La intendenta Mónica Fein tiene trazadas dos estrategias separadas para dar las batallas de fin de año ante un Concejo Municipal que le acaba de demostrar su grado de oposición, al insistir con mayoría especial y rechazarle el veto a la nueva manera de designar jueces de Faltas. Por un lado, sabe que siempre es un costo político alto votar en contra de un presupuesto, por más que ese cálculo de gastos contenga como en este caso un incremento de la Tasa General de Inmuebles del 78,5 por ciento. Y por otro lado, no desconoce que tendrá que contar con distintos aliados para la otra votación que le interesa al Ejecutivo: el incremento del boleto del transporte urbano de pasajeros para seguir sosteniendo un sistema cada vez más amenazado por el proceso inflacionario y el incremento de costos.

El 78,5 por ciento de aumento en la TGI -el famoso kilo de yerba que calculó la intendenta- no sale ni regalando un pasaje a Disneylandia a cada concejal. Quizás por eso se pidió una cifra tan elevada, para facilitar la postura de algunos concejales opositores que después puedan argumentar que bajaron razonablemente las pretensiones del Ejecutivo y que cuidaron el bolsillo de los rosarinos. En síntesis, muchos ediles van a ponderar que sea el gobierno local el que pague el costo político de aprobar un aumento impositivo en la previa de un año electoral.

El anhelo del gobierno de la ciudad es llegar a cubrir con recaudación propia más del 90 por ciento del ABL. Es decir, el alumbrado, el barrido y la limpieza. Actualmente sólo cubre el 85 por ciento de la higiene urbana. Pero además, si pasa determinados porcentajes, Rosario puede recuperar algo de los más de 65 millones de pesos que actualmente pierde de coparticipación provincial, al no alcanzar determinadas metas de recaudación tributaria local.

La idea del Ejecutivo es que casi el 71 por ciento de los rosarinos que hoy paga 100 pesos de Tasa, pase a pagar 180. Bueno quizás no se llegue, pero 160 o 165 sería un cambio impactante si se tiene en cuenta que en el último aumento sólo se consiguió un 19 por ciento.

En ese marco, el Ejecutivo salió a responder a través de uno o dos representantes el sonoro rechazo de los concejales al veto de Fein sobre la designación de jueces de Faltas a través de concursos. "Nosotros pensamos lo mismo, estamos de acuerdo con que se designen por concurso, pero no con quitarle la facultad de designación al intendente, que es lo que fija la ley orgánica de Municipios y Comunas", dijo el concejal Manuel Sciutto más para dar por concluido el episodio -al menos en su capítulo político, después vendrá la etapa judicial- que para seguir la pelea a través de los medios y amplificar así lo que la oposición considera como una derrota política inflingida a la intendenta, que es -además- candidata a la reelección.

El oficialismo cuenta con una llave de negociación fundamental: la apertura de listas de candidatos a concejales del año próximo. Algunos rebeldes del Frente Progresista comienzan a darse cuenta en los primeros muestreos locales de sus verdaderas posibilidades y de lo duro que es estar afuera de un aparato protector que dé confianza, impulso y recursos para afrontar una campaña que será larguísima y abarcará gran parte del año que ya se viene. La intemperie nunca ha sido fácil y siempre están las tentaciones. Es decir, más allá de los que ya son jugadísimos opositores internos del Frente que gobierna, hay mucho terreno fértil como para que crezcan las posibilidades de que el Ejecutivo consiga lo que está buscando dentro del Palacio Vasallo.

2.200 millones en juego.

Esa es la cifra a la que trepó la necesidad de endeudamiento de la provincia de Santa Fe cuando comenzó a ser negociada en la poderosa Cámara de Senadores de la provincia. En rigor, Bonfatti sólo pidió autorización por 985 millones de pesos para grandes obras de infraestructura, pero los senadores pidieron incorporar obras para cada uno de sus departamentos y generosamente le sumaron en una sola tarde 1.215 millones de pesos. Esa diferencia es la que, piensan muchos, les permitirá ser reelectos en cada uno de sus territorios.

El sistema de representación territorial es tan desigual y poderoso que muchos de los senadores provinciales pueden llegar en una campaña larga a saludar o hablar personalmente con la mayor parte de sus electores. Hay una anédocta que pinta cabalmente a la política del Senado provincial. Un legislador que tiene muchos votantes en su departamento y que no tiene gas natural decidió comprarse un camioncito y hacer reparto de garrafas gratuitas que, en muchas ocasiones, él mismo lleva a los hogares. Cada banca del Senado es interpretada por muchos como una pyme en la que hay que invertir para después ganar en la continuidad de los mandatos, independientemente de lo que suceda con los avatares políticos de su propio partido en otras categorías.

El Ejecutivo provincial ha usufructuado de esta situación hasta los extremos. Pero en Diputados la cosa es más política, la atomización del peronismo, más aguda; y las posibilidades de negociación son más acotadas. Por eso la Cámara baja le rechazó este incremento desorbitante en el endeudamiento que compromete a futuras administraciones. De todas maneras el expediente regresó al Senado que, al ser Cámara de origen, tiene la posibilidad de insistir y dejar en firme su versión del endeudamiento y sus conveniencias.

En muchas ocasiones los diputados provinciales del peronismo han intentado "encuadrar" a los senadores de su partido. Todo ha sido en vano. Ante la ausencia de un líder partidario natural, en el peronismo cada cual atiende su juego. Y los senadores son Maradona con espacio para negociar y aprovechar cada una de las oportunidades que se presentan. Este sistema político que le ha permitido a Bonfatti avanzar con el mapa inédito de una Legislatura mayoritariamente adversa, ha sido también un costo político muy alto para las chances generales del propio peronismo. Pero cuando la fiesta está en su apogeo nadie quiere ser el señale los platos rotos.

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