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En Santa Fe, desde el fin de la última dictadura militar las instituciones han sufrido importantes cambios, aún con sus claros y oscuros, y avanzado hacia lo que exige un sistema democrático. Algunas han logrado llevar adelante esa transformación con mayor celeridad mientras que otras, fundamentales para la vida de los ciudadanos, se resisten a las ideas renovadoras y a la modificación de ciertas estructuras. Este es el caso del Poder Judicial.

"La corporación judicial", como la ha llamado la Presidenta, pretende mantener ese lugar tradicional de privilegio que reniega de las concepciones democráticas. El no pago del impuesto a las ganancias, la falta de sistemas de rendición de cuentas, la distribución a dedo de cargos muy bien remunerados y la permanente incorporación de familiares, son algunos de los mecanismos que permiten perpetuar esta situación y conspiran contra su transparencia y acercamiento a la sociedad.

Desde la Legislatura y desde el gobierno de Santa Fe, hemos intentado democratizar este poder estatal. Con este objetivo votamos una serie de leyes -el Código Procesal Penal, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de la Defensa Penal- y designamos una cantidad de funcionarios y magistrados a través de la realización de concursos de capacidad. Sin embargo, todo esto parece ser insuficiente. Y, de hecho, hoy conviven dos esquemas paralelos. El que viene siendo impulsado por el gobierno y que es defendido tanto por legisladores oficialistas como de la oposición y el que sobrevive desde la época del Terrorismo de Estado.

Este viejo sistema es el que llevó a la firma del acuerdo con la banda Los Monos para lograr un juicio abreviado. Este pacto secreto y espurio, expresión de un sistema judicial anacrónico y perimido, que genera el rechazo social, quiere ser aprovechado por algunos dirigentes políticos de bajo vuelo para golpear al gobierno. Nosotros no convalidamos el acuerdo llevado adelante por fiscales y jueces del viejo sistema, no queremos que se perdonen homicidios, bajen penas, ni que la justicia federal mire para el costado. Pretendemos lograr un debate amplio y transparente, de cara a la sociedad y que los magistrados que intervienen en este tipo de causas se hagan cargo y asuman su responsabilidad. Porque, como todo santafesino, queremos vivir en paz, con seguridad y que se respeten los Derechos Humanos, y para eso necesitamos un sistema judicial cada vez más democrático.

* Diputada Provincial. Partido SI.