Y la realidad del narcotráfico se inscribe sobre dos planos entrelazados. En primer lugar, un plano policial﷓judicial. Sin la connivencia con una policía que no tiene conducción política y la impunidad que garantiza el poder judicial, nunca hubiese sido posible semejante expansión del narcotráfico. La implicación estructural con la policía y el poder judicial, permitieron su formación, reproducción y ampliación. De otro modo, no habría forma de explicar cómo circulan y se blanquean los dos mil millones de pesos que mueve por año el narcotráfico en nuestra ciudad.

Por el otro, un plano social﷓cultural. El saldo de un Estado municipal que marchó, en todos estos años, detrás de la especulación inmobiliaria en detrimento del derecho de todos a vivir dignamente en la ciudad, con una ausencia de propuestas de integración y proyección juvenil, no dejó otra salida para muchos jóvenes de los barrios más humildes que el delito y el narcotráfico, como posibilidad de subsistencia, pero también como lugar de reconocimiento, identidad y respeto, frente a un proyecto de ciudad que los niega e invisibiliza.

Si por acá pasa la punta del ovillo, y se encara con decisión política, más encaminados vamos a estar para empezar a dar respuestas a una sociedad que las espera y necesita, y, por supuesto, otras serán las declaraciones que escuchemos de los funcionarios responsables de la seguridad pública de la provincia.

(*) Foro Rosario para Todos.