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Al cumplirse cuarenta años del golpe cívico militar que interrumpió la democracia en nuestro país y produjo un verdadero genocidio, Abogados Unidos adhirió a la marcha convocada por los organismos de Derechos Humanos en Plaza San Martín y hacia el Monumento Nacional a la Bandera.

Como siempre recordamos a todos y cada uno de los treinta mil detenidos desaparecidos y a todos los abogados y abogadas que fueron víctimas por ejercer su profesión en el amplio espectro de la defensa de los Derechos Humanos y por la vigencia del Estado de Derecho. A todos los colegas que fueron amenazados, perseguidos, discriminados, despedidos, detenidos, torturados, enfermados, escarnecidos, exiliados internos y externos, secuestrados, asesinados, desaparecidos por el Terrorismo de Estado.

Por otra parte, es también una oportunidad para resaltar la labor de los abogados patrocinantes de las querellas en causas de lesa humanidad.

Con la guía del destacado papel jugado por las Madres, Abuelas, Familiares y otros organismos de derechos humanos resistiendo el Terrorismo de Estado, siempre luchando contra la impunidad, es a partir de 2003 en que se logra avanzar en la positiva (mundialmente ejemplar) investigación, enjuiciamiento y condena relacionadas con los delitos de lesa humanidad cometidos durante y en los prolegómenos de la instauración de la dictadura en 1976. Pero ello, con participación judicial imprescindible, en el panorama general es mérito fundamental de la resolución de los poderes populares que acabaron con las leyes de obediencia debida y punto final y crearon las condiciones para apoyar esa tarea.

En este sentido, ante los despidos y el vaciamiento producido por el gobierno nacional, reclamamos al mismo que se sostengan todas las agencias y dispositivos necesarios para apoyar los juicios por delitos de lesa humanidad. Asimismo, instamos al gobierno provincial a que continúe y profundice los apoyos necesarios en el ámbito de nuestra provincia.

Además, como bien han expresado los organismos de derechos humanos, el avance de las investigaciones sobre la responsabilidad de los sectores civiles en el plan sistemático de desaparición y exterminio también requiere una participación activa del Poder Ejecutivo Nacional que le de continuidad a las investigaciones iniciadas. También es necesario el compromiso de los legisladores de la alianza gobernante para la puesta en marcha de la "Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia". En nuestra provincia, que el Senado convierta en ley el proyecto que cuenta con la sanción de diputados.

También sostenemos que la puesta en vigencia del "Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas" pone en riesgo aspectos esenciales de la democracia y su aplicación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión. Por ello, solicitamos su derogación lisa y llana.

Finalmente, observamos numerosa cantidad de despidos en el Estado y la "imitación" en el ámbito privado, una brutal transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía, represión y violencia institucional creciente que, desde ya, pone en riesgo los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Por todo ello, exigimos la aplicación efectiva de políticas de Memoria, Verdad y Justicia y que se garantice la plena vigencia de los derechos humanos.

*Vocal. Director Colegio de Abogados de Rosario por Abogados Unidos.