La Cámara de Diputados aprobó mi proyecto de declaración que manifiesta el rechazo a la nota editorial del diario El Litoral de Santa Fe, publicada el 9 de diciembre pasado, bajo el título "Derecho, no venganza", que pretende instalar la falsa idea en la sociedad de que los juicios que se llevan adelante en la Justicia Federal por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar carecen de las garantías procesales constitucionales y que las sentencias están fundadas en la venganza y no ajustadas a derecho.

La aparición de dicha editorial, cuyos datos son falaces o han sido tergiversados, y que se suma a la publicada por el diario La Nación con el mismo tenor el 23 de noviembre de este año, se da un contexto político muy particular que está signado por el cambio de gobierno a nivel nacional. Es muy claro que este tipo de notas no aparecen por casualidad en este momento, sino que buscan aprovechar las condiciones que genera la asunción del nuevo gobierno. Son fruto de personajes oportunistas y medios de comunicación afines que buscan confundir a la población con planteos falsos como el de presentar las condenas a los responsables de delitos de lesa humanidad como consecuencia de la venganza y no de la justicia.

En ambos casos, los trabajadores de prensa de los respectivos diarios se manifestaron en contra de la posición editorial asumida por sus empleadores dando muestra de su vocación democrática y compromiso con la lucha por los derechos humanos.

La nota de El Litoral comienza afirmando de manera capciosa y mal intencionada que: "Desde 2005 a la fecha ha habido 2.200 imputados por crímenes de lesa humanidad. El 90 por ciento de las sentencias fueron condenatorias", cuando en realidad, según el Cels, entre 2006 y septiembre de 2014 fueron condenadas 503 personas y 42 fueron absueltas. Asimismo, antes de llegar al debate oral, los jueces resolvieron la falta de mérito de 112 imputados y sobreseyeron a 54. Es decir que el 30 por ciento de los imputados fue sobreseído, absuelto o se le dictó falta de mérito.

Aunque ya es por todos conocido que no hubo un sólo hecho de venganza o de, la mal llamada, "justicia por mano propia" en contra de un genocida que haya involucrado a una víctima del terrorismo del estado o algunos de sus familiares, estas últimas publicaciones merecen recordarlo. Siempre el reclamo de las organizaciones de derechos humanos fue justicia y condena para aquellos que desaparecieron, asesinaron, torturaron, violaron y se apropiaron de niños, entre otros crímenes, durante el pasado periodo dictatorial y para sus cómplices civiles.

De hecho, ha sido un largo comino el que se ha recorrido hasta lograr finalmente que se avance en las causas y se concreten los juicios de lesa humanidad y aún falta mucho por hacer.

No sorprende que los defensores de los procesados estén pidiendo postergaciones en los juicios con el argumento de que la asunción del nuevo gobierno 'exige analizar cómo se continúa'. Se está especulando para ver si se puede retroceder en las conquistas que se han obtenido en materia de derechos humanos. Así ocurrió en el proceso que se está llevando a cabo en Mendoza y que involucra, entre otros acusados, a los ex jueces Luis Miret y Otilio Romano, integrantes del sistema judicial de la dictadura.

Exigimos que el Ejecutivo nacional se comprometa con el proceso de Verdad y Justicia como política de Estado y reafirme la obligación de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares. No queremos volver atrás, queremos vivir en paz, con justicia y sin venganza.

*diputada provincial del Partido SI (Solidaridad e Igualdad) y presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y el Caribe.